Uno de los aspectos más crueles de la gestión de Macri es su política en el área de vivienda. En la ciudad más rica del país, 500.000 habitantes viven en condiciones espantosas. No podría ser de otra manera, su gobierno desmanteló por completo el Instituto de la Vivienda, encargado de viviendas populares. Además de ofrecer para las mega-constructoras terrenos fiscales a precios irrisorios, Macri, con ayuda de la Policía Federal, desalojó cientos de edificios ocupados por familias pobres para que en esos mismos lugares se levantaran torres de lujo. Y si esas mismas familias que terminaban en la calle “afeaban” la vista de alguna coqueta plaza porteña, el macrismo a través de la hoy desaparecida UCEP, los molía a palos para expulsarlos. Y como el escándalo de la UCEP obligó al PRO a disolverla, el gobierno ahora persigue a los habitantes más humildes de la ciudad a través de la “justicia”.

El lunes 4 de octubre, la jueza María Luisa Escrich, condenó con penas de 6 meses de prisión (en un caso de cumplimiento efectivo) a 9 inquilinos de un inquilinato de San Telmo por el delito de usurpación. De los condenados, 5 son madres solteras que trabajan como empleadas domésticas para mantener a sus 12 hijos. La lista se completa con un discapacitado, un obrero panadero, un anciano de 78 años y un mensajero. En todos los casos y como consta en los expedientes judiciales estas familias pagaban alquiler y estaban dispuestos a seguir pagándolo a quien la justicia identificara como el propietario.

El fallo de la jueza Escrich es escandaloso. Quien efectuó la denuncia no sólo no es el dueño del inmueble si no que es un hampón que para quedarse del valioso edificio llegó a amenazar con un bidón de nafta de prender fuego a las familias que allí vivían.

Debemos exigirle a la Cámara de la Ciudad N° III que revierta este nefasto fallo. Por eso una delegación del PTS, encabezada por Christian Castillo y Charly Platkowski, se hizo presente en la manifestación frente a los tribunales para apoyar la lucha de los inquilinos y exigir no solo la nulidad del fallo si no también el derecho a una vivienda digna para todos los habitantes de la ciudad.

PTS – Ciudad de Buenos Aires