El 7 de agosto de 2003 el presidente Kirchner decía: “A mí no me va a temblar el pulso para firmar las extradiciones”, en referencia a los pedidos de países europeos para juzgar allí a los represores argentinos. Refleja Página/12: “Así lo afirmó Kirchner ante la Comisión Provincial por la Memoria… se comprometió a abrir los archivos de la dictadura y a trabajar a favor del desprocesamiento de los presos sociales”. 20 días después su bloque, buscando ganar el favor de los organismos de derechos humanos que junto a la izquierda venían luchando por este reclamo, votaba la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final teniendo como uno de los objetivos, evitar esas extradiciones. Y, en cambio, a los 4.000 procesados por luchar se le sumaron presos políticos.

Los registros de la represión
Entre aquellos “compromisos incumplidos” se encuentra la apertura de los archivos de la represión que por años los organismos de derechos humanos venimos exigiendo. Se sabe, que existen distintos archivos que dan cuenta de todo lo actuado durante la dictadura. Además están los propios archivos de organismos como la SIDE, como se demuestra con la aparición de la “carpeta” de Juanjo Alvarez.
En ocasiones, casi de casualidad, la existencia de estos archivos ha ido ganando certeza. Algunos ejemplos son muy recientes.
En Formosa, a principio de año, la justicia federal allanó en forma simultánea todas las fuerzas de seguridad y militares y secuestró copiosa y valiosa documentación. Recientemente aparecieron en La Plata 1.500 legajos de la tenebrosa Unidad 9 y también este año por un llamado anónimo se hallaron archivos en Devoto (sobre la ESMA). En el 2003, en un galpón de Punta Alta que está a nombre de una sociedad anónima de propiedad de una hija del Tigre Acosta y de Radice, aparecieron objetos y hasta fotos de los represores.
Y hay casos en que son utilizados esos archivos como forma de amenaza. Antonio Mario Sasso y Norma Alicia Schipani eran militantes y fueron secuestrados en 1979 en Mar del Plata, con otros miembros del PST que continúan desaparecidos. Hace un mes, después de que sus hijos realizaran un trámite secreto en la Secretaría de Derechos Humanos, alguien pasó por debajo de la puerta de la casa de uno de ellos el DNI de la Norma, su mamá.

¿Por qué las víctimas deben identificar a los represores?
Por estos días, desde los más altos niveles del gobierno, mientras no dejan de “embarrar la cancha” sobre los motivos de la desaparición de Julio López, se muestran compungidos por su desaparición y, como queriendo destacar la fortaleza de Julio, dicen que se arriesgó identificando a sus torturadores.
Lo que omiten estos funcionarios del Estado, es que la identificación de los genocidas sigue estando a cargo de las víctimas porque desde el Estado no se ha hecho nada para la identificación de los represores. Cuestión que en la Argentina es sumamente sencilla, pues no existió un aparato “paralelo” de represión sino que fueron las propias fuerzas regulares, armadas y de seguridad, las que perpetraron el genocidio.
Por ese motivo, señalamos la hipocresía estatal, que mientras se niega a identificar a los genocidas, cuyo listado no se animaron a publicar ni la OEA en 1979 ni la CONADEP, pretende cubrise con la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos como querellante en las causas, cuestión que cuestionamos ya que el Estado no es “víctima”. Tales listas exigimos que sean publicadas inmediatamente.
Los archivos de la represión nunca aparecieron por varios motivos. Uno de ellos y no poco importante es que en todos los gobiernos constitucionales posteriores siguieron usando esos datos como base para los espionajes actuales, como se demostró hace muy poco con el caso de la red de espionaje político llevada a cabo en la base Almirante Zar de Trelew. Así también, en el juicio a Etchecolatz un agente de la DIPBA testimonió que al “disolverse” ese organismo (recién) en 1998, los agentes que venían de la dictadura “fueron reubicados”. 
Por todo lo que venimos diciendo, vemos que la consigna de apertura de los archivos sigue teniendo máxima actualidad. Como ejemplo más importante: continúan apropiados más de 500 jóvenes, hijos de desaparecidos; esos archivos podrían brindar enormes datos para terminar con ese secuestro que continúa al día de hoy.
Serviría también para que rápidamente sean identificados miles de represores y sus cómplices, lugares de detención clandestina, etc. 
Tenemos que exigir la entrega ya mismo en cada una de las 959 causas abiertas, el listado completo de todos aquellos que fueron parte de las fuerzas armadas y de seguridad. Que el gobierno no lo haya hecho hasta el momento muestra que su acción se limita a discursos para la tribuna.
Nosotros, a la par que reclamamos la apertura de los archivos de la represión y la entrega de todos los nombres de los represores, seguiremos peleando por la cárcel a todos los genocidas y que sean castigados por todos los compañeros, por eso, como lo hemos anunciado desde que obtuvimos la sentencia condenatoria por genocidio en el juicio contra Etchecolatz, estaremos en los próximos días presentando en las causas abiertas la exigencia que se llame a indagatoria a todos los implicados, pero no ya por delitos comunes, sino por genocidio.