Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
7 de diciembre de 2019

La Verdad Obrera N° 387

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MEDIA SANCION DE LA NORMA DE PROTECCIÓN DE GLACIARES

Hecha la ley, guarda con las trampas…

12 Aug 2010   |   comentarios

Tras semanas de idas y vueltas, alianzas cruzadas y complejidades técnicas, Diputados dio media sanción a la Ley de protección de glaciares. Ahora la norma irá al Senado, donde las modificaciones no pueden ser descartadas. La ley, como expresó Aníbal Fernández, es un tanto molesta para el gobierno y “acarreará complicaciones a las provincias”. Ambos son socios de las empresas imperialistas e impulsores de la minería a cielo abierto, días atrás prohibida en la Comunidad Europea.

La sesión arrancó a partir del artículo 6 (los cinco primeros ya habían sido aprobados), y luego votaron sin debate los comprendidos entre el 7 y 17. La oposición, a través de la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica y Proyecto Sur, se impuso al FPV kirchnerista y PRO, que coincidieron en el cuestionamiento de las “actividades prohibidas” (como ser la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias) y votaron por la negativa de forma conjunta.

Los glaciares y el área periglacial están asociados

La norma aprobada fue consensuada entre el diputado M. Bonasso y el senador D. Filmus y busca “establecer (según su artículo primero) los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos (…)”.
A la vez (y quizás como anticipo del debate en senadores), los diputados kirchneristas de las provincias mineras como Catamarca, La Rioja y San Juan cuestionaron el concepto y alcance del área periglacial. No sorprende: están estrechamente asociados como ecosistema, y el espacio periglacial ocupa casi la sexta parte del territorio de montaña. “La ambigüedad del término periglacial -expresó Federico Pinedo del PRO, desde la derecha neoliberal- me asusta, ya que puede impedir el desarrollo empresario en casi toda la cordillera de los Andes”.

Las provincias ya tienen sus propias leyes

Sin embargo, a pesar de sus quejas y los saludos que recibirá la “ley de glaciares”, ésta no aborda el problema de fondo, que implican las formas de producción altamente contaminantes como la minería a cielo abierto, que escaso trabajo crea y mucho refuerza la entrega de los recursos al capital imperialista.

Tal vez por ello estemos asistiendo a una “maniobra de distracción” o bien a un “gesto testimonial”. Hace un par de semanas, al regreso de Cristina Kirchner de Canadá y tras haberse reunido con José Luis Gioia y la Barrick Gold en Toronto, las legislaturas provinciales de San Juan, La Rioja, Jujuy y Salta votaron sus propias leyes de protección de glaciares. Quizás -en este marco- tomen sentido las promesas de Cristina de no vetar la ley. Estas normas (ya promulgadas) aseguran en manos provinciales el poder de policía y tienden a obviar los preceptos votados ayer en Buenos Aires.

“Los glaciares -expresaba el bloque justicialista en La Rioja- constituyen bienes de carácter público y su dominio corresponde al Estado provincial como titular de los recursos”. Las leyes menemistas de los `90, vigentes y coleando, concedieron a las provincias los recursos. La derogación del código minero tanto como las leyes cipayas neoliberales están a la orden del día. La nacionalización de los recursos naturales y la propiedad del suelo deben pasar a manos del Estado nacional.

El agua vale más que el oro

La centro izquierda de Proyecto Sur, que suele intervenir en el Congreso en defensa de los ambientalistas, pero deja en manos de las legislaturas provinciales la aplicación de las normas, nada propuso para que la lucha de los asambleistas contra la contaminación ambiental se transforme en control directo del pueblo y ejerzan una participación activa en el inventario y/o estudios de impacto.

En tal- sentido, horas antes, Javier Rodríguez Pardo, ambientalista de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), escribía: “la ley, cualquiera sea, contará con las organizaciones populares en constante vigilia. Las que se quiere inhabilitar por ausencia de pergaminos y porque para los pueblos todo cuerpo de hielo es agua y no conciben su destrucción para obtener oro. El pueblo aprendió a no defender áreas sino a proteger ecosistemas (…). Estas asambleas comunales temen que cualquiera sea la ley sancionada legitime una actividad extractiva imposible de ser controlada. Saben también que una buena protección legal de glaciares requiere de otras leyes mineras que detengan a las corporaciones, porque la legislación actual, entrega el patrimonio, destruye territorios, desplaza poblaciones originarias, hace insostenible el futuro y sepulta a las economías regionales”.

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