Desde la agrupación de mujeres Pan y Rosas repudiamos una vez más la complicidad de este sistema de Salud y de Justicia, que nuevamente niega su derecho a un aborto no punible, a practicarse en el ámbito público, para interrumpir el embarazo en curso. Nos hicimos presentes la mañana del martes 29 junto a otras organizaciones de mujeres, políticas y sociales en la concentración que se realizó en la Casa de la provincia de Buenos Aires.

En este caso se evidencian una vez más la responsabilidad de las autoridades médicas, del Hospital Mariano y Luciano de la Vega del Municipio de Moreno, la doctora asociada Mariana Dunayevich y el director Rubén Rossi, quienes declararon que no iban a realizar el aborto violando las leyes vigentes sobre abortos no punibles. El Código Penal de la Nación establece que los ABORTOS NO PUNIBLES son un derecho innegable y que la objeción de conciencia, que es personal, de ningún modo puede ser una objeción institucional. Mientras la Justicia se toma su tiempo y la denuncia hace un mes se encuentra olvidada en el cajón de una comisaría, el abusador se encuentra en libertad y la única respuesta que reciben la niña y su madre es la negación de sus derechos.

En esta acción hicimos responsable al gobierno de Scioli de la salud física y psicológica de la niña y exigimos que se garantizara su derecho a un aborto no punible como lo contempla la ley. Y como parte de esta denuncia fue aprobado el día miércoles en la sesión de la Legislatura bonaerense, a partir de un proyecto presentado por la banca del Frente de Izquierda, un pedido de informe al Ministerio de Salud por el incumplimiento del protocolo de aborto no punible.

A la vez que nos seguimos organizando para conquistar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, denunciamos el entramado de complicidades y responsabilidades que existen entre el poder político, la Justicia, la Iglesia y las fuerzas de seguridad, que día a día son los que violan los derechos de las mujeres impidiendo la sanción del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, garantizando el negocio de las redes de trata y prostitución, condenando a la opresión y explotación a miles de mujeres.
La misma alianza que entre la Iglesia y el Estado impide que se sancione nuestro derecho al aborto legal seguro y gratuito, es la que una vez más se interpone en la vida de las mujeres, aun cuando esta garantizado legalmente el aborto no punible en este caso.

Tal como lo denunció el diputado del FIT Nicolás del Caño semanas atrás, cuando se presentó por quinta vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo: "todo el arco político de diputados, ya sean oficialistas u opositores que hoy apoyan el proyecto dando su firma, pertenecen a su vez a fuerzas políticas que garantizaron durante años que el proyecto se cajonee y que sean miles las mujeres que continúan muriendo por abortos clandestinos".

Pongamos en pie un gran movimiento de mujeres que se ponga a la cabeza de pelear hasta conquistar nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.