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Editorial

Ésta es la nuestra

La ubicación del conjunto de la cúpula sindical ante la crisis política nacional y el llamado del gobierno a un “pacto social” con las corporaciones empresarias contra los intereses de los trabajadores, abre una gran oportunidad para que avance una corriente de agrupaciones antiburocráticas y combativas en todos los sindicatos, en lucha por la independencia política de la clase trabajadora.

Manolo Romano y Ruth Werner

16 de julio 2009

La ubicación del conjunto de la cúpula sindical ante la crisis política nacional y el llamado del gobierno a un “pacto social” con las corporaciones empresarias contra los intereses de los trabajadores, abre una gran oportunidad para que avance una corriente de agrupaciones antiburocráticas y combativas en todos los sindicatos, en lucha por la independencia política de la clase trabajadora.

Crisis política

¿Qué explica que un gobierno recientemente derrotado en las urnas logre retomar iniciativa, y hasta generar tensiones en sus opositores que vienen de ganarle la elección, con el solo hecho de convocar “al diálogo”?

Significa que la crisis política nacional que se abrió con el fin de ciclo de los Kirchner desenmascara, a su vez, que la oposición no tiene alternativa de recambio ni la clase dominante un plan de conjunto que supere los intereses de sus fracciones.

Los primeros en acudir al llamado al “diálogo” fueron los radicales, más interesados que nadie en fijar un cronograma ordenado hasta el 2011 para evitar que una desestabilización de la presidenta precipite una asunción de Cobos haciéndolos cargo de un gobierno de crisis en forma adelantada. En tanto, Elisa Carrió y Francisco De Narváez encabezarán junto a la Mesa de Enlace una reunión en el Congreso para discutir la “agenda parlamentaria” que pretende el bloque agrario basado en que las elecciones les otorgó la victoria. El problema que subyace es que la burguesía agro financiera difícilmente pueda asentarse como hegemónica sobre el resto, dado que su programa incluye un ajuste fiscal para compensar la pérdida de recaudación que significaría una mayor liberación de las exportaciones, lo que afectaría incluso a sectores de la industria más dependientes de los subsidios del Estado. El gobierno busca aprovechar estas contradicciones entre los programas de los distintos sectores patronales con la formación del Consejo Económico y Social, intentado recuperar apoyo de la UIA y dejando como intransigente los reclamos de las patronales sojeras. Nada está resuelto en las peleas entre bandos patronales.

“Consenso” contra los trabajadores

El único “consenso” que realmente existe entre los de arriba, en medio de estas peleas entre intereses patronales, es contra el salario y las condiciones de vida y empleo de millones. En los preparativos del Consejo Económico y Social, el lunes pasado en la Casa Rosada se reunieron la mayor parte de las corporaciones patronales junto al gobierno y la CGT, los representantes de la UIA, los banqueros de ADEBA, las Cámaras de la Construcción y de Comercio.

Los jefes de los industriales aclararon que “no participarán de la convocatoria, si no está el campo”, pero el principal mensaje de todos los presentes fue en otra dirección: “el empresariado le transmitió al Gobierno su preocupación porque muchos sectores no están en condiciones de dar aumentos de salarios” (El Cronista, 15/7). Por ello es que para la UIA “es indispensable la presencia de los sindicatos industriales (...)no tenemos nada que ver con los gremios del sector servicios”, dijeron en referencia a que actualmente la UOM está en conflicto a pesar que el dirigente de la CGT ya dio la señal de tregua con la aceptación del 17% de aumento para el gremio de Camioneros, monto que ya está pidiendo el resto de la burocracia sindical del transporte, en la UTA y ferroviarios, tratando de fijar el nuevo tope salarial. Una suba que, encima, deja afuera a los millones de trabajadores en negro y desocupados.

No obstante las patronales piden más. La divulgación de un comunicado de la UIA reconociendo, contra las cifras del INDEC, que ya se produjeron 220 mil despidos, tiene el claro objetivo de volver a plantear el chantaje de aceptar postergar las paritarias o fijar topes salariales muy por debajo de la inflación, a cambio de “mantener el empleo”. Como si fuera poco, el programa elaborado por los empresarios de la industria tiene como norte un “ajuste en el tipo de cambio”, una devaluación del peso para volver a los “precios relativos del 2003”. Es decir una licuación del salario como la que, bajo el gobierno de Duhalde, impulsaron estos mismos empresarios como De Mendiguren bajo la batuta de Techint. Los tarifazos que ya están descargando contra el bolsillo popular, como en luz y gas que en algunos casos llega al 300%; así como los despidos a los trabajadores contratados y las suspensiones que continúan en fábricas y establecimientos, son tan sólo un adelanto de las nuevas vueltas de tuerca en la superexplotación que preparan en este nuevo pacto entre empresarios, gobierno y burócratas sindicales.

Ante semejante panorama, el dirigente de la CTA Hugo Yasky declaró que “el diálogo social tiene legitimidad en tanto y en cuanto garantice avanzar con medidas a favor de una justa distribución de la riqueza”. Una vaguedad que embellece la reaccionaria política del gobierno que intenta recuperar “legitimidad” con un “diálogo social” que otorgará nuevas concesiones a las patronales concertando las pérdidas para los trabajadores. Para Yasky hay una “disputa entre los intereses de unos y de otros”, pero, ejerciendo un oficialismo vergonzante, oculta pronunciarse sobre los Kirchner, el colmo para quien dirige una central sindical donde la abrumadora mayoría de sus afiliados son estatales y docentes, es decir que tienen como patrón al propio gobierno. La orientación de la conducción de la CTA es buscar un lugar, que hasta ahora sólo tiene la CGT, en la mesa de negociación donde se condicionarán los salarios y el empleo de millones.

Un programa de defensa de la clase trabajadora

Luego de la derrota del gobierno, y con el mar de fondo del descontento por el deterioro del salario y las condiciones de empleo, crece la tendencia a la intervención de los trabajadores. Lo muestra el histórico paro en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca por aumento de salario y exigiendo una paritaria única de efectivos y contratados; el nuevo paro de 48 horas de los petroleros de Neuquén y Río Negro contra los despidos de las multinacionales, al igual que lo hacen con movilizaciones los contratados de Edesur en la Capital. Los obreros que en Acindar resisten en asamblea los despidos; y los metalúrgicos de Paraná Metal que cortaron la ruta contra los masivos descuentos realizados por la empresa. Los obreros de la alimentación de Terrabusi y Stani que fueron al paro contra la desidia empresaria a causa de la gripe A, o la renovada resistencia de los trabajadores de ATE INDEC. Pero no son sólo luchas. En ellas también persisten los procesos de organización, de surgimiento de nuevos delegados y activistas que empiezan a enfrentar a las patronales y a la burocracia sindical.

El programa de reivindicaciones obreras inmediatas incluido en la plataforma del Frente de Izquierda, para que la crisis la paguen los capitalistas, tiene aún más vigencia después de las elecciones: “Prohibición de despidos y suspensiones. Reparto de las horas de trabajo sin tocar el salario. Salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar ($4.300), mensualmente indexable según el aumento real del costo de vida. Paritarias libres que incluya a todos los trabajadores, con paritarios electos en asamblea. 82% móvil para los jubilados. Por la administración de los trabajadores y jubilados de los fondos jubilatorios. Eliminación del IVA de la canasta familiar. Subsidio universal a todos los desocupados de $2.000 por mes. Pase a planta permanente de los contratados, pasantes y trabajadores en negro y derogación de todas las leyes y decretos de flexibilización laboral. Por la nacionalización bajo control y administración de los trabajadores de toda empresa que cierra, despida o suspenda masivamente. Por la unidad de los trabajadores del campo y la ciudad. Abajo la ley videlista que transforma a los trabajadores rurales en los más explotados del país, mantenida en vigencia por el gobierno de los K”.

Es un importante punto de partida para impulsar el agrupamiento para la lucha de clases, de activistas y nuevos delegados combativos en todos los lugares de trabajo y los sindicatos. En estas nuevas condiciones está planteado buscar los puentes para incidir en la clase trabajadora, en especial la concentrada en el Gran Buenos Aires, donde se abre una oportunidad política a partir de la derrota política sufrida por el PJ bonaerense y la CGT moyanista. Esta es la cuestión central. En estos años el grueso de la clase trabajadora no luchó de frente contra el gobierno de Kirchner. Salvo algunos sectores de docentes y estatales, la mayoría obrera en los años de crecimiento económico hizo una experiencia de lucha sindical, una “puja distributiva” o en defensa del empleo contra las patronales, y en muchos casos también contra las patotas sindicales. Pero no tuvo enfrentamientos políticos como los paros generales que hubo en los años ’80 durante el proceso previo a la crisis que derivó en la huida de Alfonsín; o las huelgas y levantamientos contra los ataques frontales de los gobiernos de Menem y De la Rúa, antes del derrumbe del 2001. La convocatoria al “diálogo” y el Consejo Económico y Social, más allá de las crisis interburguesas por las que atraviese, muestran una tendencia al ataque concertado entre la clase empresaria y el aparato del gobierno, incluyendo su “nuevo Congreso”, sus nuevas leyes, sus nuevas instituciones como el Consejo Económico y Social, y sus nuevas policías como la de Macri comandada por la derecha represiva. La tendencia va a ser a que junto a la lucha antipatronal y el enfrentamiento a la burocracia sindical colaboracionista, comience una experiencia política con el gobierno, el peronismo y la oposición patronal. Una corriente político–sindical clasista debe proponerse impulsar un gran partido de la clase trabajadora para que la crisis la paguen los capitalistas.

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