De 42 millones de pesos que representa el gasto total en salud en Argentina, un 25% pertenece a las Obras Sociales (que cubren a un 39% de la población), otro 7% corresponde al PAMI (que atiende a un 8%), mientras que la medicina pre paga representa un 11% del gasto (atendiendo un 8% de la población). Sin embargo, la inmensa mayoría (45% de la población) compuesta por los sectores más pobre, por los millones de trabajadores precarizados que no cuentan con obra social y trabajadores desocupados deben conformarse con un modesto 24% de los fondos del Sistema, que financian a los 1500 hospitales y 6000 unidades sanitarias públicas, completamente desmanteladas, sin insumos ni personal, vaciados y privatizados muchos de sus servicios. El restante 33% del gasto lo realizan de su propio bolsillo los pacientes.
A su vez, los precios de los medicamentos siguen aumentando (un 20,5% en el último año) y los laboratorios farmacéuticos incrementaron su facturación de 4 a 6 mil millones de pesos a partir del 2002. El plan Remediar del gobierno y su “ministro progresista” Ginés Gonzalez García ha significado un enorme negocio para la industria farmacéutica que sólo en el último período (enero-julio 2006) incrementó sus ventas en un 18%. Los 10 principales laboratorios concentran el 50% de las ventas, un verdadero monopolio que lucra con la salud de los trabajadores y el pueblo, amparado en la legislación vigente (Ley de patentes) y el desfinanciamiento a la producción estatal de genéricos.

El Francés... por miles
En este marco, la crisis en que los empresarios hundieron al Hospital Francés, con la completa complicidad del gobierno, es parte de un profundo proceso que se vio agudizado desde el 2001 a esta parte. El conjunto de los trabajadores de la sanidad, debe enfrentar esta situación que cuenta con la complicidad de ATSA, el principal gremio del sector, encabezado por la burocracia de West Ocampo y Susana Rueda. En los últimos 10 años sólo en la provincia de Bs. As. cerraron sus puertas más de 160 clínicas y sanatorios privados, llevando a miles de trabajadores a la desocupación.
Mediante todo tipo de maniobras de vaciamiento, amparados en la Ley de “Emergencia Sanitaria” que el gobierno prorroga desde hace 4 años, estas entidades de salud aseguran sus ganancias dejando de pagar las cargas patronales en concepto de seguridad social a los trabajadores y evadiendo impuestos por más de mil millones de pesos, ya que esta Ley de emergencia impide que sufran embargos por parte de la AFIP y justifica toda política de “achique y racionalización”, es decir despidos y vaciamiento. La mercantilización de la salud adquiere en este sector todo su esplendor: los criterios científicos, sanitarios y laborales son reemplazados por los criterios del mercado.
El 52% de las clínicas del país mantiene una deuda impositiva que supera los mil millones de pesos. Confeclisa (organismo que nueclea a las patronales de las clínicas y sanatorios privados) amenaza con una cierre generalizado, de 600 de los 1.200 sanatorios y clínicas de todo el país, para reclamar al gobierno un plan de salvataje con mayores ventajas impositivas y reducciones fiscales. Cadime (la otra cámara empresarial) viene reclamando al Estado subsidios por 1200 millones de pesos.
El gobierno siempre dispuesto a “ayudar” reconoció en boca del superintendente de Servicios de Salud que “es una postura evidente de este gobierno mejorar el retraso sectorial”. Y prometió un proyecto de Ley que fije plazos de pago de hasta treinta años, la actualización de los aranceles y el estudio de medidas impositivas que favorezcan al sector.
Al igual que ayer lo hizo la Clínica Junín de Córdoba, y al igual que hoy está planteado en el Hospital Francés, los trabajadores de la salud debemos enfrentar esta voracidad patronal, planteando ante cada clínica que cierre o despida, la necesidad de su estatización bajo control de los trabajadores y usuarios, para poner la tecnología, insumos y el conocimiento y esfuerzo de los trabajadores al servicio de una salud de calidad para el conjunto del pueblo trabajador.