Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
4 de abril de 2020

La Verdad Obrera N° 443

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Jujuy, hasta que pase el temblor

08 Sep 2011   |   comentarios

El estallido de la crisis habitacional en Jujuy es canalizado, por ahora, con un mecanismo diferente al pacto de Macri y Cristina en Soldati, donde la Gendarmería y los punteros despejaron las tierras del Indoamericano. La diferencia con Soldati es que en Ledesma fue derrotado el intento de desalojo con 7 horas de resistencia, y luego de ello se dispararon las tomas en Libertador y distintos puntos de la provincia. El gobernador Barrionuevo, el postulante K Fellner y todas las fracciones del peronismo suspendieron pronto sus internas (las postergaron) para dar una respuesta. En la Legislatura votaron la expropiación (compra con concesiones, en realidad) de 40 hectáreas a la empresa Ledesma y, fundamentalmente, lanzaron el plan “un lote para cada familia jujeña que lo necesite”, abriendo el registro masivo de familias sin vivienda ante la inminencia de las elecciones, sin dar mas precisiones ni de ubicación de lotes (no viviendas) ni de plazos de entrega. La Tupac Amaru aceptó el plan y llamó a levantar las ocupaciones una vez censados sus ocupantes, como lo pide el oficialismo. Pero su gran influencia no convenció, sin embargo, a una franja de miles de familias que aún permanecen en tomas en la zona tabacalera de Perico, en puntos de la capital como en el barrio Los Perales con el protagonismo de sectores docentes y hasta en los márgenes de la propia Alto Comedero donde el movimiento de Milagro Sala tiene su mayor fuerza en cooperativas de construcción. En especial, alrededor de 1.500 familias siguen ocupando en Ledesma que fue el epicentro del levantamiento que hizo retroceder la represión policial. La CCC, que conduce a la mitad de ellas en el asentamiento “El Triángulo”, ha dicho que el plan oficial es un producto de la lucha y que, manteniendo las tomas, se impondrán las condiciones de los ocupantes.
 

Impunidad a plena luz

 El rasgo común con el Indoamericano es que los asesinatos de los tres manifestantes en la represión siguen impunes. Los asesinos de Juan Velázquez, trabajador municipal, del joven Ariel Farfán y del obrero rural Félix Reyes, siguen sin castigo. La empresa de Blaquier está directamente implicada, aportando logística y personal de seguridad privada a la policía provincial. Esta vez fue sin “Apagón” y a plena luz del día. Solo hay dos detenidos, pero son los manifestantes Tapia y Claros, acusados de haber disparado contra la policía. El escándalo es mayúsculo: al frente de la causa que “investiga” los crímenes al pueblo está el juez Jorge Samman, justamente quien dio la orden de desalojo pedida por los Blaquier que desencadenó la represión y las muertes la mañana del 28 de julio.

El pasado jueves 1 de setiembre en Libertador Gral. San Martín marcharon pidiendo justicia más de 1.000 manifestantes y familiares de las víctimas con velas. Pero los grandes medios de la Capital cubren todo con un manto de silencio. Esto es reconocido por los cientos de estudiantes que firman el petitorio contra la impunidad impulsado por la Juventud del PTS en las facultades de San Salvador: “está muy bien porque de esto nadie habla más”. La promesa del plan de “lotes para todos” es la careta “bondadosa” que busca encubrir del verdadero rostro del Estado provincial contra los que se levantan por su vivienda. Es sabido que Don Blaquier, luego de haber motorizado el secuestro y la desaparición de trabajadores en el Apagón del ‘76, en el año ‘79 concretó la donación de las tierras que hoy forman parte del Parque Nacional Calilegua (en agradecimiento a la dictadura y para congraciarse, de paso, con la opinión pública). ¿Estará pensando, ahora, tirar el lastre de las 40 hectáreas a cambio, otra vez, de impunidad? Por lo pronto, el segundo jefe de la UIA, el “Management” de Ledesma Nicholson se mostró junto al resto de los industriales y a la presidenta, muy sonriente, en Técnopolis.

La campaña del PTS y el Frente de Izquierda

 El plan de contingencia del oficialismo ante el temblor que provocó en el régimen la emergencia de la lucha por la tierra y la vivienda, y el intento de sellar la impunidad para los Blaquier y el gobierno de Barrionuevo, cuenta con un peronismo fortalecido políticamente después del 14 de agosto. Además, en los últimos 8 meses las arcas de la provincia han incrementado su ingreso en un 34% más que en el 2010, en especial por el peso de los impuestos coparticipables como el proveniente de las exportaciones de la soja. El triunfo electoral oficialista de agosto abrió una disputa por la propia capital jujeña, San Salvador, cuya intendencia está en manos del radicalismo y el kirchnerismo se siente fuerte para ganar, rompiendo el esquema donde se asienta el bipartidismo provincial. La UCR intenta sortear los escollos legales para postergar las municipales para el 20 de noviembre, y despegarlas de un seguro triunfo de CFK y Fellner. Hasta en estas peleas por arriba, la jerga política jujeña incorpora la imagen de lo abunda en un primer plano del paisaje: “los radicales están apuntalando el rancho”.
 
En este marco de fortaleza oficial y de contención de las aspiraciones de las masas con promesas, el PTS viene participando en la lucha en Ledesma exigiendo la libertad de los detenidos, la cárcel a los asesinos y una asamblea unificada de delegados de los asentamientos. El Frente de Izquierda emitió un primer comunicado del candidato a gobernador por el PTS, Alejandro Vilca, trabajador municipal y delegado de base del SEOM de Alto Comedero, que señala como eje de la campaña el apoyo a la lucha por la vivienda y la denuncia contra la impunidad. “Vamos con la compañera Grabriela Arroyo del PO como candidata a diputada provincial, Mario Leguiza como diputado nacional y Eduardo Martínez del PTS, ex papelero de Ledesma, como senador nacional. Mi postulación en el Frente de Izquierda, luego de superar el intento de silenciarnos con más del 3% de los votos en Jujuy, es porque hace falta decir lo que todos callan: un trabajador municipal, Juan Velázquez, fue uno de los tres manifestantes solidarios asesinados en Libertador General San Martín y esas muertes siguen impunes. Vamos a luchar por el castigo a todos los culpables, empezando por la empresa de los Blaquier hasta los responsables políticos del gobierno”.

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