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CRISTINA Y LOS GOBERNADORES PETROLEROS NEGOCIAN LAS CONDICIONES DEL SAQUEO IMPERIALISTA

¿Hacia una nueva ley de hidrocarburos?

El déficit energético profundizado desde 2008 a la actualidad, como resultado de décadas de saqueo sin inversión, fue la condición que obligó al gobierno a la pseudo-nacionalización de YPF en el 2012.

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19 de junio 2014

¿Hacia una nueva ley de hidrocarburos?

El déficit energético profundizado desde 2008 a la actualidad, como resultado de décadas de saqueo sin inversión, fue la condición que obligó al gobierno a la pseudo-nacionalización de YPF en el 2012. A poco más de 2 años, los discursos de “soberanía” quedaron atrás, con el kirchnerismo votando la indemnización de más de U$$ 10.000 millones a la Repsol, a quien tiempo atrás había acusado de “robo”.
Hoy todos los ojos apuntan a la puesta en valor de Vaca Muerta, una gran reserva de gas y petróleo no convencional (“shale”), que según la Administración de Información sobre Energía yanqui (EIA, por sus siglas en inglés) sería la segunda y cuarta más importante del mundo respectivamente. Ubicada mayormente en la provincia de Neuquén, ha movido el tablero político en cuanto a la relación entre los gobiernos provinciales y el nacional, que juntos negocian las condiciones del saqueo.

Una vaca muerta, muchas ilusiones

El déficit energético nacional, es una gran fuente de presión para la importante devaluación del peso. Durante 2013 se importo U$$ 13.000 millones en el rubro energía, USS 6.000 millones más de lo que se exportó. Este fenómeno es una de las cuatro grandes causas de salida de dólares al exterior, junto a la remesa de las ganancias de las empresas imperialistas, el pago religioso de la deuda externa y la fuga de capitales lisa y llana.

Este año, la crisis energética se profundizó, e incluso ya está ingresando petróleo crudo para cubrir la demanda interna, algo que no sucedía desde hace unos 20 años.
Pero no se trata solo de un problema de salida de dólares y de balanza comercial, sino también de una gran carga fiscal, ya que aproximadamente un 80% del valor de lo importado lo subsidia el Estado Nacional. La energía se lleva casi la mitad del total de los subsidios.

Frente a esto, el gobierno de CFK y el gobernador de Neuquén Jorge Sapag, apuestan a que la explotación de Vaca Muerta, con el cuestionado método del fracking (o hidrofractura), revierta la tendencia declinante de la producción de petróleo y especialmente de gas. Para la extracción de los hidrocarburos, luego de la pseudo nacionalización de Repsol-YPF, se acudió al ingreso de empresas imperialistas de todo tipo y color. Para la “seguridad jurídica” que exigen las petroleras, el gobierno viene haciendo la tarea con toda la política “mercado friendly” (hoy puesta en cuestión por el fallo que obliga a pagarle a los "fondos buitres"): arreglar con el Club de París, con el CIADI, con la Repsol, ajustar el índice inflacionario del INDEC a pedido del FMI, enfriar la economía y empezar el ajuste, y por último, hacer reglamentar las leyes a la medida de Chevron y compañía.

La política pro-Repsol que sostuvo el kirchnerismo, lo llevó a negociar en condiciones muy desfavorables frente a estas empresas. De allí surge el decreto 929/13, donde se garantizaron condiciones extremadamente beneficiosas para la Chevron: la concesión por 35 años (con posibilidad de extensión), la compra de su producción a precios internacionales, la posibilidad de girar sus ganancias al exterior (todo esto sin conocer las cláusulas secretas).

Este acuerdo refrendado en la legislatura neuquina, fue impuesto con represión frente a la multitudinaria movilización de la juventud estudiantil, organizaciones de trabajadores, de Derechos Humanos, partidos de izquierda y las organizaciones mapuches, que están siendo desplazadas de sus territorios y contaminadas con este tipo de explotación, que ya se cobró la vida de Cristina Lincopán. En ese ocasión, fue que nuestro compañero Raúl Godoy, en ese momento diputado del PTS en el Frente de Izquierda, se retiró de la Legislatura, junto a otros diputados opositores, arrojando la bandera norteamericana a los legisladores del MPN y kirchneristas que se aprestaban a votar esa ley entreguista. Luego el gobierno y la policía provincial montaron una campaña contra Raúl Godoy, acusándolo de los "incidentes" (en realidad, resistencia a la represión) y roturas en las inmediaciones de la Legislatura, campaña que debieron abandonar por el repudio generalizado al acuerdo con Chevron y la represión de aquel día.

Pero Chevron solo abrió la puerta. En la actualidad todas las grandes empresas mundiales están apostando a ser parte de la expoliación de nuestros recursos. Entre muchas otras, ya comprometieron enormes recursos para ello la Exxon Mobil, Shell, y Total Austral, que en su país (Francia) tiene prohibido hacer fracking, pero en Argentina le abrimos los brazos para que “inviertan”.

¿Qué es lo que está en discusión?

En este contexto se armó una “gran” disputa entre los gobiernos provinciales miembros de la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) y el kirchnerismo. Los diez gobernadores de las provincias petroleras, se reunieron por segunda vez con el gobierno nacional quien les entregó un borrador que propone un techo a las regalías del 12%, limita impuestos provinciales y elimina otros, para favorecer a los inversores. Además cuestiona a las empresas provinciales (priorizando a YPF como la única capaz de atraer a las empresas imperialistas). Por su parte, los gobernadores, encabezados por Sapag, quieren mantener una porción mayor de la torta para las camarillas provinciales, basándose en la legislación vigente, especialmente la proveniente de la dictadura de Onganía, la reforma de la Constitución del ’94 de Menem, y la “Ley Corta” del kirchnerismo en 2007, que dio más poder de negociación con las empresas a las provincias, pudiendo establecer el aumento de regalías e impuestos varios. Incluso existen empresas petroleras provinciales (como GyP en Neuquén), que hacen acuerdos con las transnacionales para participar en las ganancias sin invertir, a cambio de eximirlas de pagar canon de ingreso (eso es el método del "carry" o acarreo). Son empresas inventadas en los últimos años, presididas por los partidos gobernantes sin dar explicación de hacia dónde van esos recursos, ya que actúan como sociedades anónimas. Algo aprendieron de la lógica de funcionamiento de YPF que, a pesar de toda la fanfarria discursiva del kirchnerismo, también funciona como sociedad anónima.

El borrador generó críticas de parte de los gobernadores de Neuquén, Chubut y Mendoza. Ya sea porque poseen empresas provinciales que usan el "carry" o porque facturan regalías por encima del 12% (además de otros impuestos menores). Justamente son las provincias con las reservas más promisorias: Vaca Muerta (Neuquén y Mendoza) y D-129 (Chubut).

En respuesta, el gobierno nacional quiere imponer el peso numérico del resto de los gobernadores de provincias con menor producción (excepto Santa Cruz).
Tras el acuerdo, YPF realizó la inversión inicial de U$$ 1.200 millones en nombre de los dos: recién después Chevron puso su parte en cómodas cuotas, evitando el riesgo de pérdidas. Una especie de “carry al revés”.

Lo que todos acuerdan es que el "piso" de la nueva ley de hidrocarburos debe ser el decreto 929/13, que rige el acuerdo entre YPF y Chevron. Las diferencias son qué parte de la (pequeña) "torta" que dejan las petroleras se queda Nación y qué parte las provincias. Pero el borrador incluso "supera" lo escandaloso del acuerdo con Chevron, de por sí entreguista, brindando aún mayores beneficios: se los exime de impuestos aduaneros, y se les exige inversiones cuatro veces menos que a la Chevron. Más allá de las diferencias, todos dan cátedra de entrega.

Con respecto al agresivo método del Fracking, se plantea que “se tendrá en cuenta la cuestión ambiental”: un saludo a la bandera.

En lo que todos acuerdan es en que se les deben brindar las mejores condiciones a las empresas para que hagan grandes negociados con nuestros recursos. Las diferencias surgen cuando discuten quién va a recoger las migajas que caen de la mesa de las empresas imperialistas.

Las petroleras, en pala. A los trabajadores, palo

A esta fiesta multimillonaria los trabajadores no están invitados. A pedido de las empresas se propone imponer una mayor precarización de las condiciones laborales. Textual: establecer “junto con las empresas del sector, las nuevas modalidades laborales, dada la naturaleza de los nuevos proyectos”. Teniendo en cuenta los distintos ataques de Cristina Fernández de Kirchner a los trabajadores petroleros, no es difícil deducir que la explotación de Vaca Muerta se hará en base a una mayor explotación de los trabajadores. En 2012 CFK planteó que los petroleros son “los mejores remunerados en el país” y que no se puede "perder un solo segundo de extracción" por conflictos laborales (¿será por eso que en su provincia, Santa Cruz, es donde más petroleros precarizados hay, encuadrados en el convenio de la UOCRA?). En ese sentido, la condena a perpetua y las torturas sufridas por los petroleros de Las Heras (que se animaron a cuestionar la precarización), fueron aplaudidas por los gobiernos y empresas como un ejemplo para el resto de los trabajadores. El propio Sapag es hoy el principal lobbysta de una legislación más represiva contra la protesta social, especialmente contra los cortes a los accesos a yacimientos, la toma de torres petroleras o cualquier medida que afecte la producción del petróleo y el gas (por ejemplo: un paro de petroleros). En plena sintonía con las leyes anti-piquetes en danza.

No es casual que de los $1.000 millones anunciados por Nación para obras de infraestructura prometida para Añelo, sólo se terminó la construcción de una comisaría.

A todo esto, el Secretario General del sindicato petrolero de Neuquén y Río Negro y presidente de la comisión de energía del Senado Nacional, Guillermo Pereyra, no dijo una palabra sobre los derechos de los trabajadores ni contra la legislación represiva que colgará como una espada de Damocles sobre los petroleros que se resistan a este saqueo. De lo que sí se ocupó es de exigir que la ley contemple la situación de los empresarios de las refinerías, “tanto en lo que hace a ITC (Impuesto de Transferencia de Combustibles) como al valor del venta del crudo sea incluida en la Ley de Hidrocarburos". El Secretario General de los petroleros y Senador por el MPN es un garante más del saqueo de los recursos naturales, que ni defiende realmente los intereses de los trabajadores ni cuestiona la entrega. Con la fuerza social de ese sindicato se podría poner en pie, en alianza con las comunidades mapuches, los estudiantes, jóvenes y organizaciones que rechazan el fracking y el saqueo, un verdadero movimiento capaz de echar a Chevron y terminar con la entrega de los recursos naturales.

Nacionalización sin pago de toda la industria hidrocarburífera, bajo gestión control de sus trabajadores

Mientras los gobiernos preparan la fiesta del “boom” de Vaca Muerta con las petroleras imperialistas, como ya empieza a mostrar la prensa, detrás de Vaca Muerta se profundiza la enorme desigualdad que reina en las provincias petroleras. En Neuquén los costos de vida son “petroleros”, mientras los trabajadores estatales cobran miseria. Los precios de los alquileres son exorbitantes, y el sueño de la vivienda propia es solo eso, un sueño cada día más lejano. Las inundaciones de abril demostraron el desprecio con que la casta política del MPN trata al pueblo trabajador, sin invertir siquiera en la mínima infraestructura necesaria para evitar una catástrofe. De hecho mientras las familias de las barriadas más pobres perdían hasta sus casas, Sapag se encontraba en Houston, negociando las condiciones de una nueva entrega.

Frente a los partidos patronales cipayos, oficialistas u opositores, incapaces de presentar un plan “estratégico” de desarrollo nacional, la única salida favorable para el pueblo trabajador es la nacionalización sin indemnización de toda la industria hidrocarburífera, bajo control de sus trabajadores. Es falso que no haya recursos para la explotación: ahí están los pagos multimillonarios a Repsol o al Club de París. Con esos recursos se podrían generar nuevos puestos de trabajo, desarrollar otras fuentes de energía, ramas enteras de la industria, o un plan de obras públicas para construir escuelas, viviendas y hospitales en todo el país.

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