Mientras la dispersa oposición política, desde los radicales hasta De Narváez y Macri, concurren al “diálogo” convocado por los Kirchner -por la propia conveniencia de mantener la gobernabilidad hasta el 2011 y poder rearmarse como alternativa de recambio que hoy no son-, las patronales buscan imponer un paso más rápido, apuradas por sus necesidades corporativas.

La Mesa de Enlace agraria mostró su prepotencia de grandes patrones desde la Asamblea de la Rural intentando dictarle la agenda al Congreso para bajar las retenciones, no sólo al gobierno sino a la misma oposición de quienes, dijo Biolcatti, “parece que no se dieron cuenta” del resultado electoral. Se sienten los únicos genuinos ganadores del 28J: “la primera batalla a los Kirchner ya se la ganamos en la calle, después en el Congreso y ahora en las urnas”, declaró el jefe de la Sociedad Rural. Pero el nivel de rebaja en las retenciones que pretenden los empresarios del campo, más de 3000 millones de dólares, significaría, además del golpe económico para la recaudación fiscal, que el gobierno quede contra las cuerdas. Por ello, todo el arco político y mediático que viene sosteniendo la “patriada” agraria, salió a desmarcarse de semejante embestida de quienes son los que ahora buscan “poner de rodillas” al adversario y llegaron a vivar a Martínez de Hoz en el predio de Palermo.

El mismo problema se les presenta a las patronales de la industria que también presionan fuertemente a un gobierno en crisis completa. Se reunieron en Córdoba en el Coloquio de la UIA junto a la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que conduce el dueño de Arcor, Luis Pagani, los Rocca de Techint y agrupa a más de 50 dueños y principales ejecutivos de las grandes empresas de todas las ramas. Allí se manifestaron de común acuerdo con el pliego de 12 puntos que emitió la AEA semanas atrás, lo que todos consideran “una declaración de principios”: baja de las retenciones a las exportaciones, volver a los “precios relativos del 2003” (devaluación), rechazo a toda la injerencia estatal en las empresas, vuelta al FMI y ajuste fiscal, y postergación de los reclamos salariales. Saben, de todos modos, que esto significa el “programa máximo” de las necesidades patronales que se ven limitadas por un gobierno débil para aplicar un ataque frontal a la clase trabajadora, pero declaran que al menos ”algunos sean tomados en cuenta y se empiecen a resolver antes del cambio de diciembre en el Congreso”.

Relación de fuerzas

Todo esto habla de la verdadera relación de fuerzas que se le presenta a un gobierno en la cornisa y a las aspiraciones de la clase dominante. El grueso de las clases medias fueron arrastradas a la derecha por el bloque agrario tras la idea de que se detenía el progreso de los años de crecimiento económico porque el gobierno, por “hacer caja”, les impedía seguir ganando (algo que las patronales utilizan para oponerse a toda injerencia estatal sobre las rentas capitalistas). Pero esto no significa que ya sean la base social para volver a adoptar el programa neoliberal del tipo de los 90, como también se demostró en plena campaña electoral ante las declaraciones abiertamente privatistas de Macri rechazadas por la mayoría de la población. Y fundamentalmente en la clase trabajadora, con la crisis abierta en el peronismo bonaerense y la división de la burocracia sindical de la CGT, crece el descontento por el salario y la inestabilidad laboral. Cualquier ataque directo de magnitud, como pretenden los capitalistas, que signifique un retroceso abrupto de lo conquistado puede llevar a una rebelión generalizada.

El engaño como política de Estado

En este panorama, el gobierno presenta como un gran logro el magro aumento al salario mínimo. Por sobre todo, pretende trasmitir una idea política engañosa: ante las amenazas de los ataques abiertos, es por la vía de las negociaciones entre las cámaras patronales y los dirigentes de las centrales que se puede lograr, como dijo el Ministro Tomada, “un consenso favorable” a los trabajadores. Pero las migajas concedidas en el Consejo del Salario, avaladas por las centrales sindicales, es todo lo que las patronales están dispuestas a dar. Es la cobertura para ir a la mesa del Consejo Económico y Social donde se discutirá enteramente la agenda de necesidades de los capitalistas. Tanto es así que en la disputa previa al acuerdo, llegaron a plantear que no podía haber “un salario mínimo unificado” para todo el país sino que había que adaptarlo a las necesidades de cada sector empresarios y región (para medir la magnitud del ataque que proyectan, esto es algo sugestivamente parecido a uno de los motivos que desencadenó el Cordobazo: las quitas zonales sobre el salario). Luego de conceder en la negociación, Héctor Méndez de la UIA recibió al jefe de Gabinete para pedir que el gobierno los retribuya con exenciones impositivas en aquellas provincias donde “los empresarios no pueden hacer frente a los costos”, como piden los empresarios de Corrientes o del Noroeste, a pesar de los 87 mil millones que el Estado destina a subsidios estatales de todo tipo a los capitalistas del transporte, la industria y el campo.

Así, mientras los de arriba preparan programas para la guerra, las direcciones de la CGT y la CTA pretenden resolverlo con negociaciones en el Consejo Económico y Social convocado por el gobierno, y manteniendo una precaria “paz social” que los capitalistas romperán de todos modos.

Hay que preparar una lucha política nacional

Por el contrario, para los millones de estatales, docentes y municipales, la lucha por el salario significará enfrentar los ajustes de los gobernadores que en las provincias que presentan déficit fiscales buscarán descargarlos sobre los trabajadores. como ya mostró la rebelión de los municipales de Córdoba enfrentando la represión. En el caso de los trabajadores industriales significa enfrentar la intransigencia de las patronales como pasa en el caso de los metalúrgicos de la UOM que, por primera vez desde más de una década volvieron a las huelgas y a las calles, con marchas masivas en varios puntos del país, lo que en Córdoba incluyó una rebelión de la base contra el burócrata regional cordobés Augusto Varas. En las actuales condiciones, distintas al periodo de crecimiento económico anterior, la lucha por el salario y el empleo no se resolverá sin duros enfrentamientos. Hay que preparar una gran lucha nacional, una pulseada política contra las corporaciones patronales y el gobierno que se dirimirá mediante la acción directa y en las calles, no en la mesa de negociación del Consejo Económico y Social.

Desde todos los lugares de trabajo y los sectores combativos de la clase trabajadora, está planteado exigir a los sindicatos de la CGT y la CTA, la ruptura con la mesa de las patronales y la preparación de un plan de lucha nacional.

Nuestras demandas

Luchamos por agrupar y coordinar a todas las organizaciones combativas, nuevas comisiones internas, delegados y activistas con un programa de acción para que la crisis la paguen los capitalistas. Prohibición de despidos y suspensiones. Reparto de las horas de trabajo sin tocar el salario. Apertura de las paritarias: que las asambleas fijen el reclamo de aumento acorde a nuestra canasta familiar, y se elijan delegados en la base que sean reconocidos en las negociaciones, como luchan en el Cuerpo de Delegados del Subterráneo. Pase a igual convenio de los contratados, pasantes y trabajadores en negro. Derogación de todas las leyes y decretos de flexibilización laboral. Por el 82% móvil y por la administración de los trabajadores y jubilados de los fondos jubilatorios. Eliminación del IVA de la canasta familiar. Subsidio universal a todos los desocupados que parta del monto del salario mínimo fijado en $1.500. Nacionalización bajo control y administración obrera directa de toda empresa que cierre o despida masivamente.