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LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Fuera las fuerzas represivas de las villas y los barrios pobres

Desde junio cientos de efectivos de las FF.AA. desembarcaron en las villas miseria del Gran Buenos Aires y la Capital para realizar tareas de “contención social”.

Miguel Raider

5 de julio 2012

Desde junio cientos de efectivos de las FF.AA. desembarcaron en las villas miseria del Gran Buenos Aires y la Capital para realizar tareas de “contención social”. Bajo instrucciones del ministro de Defensa Arturo Puricelli, el Ejército envió tropas a cuatro barrios pobres de San Martín, la Fuerza Aérea desplegó un hospital de campaña en la villa 1-11-14 del Bajo Flores y la Armada mandó equipos a la villa 31 de Retiro.

Complementariamente, la ministra de Seguridad Nilda Garré instaló puestos móviles de asistencia sanitaria en la villa 15 (Ciudad Oculta). El operativo, en principio trazado por 60 días, responde al Plan AHI, el nuevo Plan de Abordaje Integral en base a la articulación de los ministerios de Desarrollo Social, Interior, Salud, Defensa y Seguridad, a cargo de Alicia Kirchner, presidenta del Consejo de Coordinación de Políticas Públicas.
Evidentemente, el gobierno no sólo se propone instalar la figura de Alicia Kirchner de cara a las elecciones legislativas de 2013, sino que militariza los barrios más plebeyos donde se concentran los estratos más bajos de la clase trabajadora ante el posible incremento de la conflictividad social, producto de las políticas de ajuste en curso. Si en 2011 el Fondo para GBA alcanzó $9600 millones, en lo que va de 2012 apenas sumó $600 millones (Clarín, 2/7). Según el Censo 2010, en el conurbano bonaerense se registran poco más de 2,1 millones de personas pobres que residen en villas y asentamientos en viviendas precarias y casillas, exentas de cloacas y gas de red, con altas tasas de hacinamiento crítico.

Una vez más, los problemas sociales de las grandes masas desposeídas encuentran respuesta en políticas represivas, después del Operativo Centinela y los planes Cinturón Sur y Norte, mediante los cuales el Ministerio de Seguridad ya empleó 9200 efectivos de Gendarmería y Prefectura en otras villas del GBA así como en los barrios de la zona sur de la Capital. Cualquier parecido con la militarización de las favelas que empuñó Lula y continúa Dilma Roussef no es producto de la casualidad, sino de la criminalización de la pobreza que asumieron los “progresistas”.
El plan AHI forma parte de la Operación Conjunta Gral. Don José de San Martín, la que asigna a las FF.AA. “misiones subsidiarias de Defensa Civil y Apoyo a la Comunidad” (www.elinformadorpublico.com), violando abiertamente las leyes de Seguridad Interior, Defensa de la Democracia e Inteligencia Nacional, como exigían Duhalde, la Iglesia y la derecha más reaccionaria en el Contrato Social para el Desarrollo (Página12,26/09/10). El secretario de Seguridad Sergio Berni ya se valió de este dispositivo para atacar el derecho de huelga de los camioneros, enfrentando los piquetes con Gendarmería y choferes del Ejército que sacaron ocho camiones de combustible contra la voluntad de los trabajadores. La escalada gorila llegó a tal punto que Horacio Verbitsky abrevó en la ironía de que “la Secretaría de Inteligencia está muy ocupada programando tareas conjuntas con la DEA estadounidense”, en vez de utilizar sus recursos para infiltrar a Los Dragones (Página12, 1/7).

Mediante esta política el gobierno se propone relegitimar a las FF.AA., desprestigiadas por su rol genocida y cobarde durante la dictadura y la guerra de Malvinas, en aras de restaurar el poder de fuego del Estado, en vistas de las consecuencias de la crisis económica internacional que ya comenzaron a golpear. Cristina emprendió ese curso a vela desplegada en el Día del Ejército en 2010, el mismo día que se cumplía el 41° aniversario del Cordobazo, cuando rescató el carácter “sanmartiniano” de esa institución genocida que ahora “respeta los derechos humanos” (La Nación, 30/05/10). Con la mira puesta en la “reconciliación nacional”, el kirchnerismo anuló las leyes de impunidad y cooptó a los organismos de DD.HH. más importantes como base para el lanzamiento de juicios a cuentagotas de algunos genocidas emblemáticos, una política de Estado suscripta por todos los bloques parlamentarios, incluido el PRO, a fin de recomponer el conjunto de las FF.AA. como pilar del Estado de los capitalistas.

El plan AHI es un remedo del Operativo Dorrego de 1973, donde los jóvenes de la izquierda peronista que apoyaban el gobierno de Cámpora confluyeron con efectivos de las FF.AA. a fin de realizar tareas de asistencia a los inundados de esa localidad, legitimando represores como el teniente general Carcagno, quien comandó las tropas contra el Cordobazo, y Albano Harguindeguy, el que más tarde sería ministro del Interior de la dictadura de Videla.

El incremento de las políticas represivas exige que tanto la CGT Moyano como la CTA Micheli, si de verdad se proponen luchar por los intereses de todos los trabajadores, levanten una gran campaña democrática por la expulsión de las fuerzas represivas de las villas y barrios pobres, la defensa del derecho de huelga y los métodos de acción directa, el desprocesamiento de más de 5000 luchadores obreros y populares, la derogación de la Ley Antiterrorista y el juicio y castigo de los responsables de los asesinatos de Mariano Ferreyra, los hermanos Qom y los compañeros caídos en el Parque Indoamericano y Ledesma. Una campaña democrática imprescindible para soldar los lazos entre los trabajadores y el pueblo pobre, sobre los cuales el gobierno y los empresarios pretenden descargar los costos de la crisis económica.

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