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Notas

¿Hasta dónde avanzó la burocracia con su programa de restauración gradual?

PTS

2 de octubre 2010

El análisis concreto de la economía cubana muestra que el ritmo de implementación de las medidas de apertura económica a la inversión capitalista no fue un proceso constante desde el inicio del llamado “período especial”. También muestra que, a pesar del curso restauracionista de la propia burocracia que no hace otra cosa que descomponer aún más las bases del estado obrero deformado, sería un error pensar que el capitalismo ya fue restaurado en la isla y que no queda ninguna conquista por defender, o peor aún, que nunca se trató de una economía de transición, como sostienen las teorías colectivistas burocráticas o capitalistas de estado. Si bien se ha legalizado la propiedad mixta en algunos sectores importantes de la economía, aún predomina la propiedad nacionalizada de los medios de producción, lo que entre otras cosas explica que hasta el momento, no ha sido posible recrear una clase explotadora local o restaurar las propiedades de los gusanos de Miami. Esta situación también se da en el sector agrícola, en el que la tierra aún se sigue manteniendo bajo propiedad estatal, lo que implica que las parcelas entregadas para el usufructo privado no pueden ser transferidas ni vendidas, lo que de ser así, llevaría a la concentración y al surgimiento de una burguesía terrateniente.

Estamos ante un proceso aún abierto, cuyos avances y retrocesos dependen no sólo de las condiciones internas de la isla, sino de elementos de la situación y la economía internacional como la política imperialista, el boom de las materias primas y la posterior crisis de la economía mundial, y sobre todo, de la relación de fuerzas más general en la región.

Desde este punto de vista, el proceso de restauración capitalista en Cuba avanzó durante la década de 1990, en el marco del auge neoliberal y un endurecimiento de la política norteamericana bajo las presidencias de Clinton, con la implementación de la llamada ley Helms-Burton. Este proceso se enlenteció a partir de 2003 e incluso se revirtieron algunas medidas, sin retroceder en lo central, lo que coincidió con la caída de los gobiernos neoliberales en América Latina producto de una tendencia a la acción directa que recorrió gran parte del continente y fue desviada por la emergencia de gobiernos burgueses autodenominados “progresistas”, por la llegada al poder de Evo Morales en Bolivia y la consolidación del tibio nacionalismo burgués de Chávez en Venezuela.

Desde que Raúl sucedió a su hermano Fidel, ha reafirmado el rumbo del régimen cubano de avanzar de manera gradual en la introducción de medidas capitalistas, anunciando la necesidad de implementar “cambios estructurales y de concepto” en la economía. Los últimos acontecimientos indican que una combinación de distintos factores, en el marco de la crisis de la economía mundial, puede precipitar este proceso. Entre estos podrían contarse: la desaparición de escena de Fidel Castro; la emergencia de una política más dialoguista por parte del imperialismo norteamericano y los gusanos de Miami, que le aseguren a la vieja guardia de la burocracia no tomar represalias judiciales por las expropiaciones y otros actos realizados en el curso de la revolución, y que se decidan a invertir capital, como lo hizo la burguesía china refugiada en Taiwán; un rol más claro de la Unión Europea, en particular del Estado Español, para facilitar esta política negociadora; y por último, aunque no menos importante, un impacto mayor de la crisis económica internacional que lleve a una situación de caos económico.

Los revolucionarios no nos oponemos por principios a que un estado obrero en circunstancias difíciles que ponen en peligro su propia existencia, o en una etapa de profunda reacción y restauración burguesa, como la que vivimos desde principios de la década de 1980, se vea obligado a hacer concesiones al capital, tal como hizo, por ejemplo, el estado obrero ruso bajo la dirección de Lenin durante la NEP. Sin embargo, cuando estas medidas son realizadas por una burocracia estatal privilegiada como la del PCC, que elogia el curso restauracionista seguido por los partidos comunistas chino y vietnamita, lejos de ser medidas de retroceso transitorio para garantizar la supervivencia de las bases no capitalistas del estado, socavan los pilares de la economía nacionalizada y crean beneficios adicionales para los funcionarios del régimen asociados con los nuevos negocios, que como en el caso de los ejecutivos miembros de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), forman una “protoclase” lista para transformarse en capitalistas ante un cambio en las condiciones políticas y económicas. Esto ya se empieza a ver en los casos de corrupción en altas esferas del régimen, que funciona como un medio de acumulación primitiva individual en base al robo, los privilegios y los sobornos derivados de la administración de la propiedad estatal.

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