Desde el pasado viernes 2/7, más de 5.000 trabajadores del banano de Bocas Fruit Company, a los que se les unieron los maestros, obreros de la construcción, pueblos indígenas y pobladores de Changuinola, además de trabajadores de otras explotaciones bananeras de Bocas del Toro, desarrollaron una huelga por la derogación de la Ley 30 durante 10 días con grandes acciones combativas. Lo que empezó como un paro de 48 horas, se extendió en una huelga indefinida, transformándose en una verdadera rebelión que ya marca una página en la historia de las luchas de los trabajadores agrícolas panameños. También luchaban contra la negativa de la empresa a descontar la cuota sindical y por la retención de la quincena que les corresponde a los trabajadores, al mismo tiempo que se sumaban a las protestas que se desarrollan a nivel nacional.

La huelga de las bananeras ha sido la explosión máxima de una oleada de manifestaciones y luchas parciales contra la reaccionaria Ley 30. Esta ley, cuyo argumento publicado era desarrollar la aviación comercial, en verdad incluía un paquete de medidas antipopulares y de ataque a los trabajadores y sus organizaciones sindicales, además del aumento de la represión a cualquier lucha o huelga obrera. Entre sus “perlas” contiene un instrumento legal que permite a los empresarios sustituir a los trabajadores en caso de huelga, mientras ordena la suspensión de los trabajadores que apoyen una huelga aunque ellos no sean parte de la misma. Al mismo tiempo, establece que ningún policía puede ser procesado o encarcelado en caso de asesinato durante manifestaciones o cualquier lucha callejera. Hay que recordar que ya el 13/4, Martinelli había sancionado la famosa Ley 14 o Ley “Carcelazo”, que establece hasta 2 años de prisión para quienes bloqueen calles y avenidas.

Un acuerdo precario en Bocas del Toro en medio de luchas obreras y populares

A 10 días de lucha en Changuinola, se había llegado a un acuerdo entre los obreros de las bananeras y el gobierno de Martinelli. Durante estos días se habían desarrollado cruentos enfrentamientos y batallas campales, con un saldo de 9 muertos y miles de heridos (aunque el gobierno sólo reconoce 2 personas muertas), cientos de trabajadores encarcelados, personas desaparecidas y, según reportes médicos, un centenar de trabajadores que perdieron sus ojos por balazos de perdigones. Luego de las batallas obreras del jueves 8/7, y del viernes y sábado siguientes, la Policía Nacional continuaba deteniendo el domingo 11/7 a huelguistas heridos que se encontraban en la calle, así como a los indígenas heridos que habían participado días antes en los enfrentamientos, mientras se suponía se estaban desarrollando negociaciones con el gobierno.

En el acuerdo, el gobierno se “comprometió a suspender” -mediante otra ley- los efectos de 3 artículos (12, 13 y 14) de la también llamada “Ley 9 en 1”, que regulan los temas laborales. El acuerdo establece que la suspensión se mantendrá por 90 días, período “en el que deberá realizarse un diálogo nacional que permita el logro de un acuerdo final” según los voceros del gobierno. También se acordó la liberación de los detenidos en Bocas del Toro, con la promesa de que no serían procesados ni sancionados. Pero la situación sigue candente, y no está dicho que la situación de rebeldía tienda a una baja, tal como se ha expresado en la jornada de la huelga nacional del martes.

Acosado por una oleada de luchas en todo el país y la rebelión de Bocas del Toro en estado de alerta, el gobierno de Martinelli ha buscado un respiro con el acuerdo, pero se trata de una maniobra más para lograr tiempo. Es que la rebelión en que está inmersa la región bananera amenazaba con extenderse a otras provincias, y si bien se ha llegado al temporal acuerdo en Changuinola, las organizaciones sindicales, políticas y ambientales nacionales, mantuvieron el llamado al paro nacional que se realizara el martes13/7.

Los obreros de la construcción: otro sector ofensivo en la lucha

Otra de las luchas obreras importantes es la de los trabajadores de la construcción en el Canal de Panamá. En las obras de ampliación del canal, a cargo de un consorcio integrado por empresas españolas, italianas y panameñas, más de 1.500 trabajadores se han declarado en huelga indefinida, paralizando la zona del Gatún en el Atlántico panameño. Los trabajadores exigen condiciones de trabajo dignas, el cumplimiento de los acuerdos en materia de cuota sindical pactados en la Convención Colectiva y la derogatoria de la Ley 30. Martinelli ha respondido violentamente a esta lucha: dirigentes del Sindicato Unico de los Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), en ambos lados del proyecto de ampliación del Canal, han sido arrestados, deteniendo al mismo tiempo a 40 trabajadores, a quienes mantienen en el cuartel de Colón, se ha sitiado el área de la ampliación para evitar que el apoyo de otros trabajadores, y los dirigentes sindicales lleguen al lugar.
A la represión de estas luchas se han sumado las órdenes de detención de decenas de dirigentes obreros y sindicales SUNTRACS en diversos puntos del país, así como también de importantes personalidades que se vienen oponiendo a estos proyectos del gobierno en la zona del Canal y otras partes del país, como la ecologista de la provincia de Chiriquí Yaritza Espinoza, y del activista político y profesor universitario Juan Jované que se refugia en la Universidad de Panamá (la principal universidad pública que se ha sumado a las protestas).

La ofensiva y represión del gobierno de Martinelli contra los obreros de la construcción en la zona del Canal, a quienes se acusa incluso de “atentar contra la seguridad del Estado”, tiene que ver con la importancia estratégica que tiene el Canal de Panamá. Están en juego los intereses imperialistas, tanto norteamericanos como de otras potencias. Por eso no es casualidad el reforzamiento de las bases militares en la región centroamericana, el nuevo despliegue de la IV Flota y la injerencia de naves de guerra y tropas en Costa Rica, y el conjunto de los ejercicios militares que anima EE.UU. en la zona, con el pretexto de “proteger el canal de amenazas terroristas”. Es que Panamá está en el centro de las discusiones y forcejeos “geopolíticos” en la subregión del Istmo.

El paro nacional del 13 de julio recalentó la situación

El paro nacional del martes 13/7 tuvo un alto acatamiento, según las federaciones y organizaciones sindicales y demás organizaciones populares que lo han secundado. Aunque al cierre de este artículo aún no hay evaluaciones completas, lo que sí es claro es que la huelga nacional tuvo un claro impacto como paro militante en todo el sector de la construcción, el sector educativo, la Universidad de Panamá, y los trabajadores de las plantaciones bananeras del oeste del país, donde el acatamiento alcanzó el 80%. Durante la jornada, los obreros de la construcción realizaron piquetes en distintos puntos de la ciudad capital. Si bien no hubo grandes disturbios en la capital y ciudades importantes del país, que llevó al gobierno a hablar del “desarrollo pacífico y sin incidentes” del paro, la verdad es que esta relativa calma se asento en las fuertes amenazas represivas con cárceles de 2 años para quienes cerraran las avenidas, y la orden de captura contra los principales dirigentes sindicales convocantes del paro, fundamentalmente los del sector de la construcción.

Luego del día de protestas nacionales, las organizaciones sindicales acordaron jornadas de manifestaciones para la semana en curso, y el sábado 17/7 se realizará un nuevo encuentro donde evaluarían la posibilidad de un próximo paro general. Aunque será necesario seguir evaluando la dinámica de la situación, la verdad es que el gobierno de Martinelli se encuentra en una ofensiva contra los trabajadores y el pueblo, como lo expresan las leyes reaccionarias que intenta imponer, enfrentando, eso sí, una fuerte resistencia obrera y popular que es posible que pueda transformarse en contraofensiva si hay una política ofensiva de los sindicatos para derrotar los planes de Martinelli, en el camino que han venido marcando los trabajadores de Changuinola.

Es por eso que las luchas que libran los trabajadores y el pueblo de Panamá contra la ofensiva antiobrera del gobierno de Ricardo Martinelli deben ser rodeadas de la más amplia solidaridad, y es clave la centralización de todas las luchas y que se prepare un gran paro nacional contra los planes de ajuste, las medidas represivas y el conjunto de las leyes antiobreras y antipopulares del gobierno de Martinelli. Abajo la Ley 30 y demás leyes antipopulares. Basta de represión a los trabajadores, trabajadoras y organizaciones obreras, sindicales y populares de Panamá. Libertad inmediata de todos los dirigentes detenidos y basta de persecución a los trabajadores por luchar. Cárcel para los asesinos de los obreros de Changuinola. Por el derecho de los trabajadores a crear comités de autodefensa frente a la represión policial. Para parar los planes de Ricardo Martinelli es necesario preparar una verdadera huelga general. Viva la lucha de los trabajadores de Panamá.