Trabajadores ferroviarios cortaron durante cuatro horas las vías de la ex línea Roca a la altura de la estación Avellaneda, lo que interrumpió completamente el servicio hasta que lograron que la empresa Metropolitano reincorporase a cuatro empleados cesanteados.

El corte, que comenzó a las 10.30 con apoyo de integrantes de la organización piquetera Polo Obrero e incluyó la quema de neumáticos sobre los rieles, mantuvo paralizado al servicio de trenes hasta pasadas las 14.30.

Entre otras postergaciones, la profundidad de la protesta impidió que partiera una formación hacia Mar del Plata hasta pasadas las 15:00, pese a que su horario de salida era a las 11.35.

"No nos dieron agua, los baños no dan más, el olor es insoportable y no hay aire dentro de los vagones", dijo una mujer mientras esperaba la partida del tren a Mar del Plata.

Los trabajadores denunciaban que sus compañeros fueron "perseguidos" y luego despedidos por reclamar su incorporación al convenio laboral de la Unión Ferroviaria en lugar de estar encuadrados bajo el convenio de Empleados de Comercio.

Pedían que se cumpliera con al acta acuerdo firmada por la empresa la Unión Ferroviaria y el Ministerio de Trabajo, en la cual la privatizada se comprometía a reencuadrar a los trabajadores el 1 de enero de 2007.

Antes de que la negociación concluyera, Transporte Metropolitano rechazó las acusaciones de los trabajadores y explicó que los puestos vacantes de los cuatro empleados despedidos "fueron reemplazados por personal idóneo".

La empresa finalmente aceptó reincorporar a los trabajadores, pese a que en un comunicado había advertido su intención de "no ceder antes los métodos de extorsión que estas personas utilizan contra los usuarios".

Además, el vocero de Metropolitano, Fernando Jantus, sostuvo que los trabajadores fueron despedidos "en diferentes momentos y por diferentes motivos", entre ellos por haber acumulado "severas amonestaciones por abandono del lugar de trabajo y por incumplimientos en la realización de sus tareas".

"Están cometiendo un delito, porque esto no es una negociación, es una extorsión total que mantiene bloqueado todo el servicio y afecta como mínimo a unas 80 mil personas", se había quejado Jantus.