Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
20 de noviembre de 2019

La Verdad Obrera N° 375

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Hay que echar a Macri

20 May 2010   |   comentarios

Delegado ATE-RUB


El juez federal Norberto Oyarbide procesó y embargó al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, por integrar una “asociación ilícita”. También fue procesado por encubrimiento el ex ministro de Educación, Mariano Narodowsky, mientras el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, fue sobreseído. El escándalo salió a la luz no sólo por las escuchas telefónicas hacia el dirigente de los Familiares de las Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y el cuñado de Macri, Daniel Leonardo, sino porque fueron dirigidas a los docentes porteños y sus organizaciones.

 
Todos los servicios de inteligencia son asociaciones ilícitas

Macri montó una verdadera “SIDE” paralela para investigar activistas y militantes gremiales y estudiantiles. Justamente por ser una “SIDE” paralela es que salió a la luz a partir de una interna policial entre la Metropolitana y la Federal, que disputan el control del territorio y sus negociados con prostíbulos, narcotráfico, juego ilegal, etc. Oyarbide actúa contra el macrismo para posicionarse a favor de la Federal en esta interna de “escuchas ilegales”. O sino, ¿de quién fue el llamado que hizo públicas las escuchas ilegales a Sergio Burstein, como él declara?

El espionaje es moneda corriente tanto sobre las organizaciones obreras y populares como sobre los opositores políticos. Un ejemplo es la persecución de los estudiantes que fueron procesados por cortar calles a favor de los trabajadores de Kraft. Resulta revelador que una simple contravención esté acompañada de cientos de fojas con fotos de todos los participantes de las acciones, páginas web de las organizaciones estudiantiles e información de los “líderes” de la protesta, tal como denunciaran sus abogados. En este caso, el juez contravencional utilizó a los servicios de inteligencia de la Federal, demostrando que el macrismo viene actuando en un pacto con las huestes de Aníbal Fernández a pesar de la interna.

No podemos dejar de lado que el gobierno nacional y popular de los K sancionó las leyes antiterroristas para facilitar las tareas de espionaje sobre las organizaciones populares, mientras entre 2003 y 2009 aumentó el presupuesto de la SIDE más de un 250%, seguido de una partida anual de $54 millones asignados para desarrollar tareas de inteligencia en la Policía Federal.
Todos los gobiernos “escuchan ilegalmente” a sus opositores y a las organizaciones sindicales y de lucha del pueblo. Por eso, es necesario pelear por la disolución de la policía y de todos los servicios de inteligencia.

Pacto de impunidad

“Estos bloques no precipitarán una crisis, no aumentarán el escándalo, sino que buscarán por todos los medios reencauzar la política de seguridad y la ética pública hacia el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Llamamos al gobierno a ponerse a la altura de sus responsabilidades”.

Este es apenas uno de los párrafos de la declaración con respecto a la crisis institucional del GCBA que firmaron los distintos bloques de la oposición legislativa: Proyecto Sur, Igualdad Social, Diálogo por Buenos Aires, Coalición Cívica, Bloque Peronista, Nuevo Encuentro, Encuentro Popular para la Victoria, Encuentro Progresista, Partido Socialista y UCR. Con sus propias palabras dejan claro que ninguno quiere echar a Macri. El gran acuerdo “opositor” es dilatar los tiempos de la justicia hasta 2011, y apostar a un recambio electoral “pacífico”. Un verdadero pacto de impunidad para mantener la gobernabilidad del PRO. 

Además, la oposición viene acordando cuestiones centrales de la política macrista, como fueron los presupuestos antipopulares del 2009 y 2010 o la habilitación para crear la Metropolitana. La oposición K le votó el 75% de las propuestas legislativas al PRO. Y el bloque Proyecto Sur hace denuncias, pero prefiere no “hacer olas”, por eso no llamaron a una sola movilización que pusiera en las calles la bronca de miles contra el gobierno de Macri. Mientras, todos callan sobre el rol de los servicios de inteligencia, sean PRO o Nac & Pop.

El pro es toda una política contra los trabajadores y el pueblo

El macrismo viene arrastrando escándalos y sigue gobernando. No podemos olvidar que renunciaron dos jefes de la Metropolitana, Chamorro y Palacios, y este último se encuentra preso. El reemplazo fue Eugenio Burzaco, quien fuera asesor en seguridad de la policía neuquina, asesina del docente Fuentealba. Mientras, varios policías de alto rango de la Metropolitana siguen en sus cargos, a pesar de estar imputados en casos de protección de prostíbulos, juego clandestino y demás delitos.

Este gobierno creó la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público), una verdadera patota que golpea pobres sin techo. Las denuncias obligaron a anunciar su desarticulación, pero ha sido reemplazada por una “nueva” UCEP que, a diferencia de la otra, en lugar de trabajar de noche, trabaja de día, apoyada por los camiones de recolección de basura, la Metropolitana y la Federal, como denuncia la Defensoría del Pueblo. Estos avances represivos y persecutorios tienen un correlato contra los trabajadores de la Ciudad. El caso más emblemático es el despido de un trabajador precario y delegado de ATE-Contaduría, Pablo Antonini, por el simple hecho de ser junto a sus compañeros el denunciante del desguace del organismo, así como haber impulsado un fondo de huelga para los ceramistas de Stefani de Neuquén, que vienen enfrentando el cierre de su fábrica. Todo este andamiaje represivo y de servicios de inteligencia tiene el objetivo de imponer una ciudad para los ricos y las multinacionales constructoras e inmobiliarias que, dicho sea de paso, muchas son empresas de los propios amigos de Macri.

 
Hay que abrir el camino de la movilización obrera y popular

Más allá de una base social de clase media reaccionaria que lo apoya, hay miles de voces contra Macri, de docentes, trabajadores de la salud y estatales que han salido a pelear contra su política, miles de desocupados que pelean por sus comedores, y las organizaciones territoriales han resistido los desalojos de asentamientos precarios y villas miseria. Todos ellos, junto a los estudiantes, los sectores medios y democráticos de la Ciudad y los organismos de derechos humanos que no quieren una ciudad facha somos los que tenemos que unificarnos.

Solo la movilización obrera y popular puede echar a Macri y todo su gobierno. Todas las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, de desocupados, territoriales, barriales y de DD.HH., necesitamos imponer una gran movilización callejera unificada. Debemos dar la pelea por esta perspectiva en el seno de todas las organizaciones de masas, como la CTA, para aislar a los que sostienen la institucionalidad del gobierno porteño y así abrir el camino para poner en pie un frente de lucha para echar a Macri. La más amplia y unitaria movilización callejera es la única vía para abrir el camino real para echar a Macri, todo el gobierno PRO e imponer la disolución de la Metropolitana y de todos los servicios de inteligencia.

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