El lunes 10 de diciembre a las 18:30 hs. tres estudiantes y un docente, dirigente sindical irán a juicio contravencional por una manifestación frente a Casa de Gobierno realizada el jueves 29 de marzo, durante el fin de semana largo de semana santa.
Ese jueves por la noche, mientras un pequeño grupo de estudiantes se encontraba sobre la vereda de la Casa de Gobierno acompañando a los estudiantes solicitando ser escuchados por algún funcionario del gobierno, a pedido del gobernador Gerardo Morales se montó un enorme operativo policial, integrado por una gran cantidad de efectivos, agentes de brigada de investigaciones y siete patrulleros, con el objetivo de detener ilegalmente, sin orden judicial, a todas las personas que se encontraban en el lugar, manteniéndolos incomunicados.

Allí también se hallaban presentes la concejal del PTS-FIT Andrea Gutiérrez y el abogado Héctor Huespe, quienes fueron también detenidos violentamente, vulnerando en el caso de Gutiérrez sus fueros como concejal. Luego desistieron de la acusación contra el abogado y la concejal.

La causa penal promovida a raíz del reclamo donde se les imputaba el delito de "turbación a la propiedad” resultó tan insostenible el propio al agente fiscal Julio Molina debió desistir de la acción penal.

Matías Ustares Carrillo, Juez Contravencional, elegido a dedo por Gerardo Morales, decide elevar a juicio la causa pese a los reiterados escritos presentados que daban cuenta de la cantidad de garantías constitucionales vulneradas, como así también haciendo caso omiso al relato de los hechos planteados por los imputados de donde se desprenden la impunidad y arbitrariedad con la que actuaron los agentes policiales.

Recordemos que esta causa había sido suspendida por los planteamientos realizados por la defensa de los abogados del CeProDH en incumplimiento del mismo Código Contravencional que asimismo lo denuncian por inconstitucional.

Maia Hirsch, abogada de Valentina Melo e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) denunció que “como venimos denunciando los organismos de Derechos Humanos, en Jujuy no se respetan las mínimas garantías constitucionales y se ha instalado un régimen policiaco, que ha ameritado incluso observaciones y denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dichas observaciones son ignoradas por el gobierno provincial.”

Por su Parte Valentina Melo, estudiante de la Universidad de Jujuy que estaba solidarizándose y se encuentra imputada, dijo que “este juicio contra estudiantes que reclamábamos por el derecho a estudiar se da en el marco de un año donde los jóvenes y las mujeres estuvimos a la cabeza de las peleas en las calles, de la que también fuimos protagonistas en Jujuy. Con esto quieren amedrentarnos y que no sigamos reclamando por nuestros derechos, pero no lo van a lograr. Por eso convocamos a concentrar el lunes 10 de diciembre a las 18:30 hs. en las puertas del Juzgado Contravencional (Av. Fascio Nº 650) para exigir la anulación de la causa y evitar que se siente un precedente contra estudiantes que peleamos contra las políticas de ajuste de Macri, Morales y el FMI”.

Contactos:

Maia Hirsch (abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos)
388 154363922

Valentina Melo
388 154698783

Mauro Tabak (abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos)
11 59713239