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GUALEGUAYCHU: Los Kirchner judicializan la protesta

Tras un día de tensión mediática, despachos judiciales y amenazas de desalojo, el gobierno nacional dio un paso adelante en la judicialización de la “protesta social”, denunciando penalmente la lucha de los ambientalistas de Gualeguaychú.

Hugo Echeverre

10 de junio 2010

Tras un día de tensión mediática, despachos judiciales y amenazas de desalojo, el gobierno nacional dio un paso adelante en la judicialización de la “protesta social”, denunciando penalmente la lucha de los ambientalistas de Gualeguaychú. El jefe de gabinete anunció el comienzo de “una nueva etapa”, contra el corte en Arroyo Verde, acusando a los ambientalistas de apología del delito, daños a los bienes públicos, atentados al orden constitucional, sedición, homicidio culposo y trabas al comercio. Ante los límites para poder reprimir de forma directa, el Estado dio un rodeo, establece un cerco y ajusta su acoso.
El rol querellante (en un conflicto ambiental testigo), expresa un giro coercitivo del gobierno, en base a un fallo internacional a favor de la expoliación capitalista. Los aprietes ya empezaron y (al cierre de esta edición) “muchachos de civil” se la pasaron sacando fotos de los autos y la salida de la asamblea. El apoyo a la pastera de capital finlandés –según dijo Fernández– “es para cumplir con el fallo de La Haya y recuperar las relaciones con el Uruguay”. En cuanto a política ambiental, recordó que “no reconoce que haya habido contaminación”.
En tal sentido, vale recordar que el fallo del Tribunal Internacional de La Haya resolvió condenar a Uruguay por la violación del Estatuto del Río Uruguay (acordado en 1975), y a la vez afirmó que Argentina no reunió pruebas suficientes que demuestren la contaminación ambiental. De este modo (desde Holanda) se avaló el funcionamiento de la pastera, y se advirtió al gobierno uruguayo de no realizar nuevos emprendimientos sin consultar previamente.

Una presentación funcional a las pasteras

La “desidia” del gobierno en la presentación en La Haya (que poco se publica) resultó funcional a Botnia y abre serios cuestionamientos sobre la clave del problema: los estudios de impacto ambiental que presentó el gobierno argentino. Los ambientalistas aseguran que los trabajos realizados por la Universidad de La Plata y de Luján muestran con claridad parámetros de contaminación. Hasta un informe de Eco-Metrix (pedido por el Banco Mundial) que analiza los valores de las emisiones que la planta Botnia ha volcado al Río Uruguay y a la atmósfera, afirma la presencia de “grandes cantidades de peligrosos contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos; y una enorme carga de contaminantes, que de acuerdo a todos los antecedentes conocidos, en pocos años provocará serios e irreversibles daños a la flora, fauna y salud de los habitantes de la cuenca”1.

Es verdaderamente hipócrita (y peligroso) el apriete del Jefe de Gabinete, que mientras levanta el palo judicial declara que es para hacer “cumplir la política ambiental”. Otro tanto peor suena cuando les echa la culpa a los ambientalistas de no poder realizar el monitoreo del río, y termina confesando que “no sabemos si está o no está contaminado” (¿No puede el Estado monitorear el río?; ¿o más bien será que les molesta cierto “control popular” sobre la contaminación?)

Botnia contamina

“A Botnia (o a su tecnología) -expresa Sergio Federovisky2- le atribuyen tanto la supuesta limpieza de la producción de celulosa en los alrededores de Helsinki como dos episodios tan confusos como lesivos para el ambiente. Uno, el de una planta instalada en Valdivia, Chile, donde organismos oficiales de los EE.UU.
reclamaron el cese de su funcionamiento por haber destruido el santuario natural de río Cruces, donde de 6000 cisnes apenas quedaron 300 agobiados por la contaminación liberada aguas arriba. La otra es la planta de Espíritu Santo, en Brasil, donde comparten la crítica por la contaminación fabril con las acusaciones de haber favorecido la pérdida de bosques nativos a favor de megaplantaciones de pinos y eucaliptos con horizonte de papel”.

El gobierno kirchnerista no es un defensor del medio ambiente, sino más bien lo contrario. Cristina Kirchner ha vetado la ley de protección de glaciares (a favor de las mineras imperialistas), fomenta la sojización del territorio nacional y la utilización de agrotóxicos- y reglamentó la ley de bosques nativos a favor de las legislaturas provinciales, que han extendido un poco más la deforestación y la expulsión de familias campesinas en el norte argentino y aportado unas toneladas de CO2 para al Cambio Climático. A la vez, el Poder Ejecutivo no cumple desde el 2003 con la obligación establecida en el artículo 18 de la Ley General del Ambiente y no presentó nunca el Informe Anual Ambiental de la Nación.

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