Por orden judicial, unos 200 policías obligaron a desocupar el edificio de San Cristóbal. Al rato, el mismo juez dio la orden de que la Policía se retirara. Y los obreros de la fábrica volvieron a sus puestos.


Recién amanecía cuando las puertas de Brukman —una empresa de confecciones textiles que desde hace 11 meses está tomada por los trabajadores— se abrieron de par en par. La Policía llegó con la orden de desalojar el edificio, tomar su posesión, secuestrar documentación y dejar una guardia policial. Cumplieron con todas esas órdenes y, además, detuvieron a 6 trabajadores y una nena que estaban de guardia en el lugar. Cuatro horas después, de manera totalmente imprevista, todos los policías se fueron y los trabajadores volvieron a ocupar el edificio.
Poco después de que empezara el operativo de desalojo, en las afueras de la empresa —queda en avenida Jujuy 554, barrio de San Cristóbal— ya había más de 200 personas solidarizándose con los trabajadores: había vecinos, activistas de asambleas barriales y militantes de partidos políticos y de centros estudiantiles. Mientras veían cómo la Guardia de Infantería y otras divisiones de la Policía se retiraban —en total hubo cerca de 200 policías—, los trabajadores dijeron: "Se van porque saben que íbamos a defender nuestros puestos de trabajo por más violenta que fuera la represión".
De acuerdo con una alta fuente de la Policía Federal, eso habría sido justamente lo que sucedió. "El juez Raúl Irigoyen primero nos dio la orden de desalojar el edificio y después, cuando vio que podía haber resistencia, nos ordenó que nos retiráramos". La misma fuente agregó: "El juez debería haber evaluado antes la posibilidad de que surgiera un conflicto. No quiso ir a la confrontación y así dejó pagando a la Policía".
Brukman supo ser una gran empresa de confección de trajes, blazers y pantalones de hombres, que en su época de esplendor llegó a elaborar 200 prendas por día. El 18 de diciembre del año pasado, los dueños decidieron cerrar la fábrica: entraron en concurso preventivo y echaron a los 115 trabajadores. Pero parte de los trabajadores se opusieron: ocuparon el edificio y lograron mantener la empresa a flote.
Ahora, la empresa confecciona unos 100 trajes por semana. Con eso alcanza para que cada uno de los trabajadores gane un sueldo de 600 pesos por mes, se hagan todos los aportes y que estén al día con todas las empresas de servicios.
No les va mejor, dijeron, porque trabajan a media máquina. "Faltan más trabajadores y necesitaríamos más dinero para pagar los insumos que nos hacen falta. Por eso, hasta ahora sólo conseguimos confeccionar semanalmente poco trajes", explicó la trabajadora Celia Martínez.
La orden de desalojo fue del juez en lo Criminal N° 10 Raúl Irigoyen. "En ese Juzgado se tramitaba una causa por la usurpación del edificio que estaba archivada desde marzo pasado", explicaron Ivana del Bianco y Mariana Salomón, abogadas de los trabajadores. Clarín intentó ayer comunicarse con el juez, pero fue imposible.
El operativo de desalojo se inició a las 6.40 de ayer. Adentro de la planta —es un edificio de seis pisos— dormían dos hombres, cuatro mujeres y la hija de una de ellas. Desde que tomó el control de la empresa, un grupo de trabajadores acostumbra dormir ahí: "Es para estar de guardia y evitar que nos desalojen", dijo el operario Sergio Cárdenas.
Esos seis trabajadores nada pudieron hacer para evitar el desalojo. Es más: fueron detenidos y acusados de "usurpación". Fue una trabajadora que llegó a las 7 para hacer un relevo en la guardia la que dio aviso del operativo. Una hora después, ya toda la cuadra estaba repleta de gente.
Finalmente, a las 10.40 el juez Irigoyen dio la orden de que la Policía se retirara. E inmediatamente los trabajadores volvieron a ocupar el edificio. Un rato después, fueron liberados los detenidos.