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La clase obrera ante el bicentenario

La clase trabajadora ante el bicentenario

Es toda una metáfora de nuestra historia que el gobierno “nacional y popular” de los Kirchner se apresta a celebrar el bicentenario con un nuevo negociado con los “fondos buitres” y los bancos tenedores de bonos, utilizando las reservas para garantizar el pago. Sus opositores parlamentarios son tanto o más entreguistas.

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13 de mayo 2010

La clase trabajadora ante el bicentenario

Es toda una metáfora de nuestra historia que el gobierno que “nacional y popular” de los Kirchner se apresta a celebrar el bicentenario de la revolución de mayo con un nuevo negociado con los “fondos buitres” y los bancos tenedores de los bonos de la deuda argentina que había sido declarada en default en el 2002, utilizando las reservas para garantizar el pago de la deuda. Sus opositores parlamentarios, el llamado “Grupo A”, son tanto o más entreguistas. Una clara muestra que la clase dominante nativa, más allá de su retórica, ha sido y es incapaz de garantizar una existencia nacional independiente de los dictados del capital imperialista. Como ocurre en todo país semicolonial como el nuestro, es la clase obrera la única que, encabezando al conjunto de los sectores oprimidos y explotados, puede terminar verdaderamente con la dependencia respecto del imperialismo.

Como es sabido, el 25 de mayo de 1810, los criollos depusieron al virrey Cisneros y lo reemplazaron por la “Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del Señor Don Fernando VII” (conocida como Primera Junta), encabezada por Cornelio Saavedra como presidente. Mariano Moreno, aunque inicialmente era tan sólo uno de los secretarios de la misma, junto con Juan José Paso, se transformó rápidamente en el hombre más destacado de la junta revolucionaria: va a ser el redactor del famoso “Plan de Operaciones”, que fue identificado por el monarca Fernando VII, luego de ser repuesto en el trono, como el “plan de la revolución de América”. El Plan, entre sus medidas más radicales, incluía la idea de poner la iniciativa estatal en el centro de la acción política para, desarrollando las industrias, la agricultura, etc., crear una más sólida base de sustentación del nuevo Estado, contrapesando en parte el peso preponderante de las mercancías inglesas, y llamaba a insurreccionar la campiña de la Banda Oriental proponiendo contactarse a Artigas para impulsar tal propósito. Como señalábamos en un artículo, el Plan era “todo lo ‘nacional’ que podía ser sin apoyarse en una clase nacional, en un contexto donde las masas populares constituían la base plebeya de todos los cuerpos militares pero carecían de un programa distinto del de sus comandantes, caudillos y dirigentes” (Juan Dal Maso, Los mitos de la colonización y la revolución de Mayo, Lucha de Clases N° 5).

El poder de la nueva Junta fue inmediatamente desafiado por los funcionarios reales y la elite peninsular de todo el Virreinato, que comenzaron la organización de las fuerzas contrarrevolucionarias. Para sostenerse en el poder, y bajo el impulso de Moreno, la Junta debió golpear rápidamente: el ex virrey Liniers y quienes se le habían sumado en defensa del poder realista en Córdoba fueron fusilados por las tropas enviadas desde Buenos Aires al mando de Juan José Castelli (que con Mariano Moreno expresaban al ala “jacobina” de la junta de Mayo), que siguieron viaje rumbo al Alto Perú. Belgrano, por su parte, encabezaría poco después la campaña militar al litoral y al Paraguay. Se desarrollaba así un proceso que culminaría en una guerra anticolonial triunfante y en la independencia de los territorios del entonces Virreinato del Río de La Plata respecto del imperio español.

Desde 1808, España se encontraba ocupada por los ejércitos franceses de Napoleón, que habían obligado a abdicar del trono a Fernando VII, cuestión central para comprender por qué poco después los vientos de rebelión se desplegaron casi al unísono en los distintos territorios que componían la América hispana. Para ese entonces, en Buenos Aires había ya sectores que, expresando principalmente los intereses de los comerciantes y hacendados locales, y animados por el papel de las milicias y la población local en la derrota de las invasiones inglesas, se planteaban lograr mayor autonomía política y, coincidiendo con los intereses de los comerciantes británicos, cuestionaban el monopolio comercial español, que beneficiaba a los funcionarios de la corona en detrimento de sectores de la elite criolla. Sin embargo, cuando ocurrieron los hechos de mayo eran una pequeña minoría los que planteaban que el proceso debía llevar a la declaración de la independencia. De ahí que la Junta toma el poder en “nombre de Fernando VII”, cuestión que si bien para algunos era una “mascarada”, como señalaría Moreno, para otros era su posición real.

Aunque para ganar la guerra contra España los independentistas se vieron obligados a realizar acciones propias de toda revolución (como las represalias económicas, políticas y militares contra los contrarrevolucionarios), el ala “jacobina” de la revolución de Mayo fue rápidamente desalojada del centro de la escena. Los gobiernos que se sucedieron en Buenos Aires compartieron una orientación social conservadora y la hostilidad contra Artigas (quien entre otros aspectos planteó un programa agrario progresivo para su tiempo), a cuyos delegados excluyeron tanto de la Asamblea del año 13 como del Congreso Constituyente de Tucumán en 1816. Este último, si bien finalmente declaró la independencia contra los sectores que vacilaban ante tal decisión, lo hizo a partir de delegados predominantemente digitados por la oligarquía porteña y en condiciones que implicaban un claro enfrentamiento contra la Liga de los Pueblos Libres, el bloque de provincias que encabezaba el caudillo oriental (que llegó a abarcar la Banda Oriental , Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba). En este punto el mismo San Martín, el gran estratega militar de la guerra de la independencia, coincidía con Pueyrredón (con quien tenía fuertes roces por la negativa de aquel a utilizar la fuerza militar a su mando para los enfrentamientos internos) en presentar a Artigas como un peligro.

Pese a los planteos “americanistas” de algunos de los líderes de las guerras de la independencia latinoamericana (como los mismos Bolívar y San Martín), la derrota de los españoles no dio lugar a la unificación política de América Latina sino a su fragmentación en veinte estados diferentes. Sólo del Virreynato del Río de La Plata surgieron finalmente cuatro estados: Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay.

En el plano local, no existía una burguesía de envergadura nacional, sino que las distintas fracciones en que se dividía entonces la elite criolla expresaban intereses divergentes, que dieron lugar a un período de duras guerras civiles, con una gran influencia desde un comienzo de la potencia comercial de la época, Gran Bretaña.

Todas las fracciones de la burguesía local compartían la incapacidad para encabezar un desarrollo nacional independiente. Por un lado, estaba la burguesía comercial porteña, base de lo que luego se constituiría en el partido unitario, muy ligada a los comerciantes británicos, que buscaba transformar a la nación en un gran mercado para las importaciones europeas, fundamentalmente británicas. Por otro, los estancieros bonaerenses, que también estaban ligados al mercado mundial vía la exportación de carne y cuero, que era el producto central de la explotación ganadera antes del desarrollo de los modernos frigoríficos, a comienzos del siglo XX. Este sector no tenía mayor interés en la unificación nacional, buscaba esencialmente “tranquiidad” para poder ampliar sus negocios en las ricas tierras bonaerenses. Estaban también sectores que expresaban los intereses de las economías de distintas regiones del interior del país, basados en una industria artesanal de tipo pre capitalista, fuertemente afectada por la apertura a las mercaderías inglesas que se introducían por el puerto de Buenos Aires. Por su parte, las masas explotadas, aunque nunca lograron en este período constituir una expresión independiente de las fracciones dominantes, expresaron en distintas ocasiones demandas propias. Sin tener en cuenta esta intervención fragmentada, episódica y limitada de los sectores explotados de la época (a quienes la historia liberal borró del pasado y la revisionista sólo presenta como mera masa de maniobra de fracciones de la clase dominante) no se puede, sin embargo, comprender el derrotero de la historia nacional. El choque de estos intereses de clase es la base para comprender los enfrentamientos internos que se sucedieron durante y luego de concluida la guerra contra España y proclamada la independencia en 1816. Estas confrontaciones pegarán un salto en 1820, con la caída del poder central, cuando se inicia un período de sesenta años de enfrentamientos políticos entre diversas regiones y fracciones burguesas.

Las elites locales se preocuparon de acaparar para sí el principal medio de producción existente en el territorio local, la tierra, sojuzgando al gaucho y al indio, a la vez que reemplazaron rápidamente la dominación política española por la dominación económica británica, algo que alentaron tanto el unitario Rivadavia como el federal Rosas, mostrando que el primero no era la continuidad de Moreno (como sostiene el mito liberal) ni el segundo de Artigas (como plantea el mito revisionista). Esta dominación británica se dio no sólo en el terreno comercial sino también en el financiero -especialmente entre las décadas de 1820 y 1830, cuando los capitales británicos fluyeron hacia esta parte del globo- y tuvo un ejemplo paradigmático en el primer empréstito contraído por el Estado argentino con la famosa banca Baring Brothers en 1824. Del millón de libras acordado sólo ingresaron al país 560.000 que recién terminaron de pagarse... ¡en 1904!, a pesar de haberse abonado ocho veces el importe recibido. Fue parte de un paquete de diez empréstitos por más de 20 millones de libras que capitales británicos realizaron en las nuevas repúblicas hispanoamericanas, todos en condiciones similares a las mencionadas.

Tanto Rivadavia como Rosas también favorecieron la concentración de la propiedad de la tierra. Entre 1822 y 1830, bajo la ley de enfiteusis de Rivadavia, sólo 538 propietarios obtuvieron en usufructo nada menos que 8.600.000 hectáreas de propiedad pública (que a su vez eran garantía de pago a los acreedores externos), a cambio de tan sólo 5.008 pesos. Una década después, la continuidad de esta política por parte de Rosas -él mismo un importante estanciero- había llevado a que 825 latifundistas poseyeran más de 52.000 millas de tierras, o sea más del doble de la superficie total de Gran Bretaña. Unitarios y federales disputaban por el control de la aduana y por la mayor o menor supremacía política que se ejercería desde la ciudad de Buenos Aires hacia el resto del país, aunque lejos estaban de formar partidos homogéneos. Los federales, que contaban con el apoyo popular mayoritario, eran un bloque de distintas tendencias, de los cuales Rosas expresaba su sector más reaccionario, los grandes estancieros bonaerenses. Su alianza con los estancieros del litoral y con diversos caudillos del interior no le impidió, sin embargo, mantener el control de la Aduana en beneficio de los estancieros bonaerenses y los comerciantes porteños. Quien finalmente lo derrocó en la batalla de Caseros, Urquiza, era un antiguo aliado suyo que expresaba los intereses de los estancieros del litoral. A su vez, antiguos rosistas se unieron a sus enemigos unitarios, como los seguidores de Mitre, en el levantamiento porteño del 11 de septiembre de 1852, que dividió al Estado de Buenos Aires de la Confederación Argentina hasta que la victoria en la batalla de Pavón en septiembre de 1861 le permitió al bloque entre la burguesía comercial porteña y los estancieros bonaerenses lograr la primacía nacional, imponiendo en los meses posteriores gobernadores adictos a sangre y fuego y creando así las condiciones para que Mitre (el responsable de la participación argentina en la “guerra de la triple infamia” contra Paraguay) sea electo presidente en octubre de 1862. Esta primacía de la oligarquía porteña se mantendría en los gobiernos posteriores, aún en los que se caracterizaron por incorporar al gobierno central personal político proveniente de las oligarquías del interior, como fue el caso de Roca. Este inicia su gobierno con la promulgación de la federalización de la ciudad de Buenos Aires y la Aduana (una ley votada en la presidencia de Avellaneda), cuando la oligarquía bonaerense acepta finalmente desprenderse de su control exclusivo. Pero lo hace tan sólo después de haber derrotado a las oligarquías del interior e impuesto su hegemonía nacional. Roca es también quien mediante la realización de un verdadero genocidio contra los pueblos originarios del centro y sur pampeano y de la región patagónica, en la denominada “Campaña del Desierto”, permitió el fortalecimiento de la propiedad terrateniente. Al final de la misma, en 1885, el Estado había entregado a sólo 541 particulares ¡4.750.471 hectáreas! Antes, Nicolás Avellaneda, que estuvo en la presidencia de la nación entre 1874 y 1880, había pronunciado una frase que haría escuela: “Hay dos millones de argentinos que ahorrarán hasta sobre su hambre y sed para responder, en una situación suprema, a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros”.

Para fines del siglo XIX, a los sectores dominantes se agregó la presencia directa del capital imperialista, que penetró la economía nacional tanto en los servicios, los transportes (como el ferrocarril), la agricultura y la ganadería y la industria, particularmente la frigorífica, agregándose así a la participación histórica que tenía en el área comercial. En particular, el sucesor de Roca en la presidencia de la nación, Miguel Juárez Celman, que llegó al poder en un fraude de proporciones mayúsculas, se caracterizó por el entreguismo total de los ferrocarriles: un año antes de comenzar su gobierno, en 1885, el 45% del capital total ferroviario pertenecía a líneas estatales -en parte nacional y en parte provinciales; para 1890 esa presencia era sólo del 10% del capital total…

Juárez Celman debió renunciar en agosto de 1890 luego de la fallida “revolución del Parque”, encabezada por Leandro N. Alem y la recientemente fundada Unión Cívica, en un año también caracterizado por la crisis económica y el crecimiento de las huelgas obreras. Si bien la Unión Cívica estaba apoyada por sectores burgueses relegados por el “unicato” juarista, ganaría crecientemente el apoyo en sectores de las clases medias que habían ganado peso social, pero encontraban vedada su presencia política por el carácter fraudulento y restrictivo del aparato de Estado de la oligarquía.

Con la consolidación del Estado nacional y el pase del capitalismo a su fase imperialista, empieza a delinearse en el país el enfrentamiento central que cruza a las formaciones sociales latinoamericanas -y más en general a todos los Estados coloniales y semicoloniales-, el que se da entre el capital imperialista y la clase obrera, con la burguesía nativa actuando generalmente como socia menor del imperialismo, aunque en ocasiones deba apoyarse en las masas explotadas para regatear las condiciones de su subordinación.

El bloque dominante entre la oligarquía local y el capital imperialista es el que “celebró” el centenario en 1910, bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta. Para la clase trabajadora, que había incrementado sus filas producto del desarrollo capitalista dependiente ocurrido con el “modelo agroexportador”, no había entonces mucho que celebrar, al igual que ocurre en nuestros días.

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