Las tres mujeres, que sólo toman agua, reclaman al juez de instrucción que lleva la causa, Marcelo Bailaque, el traslado de Federico Jorge Mansilla -otro de los detenidos-, quien recibe malos tratos en la seccional 1era. de Caleta Olivia, donde fue alojado junto a presos comunes. El pedido ya había sido realizado hace más de un mes, pero nunca fue concedido. El magistrado argumentó que el traslado depende de la disponibilidad policial, mientras que la Policía arguye que no recibió la orden alguna del juez.

Las detenidas también exigen un mejor trato hacia ellas:
- Solo pueden comunicarse telefónicamente con sus familiares una hora por día entre las 21 y las 22, pero como ese lapso coincide con el momento del cambio de guardia, no les pasan las llamadas.
- Les revisan la correspondencia o las obligan a leerla delante del personal policial. 
- Los familiares que concurren a visitarlas son requisados, incluidos sus hijos menores de edad. 
Antes de que comenzaran la huelga de hambre, sus abogados defensores habían llevado estos reclamos al juez Bailaque, quien se comprometió a interceder ante la policía. Sin embargo, nunca hubo cambios.
La medida de fuerza también es llevada a cabo para exigir que se cumpla el convenio firmado con el gobierno local, que se había comprometido a crear puestos laborales para los desocupados de Caleta. Entre el 19 y el 26 de agosto, más 200 manifestantes habían ocupado la Municipalidad y la playa de tanques del consorcio petrolero Terminales Marítimas Patagónicas (TERMAP) con un único reclamo: trabajo genuino. Las dos protestas se levantaron luego de ese acuerdo con las autoridades, quienes comprometían contratar a 250 personas (de 840 pesos cada uno más salarios familiares y otros derechos garantizados por ley) y a implementar un plan de obra pública que incluía la creación de mil puestos de trabajos por tres años y una inversión de la Provincia de 10 millones de pesos. 
El acta, que nunca se cumplió, lleva seis firmas: las de Constancio, Perancho, Orosco y Sánchez -los cuatro ahora están presos-; otra corresponde a María Elena Osses -actualmente procesada- y la última es del intendente Fernando Cotillo, en libertad.
Bailaque, procesó a 44 personas luego de las ocupaciones y -una semana después de terminadas las protestas- ordenó la detención de 21, en una causa que desestimó los testimonios de los implicados -incluso de los que como Iglesias o Mansilla, que ni siquiera estuvieron en las ocupaciones- y tomó como pruebas valederas artículos de los diarios Crónica y La prensa e informes de inteligencia con fotos que no son in situ, sino escaneadas de otros lados.
Así, dictó la prisión preventiva a los tres hombres y las tres mujeres que aún permanecen detenidos por su "rol determinante y de conducción" en los sucesos. Se los acusa, en el dictamen, de "usurpación, impedimento de funciones publicas, privación ilegítima de la libertad y entorpecimiento de actividad económica". Si les niega la libertad y se suman todas las figuras -en lo que los especialistas y los organismos de derechos humanos consideran un forzamiento inaceptable del Código Penal- los detenidos pueden llegar a pasar 16 años en prisión.