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NACIONAL

CAUSA AMIA

Hay que acabar con la impunidad reinante

La sospechosa muerte del fiscal Alberto Nisman se da en el marco de un pase de facturas entre distintas camarillas del Estado, todas responsables del encubrimiento del atentado a la AMIA de 1994.

Nicolás del Caño

23 de enero 2015

Hay que acabar con la impunidad reinante

La sospechosa muerte del fiscal Alberto Nisman se da en el marco de un pase de facturas entre distintas camarillas del Estado, todas responsables del encubrimiento del atentado a la AMIA de 1994.

El jueves 22 la Presidenta dio a conocer su segunda carta en relación a la muerte de Nisman. Allí plantea que la muerte del fiscal fue un asesinato donde estaría implicado el servicio de inteligencia “Jaime” Stiusso. Aunque en su larga carta nunca menciona que el poder que tienen el conjunto de los servicios fue otorgado por la misma Cristina Fernandez de Kirchner. De hecho, hasta hace poco más de un mes este personaje era el hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia. Hay que recordar que Antonio Stiusso, que formaba parte de la ex SIDE desde 1972, era el histórico director general de operaciones. Es decir que fue puesto por la dictadura de Lanusse, prestó servicios durante la Triple A, en la última dictadura genocida y atravesó todos los gobiernos constitucionales, hasta la fecha.

De estos hombres está dotada la ex SIDE, que en la última década “ganada” sólo tuvo un cambio de nombre.

Por eso afirmamos que la muerte de Nisman tiene el trasfondo de las internas en la Secretaría de Inteligencia, con un Stiusso, que le pasaba información, “jubilado” de esa secretaría hacía pocas semanas, junto con personal que le respondía. Ahora son camarillas ligadas a Milani, acusado de desaparecer a un conscripto en la dictadura militar, quienes controlan los servicios de inteligencia en el país.

Pero Cristina en su larga carta donde ahora habla de asesinato mientras todo el kirchnerismo todavía seguía con su línea anterior de suicidio, lo que no dice es que fue el mismo Nestor Kirchner que cuando nombra a Nisman como fiscal de la causa AMIA, lo pone a Stiusso para que le pase información. Tampoco dice que la acusación de Nisman hacia Irán, apoyada por el matrimonio Kirchner hasta el 2012, estaba basada en los informes falsos que, vía “los Stiusso”, elaboraba el servicio de inteligencia del Estado terrorista de Israel –Mossad- y la CIA. Mientras la masacre del atentado a la AMIA continuaba, como aún hoy, impune.

Cuando el Departamento de Estado del gobierno de Obama comienza un giro aperturista hacia Irán (motivado por el alto costo político de su política guerrerista en Irak y Afganistan), el gobierno de Cristina cambia su política en el caso AMIA y elabora el memorándum de entendimiento con el país persa. Ahí es cuando Nisman y Stiusso se alejan del gobierno, gustosos hasta ese momento de un gobierno que tenía oídos atentos a la política de Israel.

La acusación de Nisman hacia la presidenta, su canciller Timmerman y otros reconocidos kirchneristas, como Delía, etc., fue el fruto de la propia política del kirchnerismo en la materia y es parte de un quiebre del siniestro aparato de inteligencia del Estado.

El poder de Stiusso y de toda la mafia criminal de la Secretaría de Inteligencia no viene del cielo sino que fue dotado desde la propia cumbre del poder político que hoy se victimiza. 

La muerte del fiscal lo que sacó a flote es que los servicios de inteligencia están para cuidar secretos del Estado capitalista y todos los políticos, tanto oficialistas como de la oposición patronal, coinciden en preservarlos. La prueba está en que todos los gobiernos constitucionales los han sostenido y se han valido de ellos.

En estos días escuchamos también a los “presidenciables” de Macri y Massa apurados por aparecer ante las cámaras “compungidos” y preocupados por la República. Pero el mismo Macri está acusado de mandar a espiar a diversas organizaciones, vía el Fino Palacios, entre ellas a miembros de Memoria Activa –agrupación de un sector de los familiares de las víctimas de la AMIA-. Massa que ahora pretende presentarse como querellante en la causa AMIA, cuando fue jefe de gabinete del gobierno kirchnerista nada le importó el encubrimiento de esta causa y hoy su jefe de campaña es Juan José Alvarez quien fuera un agente secreto de la SIDE durante la dictadura genocida.

Mientras el pueblo trabajador tiene que acudir a hospitales donde faltan hasta los insumos básicos y en muchos de ellos la infraestructura es altamente deficitaria, lo mismo que pasa con muchas de las escuelas públicas del país, el gobierno aprobó para este año un aumento presupuestario para la ex SIDE de 111 millones de pesos, recibiendo un total de 800 millones de pesos. No escuchamos a nadie de la oposición patronal, ni siquiera a la centroizquierda, alzar la voz contra esta situación.

Para poder arribar a la verdad en la causa AMIA, está demostrado que no podemos confiar en estas instituciones que durante 20 años mantuvieron la impunidad. Es necesario crear una comisión investigadora independiente, con los familiares de las víctimas al frente, junto con organismos de DDHH alejados del poder, y con plenos poderes, pero esto debe ser acompañado por la apertura de todos los archivos secretos. En ese sentido va mi proyecto de que el gobierno entregue todas las listas de los agentes de inteligencia que están en servicios desde la dictadura. Pero no somos ingenuos: la apertura de los archivos prodremos imponerla con una gran movilización en las calles.

Desde el PTS en el FIT denunciamos esta situación y defendemos estas medidas elementales para luchas contra el encubrimiento de la masacre que se llevó la vida de 85 personas y dejó un tendal de heridos, convirtiéndose la causa AMIA en un monumento a la impunidad.

Somos claros en plantear que de ninguna manera alcanza con controlar desde el Congreso a estos Servicios de Inteligencia o reformarlos, como ahora plantean desde la oposición, e incluso apurados por la crisis abierta, sectores del kirchnerismo. Son una verdadera mafia y la mafia controlada o reformada sigue siendo una mafia. El único camino serio para luchar hasta el final contra la impunidad es el desmantelamiento y disolución tanto de la Secretaría de Inteligencia que depende directamente de la Presidencia, como de todos los cuerpos de inteligencia a cargo de las fuerzas de seguridad. Esto es lo que podría garantizar la seguridad y las libertades democráticas del pueblo trabajador.

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