Los intentos de explicar el porqué de la magnitud del terror genocida de la dictadura argentina han sido varios. En la mayoría de ellos, sin embargo, se soslaya que si los distintos sectores de la élite dirigente argentina recurrieron a tal “salida” es que se habían propuesto una tarea nada sencilla: disciplinar a una clase trabajadora que ganaba en fuerza y combatividad, que en forma creciente desbordaba a las direcciones sindicales burocráticas y en cuyo seno se desarrollaban combinadamente tendencias a poner en pie organismos que eran formas embrionarias de poder dual (las “coordinadoras interfabriles”) y a la superación política de la experiencia peronista.
La relativa omisión de esta cuestión responde al tipo de interpretaciones que han prevalecido sobre la época, en la cual el agudo enfrentamiento de clases existente previamente al golpe –casi ininterrumpido, aunque con distintos grados, desde las semi-insurrecciones de Córdoba y Rosario en 1969– es frecuentemente reducido a la lucha entre las fuerzas represivas del Estado y las organizaciones guerrilleras.
Aunque con obvias diferencias, esta visión está presente en los tres discursos que hemos escuchado más frecuentemente en estos años.
En primer lugar, el originalmente sustentado por los propios militares, que abonaron la teoría de que lo ocurrido fueron meros “errores y excesos” dentro de una “guerra” contra el “terrorismo y la subversión”, como puede por ejemplo leerse en el “Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, en el que se justifica el terror genocida diciendo que “la subversión” había reclutado veinticinco mil efectivos de los cuales quince mil estaban “técnicamente capacitados e ideológicamente fanatizados para matar”, y se señalan como cumplidos los objetivos de “derrotar a la subversión y al terrorismo”. Como ha sido repetidamente señalado, esta visión sobreestima ex profeso la fuerza real de la guerrilla (que en el momento del golpe se encontraba militarmente derrotada –el ERP luego del fracaso de Monte Chingolo en diciembre de 1975– o debilitada –en el caso de Montoneros), para ocultar el objetivo real de disciplinamiento social jugado por el andamiaje del terror genocida.
El segundo de estos discursos es el que comúnmente se conoce como la “teoría de los dos demonios”, que fue el relato oficial del período “alfonsinista” y se encuentra consagrado, por ejemplo, en el prólogo del Nunca Más. El comienzo de este texto es ilustrativo de esta visión, que asume el argumento militar de que su acción fue una respuesta al “terrorismo de extrema izquierda”, aunque condena la forma en la cual se dio la represión al mismo:
“Durante la década del ‘70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: ‘Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura’.
No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos. [...]
Se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de los hechos sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976, y hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el contrario, nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror, y lo repetimos una vez más en estas mismas páginas”.
Más allá de algún matiz, lo esencial de esta visión –que, nótese, pone el eje de la crítica a la acción dictatorial en haberse apartado del marco jurídico de las “formas democráticas” para el ejercicio de la represión y no en el contenido social y político del terror genocida– ha sido abonada por un amplio núcleo de intelectuales que ejercieron predominancia dentro de lo que en Argentina se denomina “progresismo”, como los nucleados en la influyente revista Punto de Vista1 .
El relato donde los desaparecidos eran presentados en su mayoría cómo “víctimas inocentes” (una visión con la que se acepta tácitamente la “culpabilidad” de quienes pertenecían a la guerrilla o a la militancia revolucionaria en general)2, tuvo tal peso que en los recordatorios hechos por los familiares que a diario aparecen en distintos medios, en particular el diario Página/12, hasta mediados de los ’90 poco o nada se mencionaba de la actividad militante de los asesinados por el régimen.
Podríamos decir que a partir del 20° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, esta visión comenzó a ser reemplazada por una reivindicación de la pertenencia y de la acción militante de los desaparecidos, un discurso sostenido hasta ese momento solamente por las Madres de Plaza de Mayo (en particular por el sector liderado por Hebe de Bonafini) y por los partidos de izquierda. Es así que se publicaron distintos libros y artículos reflejando la actividad militante de quienes luego fueron “desaparecidos” por la dictadura, así como también diversos análisis del proceso3 y
libros compilando documentos políticos de la época. De este conjunto de trabajos el más difundido en el “gran público” posiblemente fue La Voluntad, la obra en tres tomos publicada por Martín Caparrós y Eduardo Anguita. También el cine dio cuenta de esta tendencia que continúa hasta el presente, con la película Cazadores de utopías, que se basa en testimonios de distintos militantes de la izquierda peronista, fundamentalmente de Montoneros.
Pero este “tercer relato” sobre los años ‘70 y la dictadura, con la enorme diferencia respecto de los anteriores de reivindicar la militancia revolucionaria, también subestima las grandes acciones de masas protagonizadas por la clase obrera, tanto en el período previo al golpe como bajo la misma dictadura. Por ejemplo, en La Voluntad, la gran huelga de los obreros metalúrgicos de Villa Constitución en 1975, cuya represión realizada por el gobierno de Isabel Perón fue un ensayo de los métodos luego generalizados por los militares, no merece más que unas pocas líneas, y entre los distintos protagonistas escogidos ninguno pertenece a las organizaciones de la izquierda clasista que en vez de la opción guerrillera habían centrado su accionar en las fábricas y empresas, como el Partido Socialista de los Trabajadores o Política Obrera4 , ambas trotskistas, contando en especial el primero con una muy importante inserción en los sectores obreros más combativos. También la mayoría de los militantes tomados como referencia son estudiantes o provenientes de las clases medias (incluso los protagonistas que actúan en medios obreros son predominantemente estudiantes “proletarizados”), lo que contrasta con la composición social de los desparecidos que brinda el Nunca Más. Según el informe de la CONADEP, los porcentajes de víctimas de la represión que continúan desaparecidas o que fueron liberadas después de pasar por centros clandestinos de represión son: obreros 30,2%, estudiantes 21%, empleados 17,9%, profesionales 10,7%, docentes 5,7%, autónomos y varios 5%. Siguen amas de casa, conscriptos y personal subalterno de fuerzas de seguridad, periodistas, actores, artistas y religiosos. Es decir, más de la mitad de los afectados por la represión eran trabajadores: entre obreros, empleados y docentes suman un 54% y casi un 30% entre estudiantes y profesionales. Incluso todo indica que el porcentaje de los desaparecidos obreros y provenientes de los sectores populares sea bastante superior debido a que no todos los casos fueron denunciados en su momento por el temor a represalias posteriores, como señala el mismo informe.
De a poco, sin embargo, un “cuarto relato”, uno que centra su análisis en el protagonismo de la clase obrera y las acciones de masas, comienza a emerger, no casualmente cuando los aires de la acción insurrecta de masas volvió a instalarse con fuerza en Argentina con las “jornadas revolucionarias” del 19 y 20 de diciembre de 2001. Un año antes de esos acontecimientos, Eudeba, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, publicó Los setentistas. Izquierda y clase obrera: 1969-1976, de Pablo Pozzi y Alejandro Schneider5 . Se han producido películas sobre el “Cordobazo” y otras que ligan las actuales acciones populares con las de aquellos años6 . Se han reeditado algunos trabajos que habían merecido en su momento poca atención y hay varios otros en curso.
La importancia de esta visión es que da fundamento al hecho de que la Argentina vivió entre 1969 y 1976 un verdadero proceso revolucionario, no reductible a la acción de las organizaciones guerrilleras, que tuvo a la clase obrera como principal protagonista. Una clase que pese a la derrota sufrida con el golpe siguió resistiendo en la clandestinidad y fue posiblemente el principal factor de erosión del poder militar, ya en crisis aguda antes de que la derrota militar en la guerra de Malvinas provocase su derrumbe.

La situación de la clase obrera en los momentos previos al golpe

El proletariado argentino llega al ascenso de los ‘70 con una gran fortaleza social, un importante grado de “centralidad obrera” y una larga escuela de lucha y organización desde el ’55, cuando un golpe de Estado terminó con el segundo gobierno peronista.

Había 1.350.000 trabajadores en industrias con un aumento del peso de las ramas dinámicas de la economía (siderurgia, automotriz) en el marco de un proceso de concentración capitalista.
Además de la fuerza cuantitativa, la clase obrera tenía un enorme peso social que aún le daba su poder en las plantas a través de los delegados de sección y las comisiones internas. Esta fortaleza se expresaba también en los más de 2.500.000 afiliados a los sindicatos. A fines de la década del ‘60 el empleo industrial participaba del total del empleo en un 29,7% (comparemos esto con los siguientes dados: en los años ‘70 el empleo industrial baja –dictadura mediante– al 24,2%; en los ’80, 24,1%; en los ’90 a un 18,8%; en 2000: 16,6%).
En el primer momento de la etapa revolucionaria abierta en mayo de 1969 protagonizó levantamientos semi-insurreccionales en varias de las provincias más importantes del país, con el Cordobazo cómo símbolo de los mismos. El papel central jugado por la clase obrera en estos acontecimientos es señalado en numerosos trabajos7 .
Menos difundidas han sido, sin embargo, las acciones que protagonizó en los momentos anteriores al golpe. La magnitud que asumió el terror genocida de la dictadura contribuyó sin duda a opacar la fuerza que había tomado la lucha obrera en el último período del gobierno de Isabel Martínez, a partir del fracaso del “pacto social” planteado por el ejercicio en el Ministerio de Economía de José B. Gelbard. Con Isabel en el gobierno (y José López Rega como verdadero “poder en las sombras”) el gobierno peronista intentó mostrarse como capaz de derrotar la insubordinación obrera. Sin embargo, las medidas antipopulares anunciadas a mediados de 1975 por el nuevo ministro de economía, Celestino Rodrigo, un hombre de López Rega, no hicieron más que desatar la furia obrera y un auge de la lucha de clases con epicentro en el núcleo industrial del país, el Gran Buenos Aires, pero también en el cordón industrial de Rosario, Córdoba, Mendoza... Analizando este proceso, María Celia Cotarelo y Fabián Fernandez señalan: “En los meses de junio y julio de 1975 tiene lugar una lucha llevada a cabo por el conjunto del movimiento obrero argentino contra la política desarrollada por el gobierno de María Estela Martínez de Perón, cuyo detonante es el intento de aplicación de las medidas económicas conocidas con el nombre de ‘Rodrigazo’. A partir de entonces, en el marco de la crisis del conjunto de la forma de organización de la sociedad basada en las relaciones propias del capital industrial, se agudiza la crisis del gobierno, que se revolverá con el golpe de Estado de marzo de 1976 llevado a cabo por los cuadros militares y políticos de la oligarquía financiera”8 . Los autores agrupan las acciones protagonizadas por los trabajadores en esos meses en dos períodos. El primero se extiende desde el 2 de junio, en que fechan el comienzo de las acciones, hasta la huelga general declarada por la CGT el 27 del mismo mes. El segundo, desde el 27 de junio hasta los días 7 y 8 de julio en que se lleva a cabo la segunda huelga general de la CGT en el transcurso de este proceso, que culmina con la renuncia de Rodrigo y López Rega y con la homologación de los aumentos de salarios obtenidos en la negociaciones paritarias que el gobierno se negaba a aceptar. El trabajo demuestra la hipótesis de que “las ‘jornadas de junio y julio de 1975’ constituyen uno de los hechos más importantes en el proceso de luchas sociales en Argentina, ya que en ellas se pone de manifiesto la crisis de la fuerza del capital industrial (la fuerza de la reacción), a la vez que se encuentran presentes los elementos que tienden a su superación (tanto desde el campo del pueblo como desde el campo del régimen)”9.
El movimiento fue in crescendo: la lucha comienza a desarrollarse desde comienzos de junio en algunas de las ciudades más importantes del país, asumiendo la forma de huelga por lugar de trabajo, por rama y parcial por localidad, acompañadas de manifestaciones callejeras y concentraciones frente a casas de gobierno y locales sindicales. Luego se producen las dos huelgas generales convocadas por la CGT. ¿Qué produjo semejante reacción obrera? Correctamente los autores del trabajo citado señalan: “El detonante de la lucha es el anuncio de las nuevas medidas económicas por parte del ministro Celestino Rodrigo a comienzos de junio, que lleva a la suspensión temporal de las negociaciones paritarias entre sindicatos y cámaras empresarias, que se están desarrollando desde tiempo antes. Uno de los pilares del Plan Rodrigo es el intento de reducir el salario de los trabajadores, por lo que el gobierno trata de establecer topes a los anuncios salariales a fijarse en los convenios colectivos que deben renovarse. A pesar de esto, finalmente se firman aumentos que superan estos topes, por lo que el gobierno declara que no homologará los convenios. Sin embargo, como resultado de la lucha del movimiento obrero, el gobierno debe retroceder de su posición original: homologa los convenios y renuncian los misnistros y funcionarios involucrados en esta política, en particular, Rodrigo y el ministro de Bienestar Social, José López Rega”10.
Las acciones protagonizadas en esos días por los trabajadores no fueron una más de las tantas huelgas generales protagonizadas por la clase obrera argentina. Iniciada como una rebelión de las bases contra los dirigentes burocráticos, se trató del hecho altamente significativo de ser la primera huelga general que el movimiento obrero organiza contra políticas impulsadas por un gobierno peronista, poniendo de manifiesto la crisis del proyecto político y social expresado por éste. Además, en el curso de este proceso, y esto es una cuestión de gran importancia, cobraron fuerza las llamadas “coordinadoras interfabriles”, con fuerza particular en el Gran Buenos Aires, que organizaron las primeras movilizaciones y constituyeron formas embrionarias de un “poder dual” de los trabajadores, en cierto sentido comparables, aunque de menor envergadura, que lo que fueron los “cordones industriales” en el Chile previo al golpe pinochetista. 

Las “coordinadoras interfabriles”

Las “coordinadoras interfabriles”, en las que participaban comisiones internas, cuerpos de delegados y aún seccionales de algunos sindicatos, tuvieron su fuente en los organismos de base que la clase obrera argentina conquistó a nivel de fábricas y establecimientos. Las Comisiones internas y los cuerpos de delegados, las Comisiones de reclamos, el papel de las asambleas de sección y de fábrica, constituyeron una extraordinaria conquista de la clase obrera, y el núcleo organizativo de su fuerza social y su cohesión de clase.
Al respecto, Adolfo Gilly hizo un interesante análisis de esta peculiaridad, un rasgo que él denominará, la “anomalía argentina”: “Este nivel de organización, posiblemente el más alto de América Latina y uno de los más altos del mundo, tiene un punto de fuerza en el seno mismo de la producción, en los delegados de sección, los cuerpos de delegados y las comisiones internas. Este poder social ejercido en el lugar de trabajo tiende a crear periódicamente en el capitalismo argentino una crisis de valorización y una crisis de acumulación, al impedirle comprimir el salario en medida suficiente para recuperar la tasa de ganancia, al cuestionar el mando mismo del capital en el lugar de producción, el control del proceso de trabajo en la fábrica”11.
Complementando la definición de “anomalía argentina” podemos decir que la organización fabril, más allá de la voluntad permanente del peronismo de limitarla y reglamentarla, constituyó una especie de “democracia de los nervios y los músculos” (como señalaba Nahuel Moreno) que limitó en gran medida, tanto bajo los dos primeros gobiernos de Perón como después de su caída, el aumento de la explotación patronal, cuestión que se cristalizó en importantes conquistas para los trabajadores. Desde este punto de vista la organización fabril de base fue un límite al poder de la dictadura del capital en las unidades de producción y uno de los objetivos a liquidar por todos los gobiernos capitalistas.
Los rasgos característicos de esta organización de base están en que “hunde sus raíces en la fábrica, en el proceso productivo, no solamente en la relación salarial. En la etapa tumultuosa de su organización, los obreros estructuraron el sindicato a partir de la fábrica. Se hizo corriente la práctica de las asambleas por sección (departamento). La organización de fábrica se constituyó sobre la base de delegados obreros elegidos por cada sección”12.
La Comisión interna era expresión del colectivo de la fábrica, reflejando su estructura misma como colectivo de productores, fuertemente permeable, por el estrecho contacto cotidiano entre delegados y trabajadores de a pie, a las presiones, inquietudes y control de éstos, al menos en las fases de ascenso obrero. Debajo de la comisión interna, “en las grandes fábricas, el conjunto de los delegados de sección funcionó como cuerpo de delegados, especie de ‘parlamento’ obrero interno, donde, por regla general, estaban representadas todas las corrientes políticas cuya autoridad entre los obreros de la fábrica les permitía contar con delegados: naturalmente, la corriente peronista era tan ampliamente mayoritaria entre los delegados como entre la clase”13.
La incorporación de decenas o cientos de miles de trabajadores a la militancia sindical en estos órganos proporcionó una escuela incomparable de experiencias de lucha y organización y, si bien las fases de retroceso permitían la cooptación de los delegados por la burocracia y la pérdida de control de los trabajadores sobre su propia organización de fábrica, las fases de resistencia activa a los ataques patronales, o de auge obrero, mostraban rápidamente tendencias a la recuperación de estos organismos, al debilitamiento o desplazamiento del control burocrático, y a una renovada militancia de base, con el surgimiento o reactivación de amplias camadas de activistas que soldaban los lazos entre las comisiones internas y la masa obrera.
Este fenómeno se manifestó en toda su amplitud con el surgimiento de las “coordinadoras interfabriles” de 1975 que, más allá de los antecedentes existentes en el período inmediatamente anterior (como los plenarios clasistas del ’70-’71 o el Plenario de Villa Constitución), se desarrollaron en los eventos de junio y julio.
En un ambicioso trabajo aún inédito, Ruth Werner y Facundo Aguirre14 muestran cómo las distintas fuentes coinciden en fechar el desarrollo de las coordinadoras en aquellos acontecimientos.
En una declaración reproducida en el periódico El Auténtico del 23 de diciembre de 1975 es la misma Coordinadora de Gremios y Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en lucha de Capital y Gran Buenos Aires que da cuenta de esta realidad: “Así es como en la primera semana de julio de 1975 los trabajadores iniciamos una huelga general de 10 días sin esperar que Herrera y Miguel lo decidieran. Ellos no tuvieron más remedio que apoyarnos para no quedar definitivamente desautorizados ante las bases, por ello paramos y nos movilizamos independientemente de sus maniobras burocráticas, elegimos nuevos delegados, formamos coordinadoras de internas por gremio, como en UOM, UTA, UF, etc. y confluimos en la Coordinadora de Gremios y Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en lucha que en Capital y Gran Buenos Aires nuclean a más de 130 organismos representativos de las bases”.
En un balance presentado por Avanzada Socialista, periódico del PST, en agosto de 1975 también se informa que las coordinadoras se constituyeron durante la pelea por homologar los convenios, cuando logran encabezar movilizaciones de miles de trabajadores de La Plata y el Gran Buenos Aires. Según esta fuente el ejemplo de intentar una coordinación realizado durante el período de las “rebeliones antiburocráticas” y el Villazo fue retomado en varios puntos del país en Junio, cuando la clase obrera preparaba su respuesta al Rodrigazo: “[Su] actividad fue creciendo en la lucha que se dio [...] por la homologación de los convenios, cuando desde La Plata, el oeste y el norte del Gran Buenos Aires la Coordinadora logró arrastrar movilizaciones de varios miles de compañeros. En esta misma etapa surgió una Coordinadora de los mercantiles de la Capital Federal que, aunque sin una fuerte organización, lograron reunir asambleas muy numerosas frente a la sede de su sindicato. También sanidad y bancarios de la Capital Federal son gremios donde han surgido Coordinadoras. Cuando decayó la lucha por los convenios también se diluyó en gran medida la actividad de estos nucleamientos”15.
Las Coordinadoras tuvieron su bautismo de fuego movilizando a los trabajadores de Ford, Del Carlo, los Astilleros del Tigre, Fanacoa, de distintos laboratorios y otras muchas empresas en la zona norte del Gran Buenos Aires; Indiel y Santa Rosa encabezando el oeste, Propulsora, Astilleros, Petroquímica a la vanguardia de La Plata, Berisso y Ensenada, metalúrgicos, mecánicos, el caucho y otros gremios en Córdoba; las coordinadoras unieron la oleada de luchas por aumentos, luego de las paritarias.
A su vez distintos historiadores coinciden con esta visión. Daniel James plantea que “En la estela del Rodrigazo brotaron ‘comisiones coordinadoras’”16 y Yolanda Colom y Alicia Salomone agregan que, según su investigación, “el impasse abierto en las negociaciones desde el 27 de Junio, al 7 y 8 de Julio, abren el camino de su constitución, motorizadas por un fuerte movimiento de las bases obreras organizadas en los cuerpos de delegados y las comisiones internas, en defensa del salario y los convenios colectivos, que se conjuga con un repudio al ala derecha del régimen representada por Rodrigo y López Rega”17. Por su parte, Alejandro Schneider, en su investigación sobre la acción obrera bajo la dictadura en la zona norte del Gran Buenos Aires señala que “durante el tercer gobierno peronista (1973 - 1976) se desarrollaron numerosas luchas obreras que impugnaron los diversos planes económicos así como también el comportamiento de la dirigencia sindical tradicional. Más aún, en esta zona del conurbano, la movilización obrera alcanzó uno de sus máximos niveles de expresión con la conformación de una de las Coordinadoras Interfabriles más importantes de esos años”18.
En cuanto a la magnitud del fenómeno, los resultados preliminares del trabajo de Werner y Aguirre (basado tanto en datos provenientes de las publicaciones de las organizaciones de izquierda del período –incluyendo la izquierda peronista– como de numerosas entrevistas a participantes directos) han logrado una identificación muy amplia de los protagonistas de las coordinadoras. Considerando distintas fuentes su registro identifica al menos 113 fábricas y establecimientos, en su gran mayoría “medianos” y “grandes”, agrupando alrededor de 160.000 trabajadores, que tomaron parte activa en sus plenarios y reuniones, considerando solamente Capital Federal y las zonas norte, sur y oeste del Gran Buenos Aires (incluyendo La Plata, Berisso y Ensenada). De este total, 51 se localizan en la zona norte del Gran Buenos Aires, 23 en la zona sur –incluyendo Berisso, La Plata y Ensenada–, 19 en la zona oeste y 20 en la Capital Federal19 .
Este incremento de la actividad obrera bajo el liderazgo de sectores combativos fue registrado claramente por la burguesía y sus políticos, que llamaron a enfrentar la “guerrilla fabril”, término empleado por el líder del radicalismo Ricardo Balbín. Un pronunciamiento de las Coordinadoras de finales de 1975 respondía de la siguiente manera a los ataques burgueses:
“La frase ‘guerrilla industrial’ aparece frecuentemente en boca de funcionarios oficiales, militares, algunos sectores del clero como Bonamín o Tortolo, burócratas sindicales, políticos como Alsogaray, Manrique y Balbín y los editoriales de La Prensa y La Nación. Quienes hacen uso de esta frase en ningún momento han especificado claramente su significado.
Es más, entre los 3000 presos políticos gremiales y estudiantiles existentes en el país no hay ningún procesado como guerrillero industrial. Pero esta falta de precisión no impide que todos los sectores mencionados encuentren un destinatario preciso para dicha frase. Cada uno de los cientos de miles de trabajadores que a lo largo de 1975 han parado, se han movilizado o parado en defensa de sus derechos, y que en el 90% de los casos lo han tenido que hacer al margen de las direcciones burocráticas del movimiento obrero.
La historia de la clase trabajadora aquí o en cualquier parte del mundo está plagada de ejemplos que nos demuestran que la huelga y la movilización son las herramientas más contundentes con que contamos los trabajadores para defender nuestros derechos. O sea que los trabajadores en 1975 no hemos inventado nada nuevo, simplemente estamos obligados a abandonar nuestro puesto de trabajo y ganar la calle en forma más permanente porque nos encontramos frente a un gobierno que a pesar de haber sido elegido por la inmensa mayoría de nuestro pueblo, está gobernando al servicio de la oligarquía y los grandes monopolios nacionales y extranjeros.
Lo único nuevo en la historia de nuestro movimiento obrero es que hoy por esa mayor conciencia que tenemos los trabajadores enfrentamos decididamente a los dirigentes que traicionaron y traicionan nuestras luchas”20.
Aunque la actividad de las coordinadoras mermó luego de las jornadas de junio y julio, reaparecieron durante las protestas del verano contra el llamado Plan Mondelli. Con la conciencia de enfrentar a una clase imposible de disciplinar por medios “normales”, el conjunto de la burguesía apostó al golpe de Estado21 .
No sólo el propio gobierno peronista había avanzado en 1975 ordenando a las fuerzas armadas utilizar los medios necesarios para “aniquilar” a la guerrilla, sino que toda la “clase dirigente” apostó a la salida del golpe. Bastan unos pocos testimonios para graficar la situación.
Menos de 10 días antes del golpe, Balbín, el más reconocido dirigente de la Unión Cívica Radical daba un discurso por cadena nacional que el diario La Nación del 17 de marzo lo comentaba así: “Tras alertar sobre la guerrilla que ‘está poniendo en peligro al país y encendiendo una mecha en el continente’, exaltó a las FFAA, ‘las más meritorias que he visto en mi vida. Las que soportaron todo, las que enterraban a sus muertos y hablaban de las instituciones’. La situación militar podría ser considerada irreversible...‘Tomo la historia, sus modos, para tener el derecho de decir que está todo naufragado. Unir la nación, iniciar la búsqueda de la unidad de los argentinos tiene un profundo significado... Algunos suponen que yo he venido a dar soluciones. No las tengo... Pero las hay. Esta es la unión para el esfuerzo común de los argentinos’”.
No se quedaban atrás otros partidos menores como el Partido Socialista Democrático: “Hay necesidad de superar la situación, pero sólo se lograría con un acuerdo que, más allá de lo minúsculo, tuviese como finalidad desarmar el sistema social que nos llevó a esta espantosa crisis moral, material, política y social” (Américo Ghioldi, La Nación, 23-3-76). Mientras, la Iglesia decía en boca del sacerdote Victorio Bonamín: “Dios le está pidiendo algo al ejército” (La Nación, 22-3-76)22.
Por su parte, el Partido Comunista, cuya complicidad con la dictadura de Videla es ampliamente reconocida, afirmaba al día siguiente de producirse el golpe:
“Si la Junta Militar es una transición al tipo de gobierno que el país necesita, se habría dado un paso adelante. Se derrumbaría la barrera que separa a las FFAA del pueblo” (25-3-76, extracto de la declaracion del PC frente al pronunciamiento castrense).

Y pocos días después escribía en su nueva publicación: “Todo el país escuchó con sumo interés y expectativa el discurso inaugural del Presidente de la República. Corresponde, pues que todos los sectores patrióticos de nuestro pueblo, recogiendo el llamado presidencial, participen en la reorganización democrática y el gran debate que ella suscita en la nueva etapa que vivimos... En cuanto a sus formulaciones más precisas... afirmamos enfáticamente que constituyen la base de un programa liberador que compartimos... El Presidente afirma que no se darán soluciones fáciles, milagrosas o espectaculares. Tenga la seguridad que nadie las espera... El general Videla no pide adhesion sino comprension. La tiene” (8-4-76, editorial de Julio Laborde aludiendo al discurso “inaugural” del general Videla en el N°1 de Tribuna Popular, órgano oficial del PCA)23.
Como es sabido, el golpe dirigió sus fuerzas contra la clase obrera inmediatamente, rodeando los militares con tanques las principales fábricas y deteniendo a centenares de delegados combativos24. La burguesía sabía que debía golpear en el momento en que las clases medias abonaban los pedidos de “orden” y donde la clase trabajadora todavía no había completado su proceso de superación de la dirección peronista. Bajo la influencia negativa de la estrategia guerrillera, y ante las oscilaciones de las organizaciones que se reclamaban del trotskismo que le impidieron ofrecer una alternativa de mayor envergadura, la vanguardia obrera llegó a estos procesos sin que hubiesen terminado de madurar ni los organismos a través de los cuáles ejercer su hegemonía ni la dirección política capaz de conducirla a la victoria. Evitar esta maduración era también para la burguesía una cuestión vital para poder pasar a la contraofensiva.

La resistencia obrera a la dictadura

Puesta a la defensiva, y pese a la represión salvaje, la clase obrera protagonizó una resistencia sistemática a la dictadura, primero recurriendo al sabotaje y formas de lucha clandestina heredadas del período de la “resistencia”. Como señala Pozzi: “Al darse el golpe, el movimiento obrero en su amplia mayoría ya había iniciado el duro proceso de reajuste [...] En base a la experiencia histórica forjada bajo dictaduras anteriores, particularmente la de 1955-58, se aplicarían métodos de lucha y organización más acordes con la represión desatada y la falta de organización legal”25. Esta resistencia, alentada por el carácter profundamente antiobrero de la política económica de la dictadura, pasaría por distintas fases. Schneider señala en el trabajo antes referido que “en el transcurso de los primeros años del régimen militar –a diferencia de algunas hipótesis que sostienen lo contrario– la clase obrera presentó, en nuestra área de investigación, una tenaz resistencia contra los designios propuestos por el Proceso. Estos enfrentamientos defensivos tuvieron una serie de patrones comunes: la sorpresividad de las protestas, su restricción puntual al ámbito de la empresa, los paros fueron de escasa duración y con una importante cantidad de quites de colaboración y de sabotaje. Así mismo hubo una estrecha coordinación de las bases en los lugares de trabajo y una organización clandestina de las medidas por fuera de los tradicionales canales orgánicos sindicales. La combinación y la minuciosa concertación de los hechos recién descriptos –en un entorno ferreámente represivo– implicó la existencia latente de un alto nivel de conciencia de clase. Esta se manifestó, sobre todo, en la oleada de luchas surgidas en el último semestre de 1977; la cual se caracterizó por realizarse al margen y en contra de (algunos) dirigentes sindicales y porque expresó la existencia de ‘vasos comunicantes’ entre los diversos sectores obreros que enfrentaban al gobierno. Por último, el maduro nivel de su conciencia gremial se comprueba si se evalúan las causas que determinaron la mayoría de los enfrentamientos”26. Luego del momento de mayor defensiva la conflictividad obrera volvería a aumentar particularmente a partir de 1979, cuando el proyecto económico de la dictadura comienza a entrar en crisis y las clases medias comienzan un lento pero progresivo peregrinaje a la oposición. Ya ese año se produce la Jornada Nacional de Protesta del 27 de abril de 1979, como respuesta de la dirección sindical frente a los conflictos obreros que tenían lugar por la base y en 1980 se desarrollan varios conflictos incluso con tomas de fábrica. En 1981 las luchas se extienden. El 7 de noviembre la marcha por “Paz, Pan y trabajo” a San Cayetano, que fue organizada por la CGT y apoyada por algunos partidos políticos, reunió más de 50.000 personas. Más allá de las consignas convocantes, durante dicha acción los manifestantes comenzaron a gritar: “se va a acabar la dictadura militar”, “que aparezcan los que no están”, “asesinos”, “libertad”. La infantería cargó contra los manifestantes y éstos respondieron. La manifestación se llamó justamente la “marcha de la bronca”. Manifestaciones similares se producen en otros puntos del país. Pozzi señala en el trabajo citado que para comienzos de 1982 “la situación era cada vez más incontrolable. Esto último se vio reflejado en varios incidentes a principios de 1982. El primero ocurrió cuando el titular de la Comisión Nacional del Trabajo (CNT), Jorge Triaca, se apersonó en la seccional del gremio plástico de la zona norte del Gran Buenos Aires, y de allí fue expulsado a puñetazos por los obreros entre gritos de ‘traidor’ y ‘colaboracionista’. [...] El 5 de marzo más de dos mil personas se movilizaron a la Casa de gobierno para reclamar por los desaparecidos. El 17, durante un homenaje a Carlos Andrés Perez, ex presidente de Venezuela, el público comenzó a corear ‘¡La sangre derramada no será negociada!’ en oposición a la propuesta de establecer un acuerdo entre civiles y militares”. El 30 de marzo la CGT llama a una manifestación a Plaza de Mayo, que terminó con centenares de detenidos y duros enfrentamientos con las fuerzas represivas. Al día siguiente la CGT afirmaba que el proceso militar “está en desintegración y en desbande y reclama un gobierno de transición cívico-militar hacia la democracia”. Luego vendría la ocupación militar de las Malvinas, la guerra y la crisis definitiva del régimen. Es indudable que la derrota militar explica el desbande del régimen, pero sostener como lo han hecho distintos autores que le debemos a Margaret Thatcher y al imperialismo británico la caída del régimen militar27 implica desviar los ojos de las reales luchas que en las condiciones más difíciles protagonizó persistentemente la clase obrera, luchas que pese al terror fueron progresivamente socavando las bases del proyecto dictatorial. Lo contrario de lo que hicieron los dirigentes políticos burgueses, que pese a la ilegalización de sus actividades brindaron numerosos funcionarios al régimen militar.
El diario La Nación informaba el 25 de marzo de 1979, tres años después del golpe, que en la extensión total del territorio nacional, sobre los 1.697 municipios censados sólo 170 intendentes, o sea el 10% pertenecen a las Fuerzas Armadas; 645 intendentes, o sea el 38% carecen de militancia política definida; y 878 intendentes, esto es, el 52% están de un modo u otro adscriptos a una corriente política concreta. Se calcula que más de 400 pertenecían a la Unión Cívica Radical, el partido que ganaría las elecciones de 1983.

Conclusiones

En este breve trabajo hemos tratado de brindar elementos para confrontar los relatos predominantes acerca de los enfrentamientos sociales de los años ’70 y de las causas de la dictadura, señalando la centralidad que en los mismos tuvo la clase obrera. Hemos destacado la magnitud de los eventos ocurridos durante junio/julio de 1975 y la significación de esos hechos tanto porque dieron lugar a la formación de las “coordinadoras interfabriles” como por el salto en la experiencia política de los trabajadores respecto a la dirección peronista. Señalamos que la burguesía era plenamente conciente de la dinámica revolucionaria de estos hechos y de ahí su decisión de poner en el centro el poder militar y la política del “terrorismo de Estado” como forma de lograr el disciplinamiento de una clase obrera altamente combativa que en importantes sectores desafiaba a las direcciones burocráticas. Hicimos por último referencia al hecho de que esta misma clase obrera, aún con su vanguardia dispersada o aniquilada, continuó luchando bajo el gobierno militar, siendo un factor clave en el debilitamiento del poder del mismo, cuestión frecuentemente oculta en los relatos “oficiales” del período.
La lectura que hacemos no es ni pretende ser ingenua, sino que tiene el objetivo de poner en su lugar una omisión inexcusable. En una Argentina donde el 19 y 20 de diciembre de 2001 nuevamente corrieron los vientos del levantamiento popular, partir de la lucha de clases para analizar el período en cuestión es tanto una forma de mejor acercarnos a la verdad del proceso histórico como de colaborar a que las luchas de nuestro tiempo logren llevar a la victoria de la clase trabajadora.

Notas

1 Esta visión reflejada en numerosos artículos encuentra su más acabada expresión en un reciente libro de Hugo Vezzetti: Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en Argentina, Bs. As., Siglo XXI Argentina, 2002. Aunque abarca diversas problemáticas, también puede rastrearse esta problemática en el último libro de Beatriz Sarlo: La pasión y la excepción, Bs. As., Siglo XXI Argentina, 2003, o en los artículos publicados por la misma autora en relación al acto en la ESMA el 24 de marzo de 2004.
2 Nuevamente recurramos al prólogo del Nunca Más para graficar esta visión: “la lucha contra los ‘subversivos’ , con la tendencia que tiene toda caza de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epiteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico, encabezado por calificaciones como ‘marxismo-leninismo’, ‘apátridas’, ‘materialistas y ateos’, ‘enemigos de los valores occidentales y cristianos’, todo era posible: desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas-miseria para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos, en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores”.
3 Poco antes había sido reeditado el clásico y pionero trabajo de Juan Carlos Marín, Los hechos armados: un ejercicio posible (ahora nuevamente reeditado en el 2003). Aunque no compartimos la hipótesis fundamental sobre la que se construye la explicación de la “derrota”, no podemos dejar de mencionar que esta investigación realizada en el exilio durante los primeros años del gobierno militar fue inspiradora de un conjunto de trabajos (como los desarrollados por Inés Izaguirre y Pablo Bonavena, entre otros) que, con distintos enfoques entre sí, conforman un muy importante cuerpo de investigaciones sobre el período.
4 Sólo un personaje de La Voluntad cuenta un período de paso por Política Obrera antes de pasarse a las filas de la izquierda peronista. Es notable, sin embargo, que los partidos continuadores a comienzos de los ’80 de las organizaciones referidas, el Movimiento al Socialismo del PST y el Partido Obrero de Política Obrera, no hayan contribuído, al menos con la sola republicación de sus documentos de la época, a recuperar la historia de la izquierda clasista de los ’70 y del papel jugado bajo la clandestinidad, como sí lo han hecho por el contrario los antiguos miembros de la guerrilla. Posiblemente esto tenga su explicación no sólo en la negativa para hacer un balance crítico de aquella experiencia, sino que la experiencia revolucionaria de aquellos años era un recuerdo molesto para una práctica política crecientemente adaptada al régimen democrático burgués surgido en el ’83.
5 Este trabajo es continuidad de otros realizados anteriormente por los autores e investigadores afines en los que se resalta, en base a testimonios de participantes y al estudio de la prensa de la época y diversos documentos, el papel jugado por la clase obrera tanto en el proceso abierto con el “Cordobazo” como bajo la dictadura militar. De aquí su inestimable valor. Esto se contrapone en parte con la visión del período presentan ciertos trabajos de Pozzi sobre el PRT-ERP, que a nuestro juicio muestran de conjunto una imagen embellecedora de lo que fue la principal “guerrilla marxista” de nuestro país, buscando una síntesis imposible entre lo que aquí hemos llamado “tercer” y “cuarto” relatos.
6 Aunque desde una visión “nacional y popular” que no compartimos, esta operación se encuentra también presente en Memorias del saqueo, el último film de Fernando Solanas.
7 Véanse, por ejemplo, James P. Brennan, El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 1955-1976, Bs. As., Sudamericana, 1996; Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976, Bs. As., Sudamericana, 1990; Irma Antognazzi, Rosa Ferrer (compiladoras), Del Rosariazo a la democracia del ’83, Rosario, Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, 1995; Beba y Beatriz Balvé, El 69. Huelga política de masas, Bs. As., Contrapunto, 1989; Pablo Pozzi y Alejandro Schneider, Los setentistas. Izquierda y clase obrera, 1969-1976, Bs. As., Eudeba, 2000; etc..
8 María Celia Cotarelo y Fabían Fernández, Huelga general con movilización de masas en Argentina, junio y julio de 1975, en PIMSA, Documentos y Comunicaciones, 1998.
9 Ídem.
10 Ídem.
11 Adolfo Gilly, “La anomalía argentina (Estado, sindicatos y organización obrera de fábrica)”, resumen de una ponencia de 1982 presentada en el “Seminario sobre la teoría del Estado en América Latina” realizado en febrero de 1984 por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UAM.
12 Adolfo Gilly, “Democracia obrera y consejos de fábrica: Argentina, Bolivia, Italia” en Consejos obreros y democracia socialista, Cuadernos de Pasado y Presente, agosto de 1972.
13 Ídem.
14 Agradecemos especialmente a los autores, que son parte del comité editor de La Verdad Obrera, periódico del Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS) de Argentina, la autorización para utilizar el material producido aún no publicado.
15 Avanzada Socialista, 23 de Agosto de 1975.
16 Daniel James, Resistencia e Integración, op. cit.
17 Yolanda Colom y Alicia Salomone, “Las coordinadoras inter-fabriles de Capital Federal y Gran Buenos Aires. 1975-1976”, en Razón y Revolución N° 4, otoño de 1998.
18 Alejandro Schneider, “’Ladran Sancho...’dictadura y clase obrera en la zona norte del Gran Buenos Aires”, en “De la Revolución Libertadora al menemismo” Ediciones Imago Mundi, Bs. As., 2000.
19 En este último caso se incluye la presencia de los trabajadores del subterráneo, de la seccional de la Unión Tranviarios Automotor y de las comisiones internas de distintos establecimientos bancarios, en los que tenía peso la izquierda peronista, el trotskismo y el PC.
20 Y la declaración continúa: “¿Por qué nos acusan de ‘guerrilla industrial’?
Si la huelga y la movilización son tan viejas como la clase trabajadora misma ¿a qué obedece esta acusación? Ante la tremenda resistencia activa que está ofreciendo la clase trabajadora a la política de hambre y represión, ya no bastan las tradicionales maniobras patronales, despidos, suspensiones desconocimiento de delegados, descabezamiento de las direcciones combativas, etc. Es necesario poner en marcha todo el arsenal represivo con que cuenta el sistema para frenar estas nuevas formas de organización que nos estamos dando.
Pero la represión a los trabajadores también es tan vieja como nuestra propia historia de trabajadores. Al igual que desde la época del Coronel Falcón como en la Semana trágica, como en la Patagonia, o en el asalto a los sindicatos en 1955, en la huelga del Lisandro de la Torre en 1959, en el CONINTES de 1960, en fin en SITRAC SITRAM y en los Cordobazos, Tucumanazos y Rosariazos, el gobierno de Isabel Martínez vuelve a utilizar a las FFAA como el brazo armado de la dependencia y la explotación, para acallar nuestras voces de rebeldías.
A este gobierno antipopular ya no le basta la interminable lista de mártires populares torturados y asesinados por la triple A. Necesita que las FFAA intervengan como en Sierra Grande, Neuquén, o en La Matanza en Bendix y AVON, en los famosos ‘rastrillos’. La única diferencia con otras represiones al movimiento obrero es que hoy se hace en nombre del combate a la ‘guerrilla industrial’.
Hoy la clase trabajadora ya no se traga estos motes como lo prueban las movilizaciones de ASTARSA, metalúrgicos de la Matanza y las medidas tomadas por distintos establecimientos de la Zona norte del Gran Buenos Aires contra la represión. Para confirmar esto que decimos podemos repasar quiénes nos acusan de tal cosa, sectores históricamente enfrentados al pueblo y que son los nombrados al principio. Entre ellos se destaca Balbín quien más reiteradamente hace esta acusación. No nos asusta al igual que Manrique o Alsogaray porque ellos han avalado los fusilamientos del 9 de junio de 1956 y de Trelew en 1972 y hoy justifican la intervención de las FFAA y de Seguridad y apoye la ley de defensa con sus votos. Tampoco nos asusta que lo haga en nombre de un partido democrático ya que hasta ahora ningún trabajador radical ha levantado un dedo para delatar a sus compañeros.
Para los trabajadores la única ‘guerrilla industrial’ es la de quienes especulan con el mercado negro, el contrabando, la sobrefacturación, los bajos salarios, las suspensiones, las quiebras fraudulentas.
Pero los trabajadores no conocemos que ninguno de estos guerrilleros se haya detenido Y nosotros los conocemos por nombre y apellido a cualquiera de ellos: Ford, Bunge y Born, Alsogaray, Mercedes Benz, etc..
Por todo esto la Coordinadora continuará denunciando todo avasallamiento al movimiento obrero exigiendo la libertad de los presos, la plena vigencia de la democracia sindical con el objetivo de recuperar nuestras organizaciones gremiales y ponerlas al servicio de los irrenunciables intereses de la clase trabajadora”. 
21 Nuestra explicación se diferencia así de la sostenida por Juan Carlos Marín en el ya mencionado Los hechos armados…, que en base a un análisis de la contabilidad de las bajas ocurridas en “ambos bandos” llega a la conclusión de que la derrota de las fuerzas de la clase obrera y el pueblo estaban ya derrotadas para 1975. Pero si esto hubiese sido así, ¿para qué la burguesía tuvo necesidad de recurrir al golpe y al terror genocida? He aquí el error ineludible al que lleva la identificación de la fuerza social y política antagónica al régimen dominante con la fuerza militar de las organizaciones guerrilleras.
22 Por su parte, pese a la intervención militar de los sindicatos, el colaboracionismo de las direcciones burocráticas con la dictadura fue patente: “Por debajo de las apariencias, la burocracia entró en un período de negociación y colaboracionismo con la Junta Militar [...] Entre las Fuerzas Armadas y la burocracia sindical había algo en común: ambas se sentían profundamente amenazadas por las tendencias clasistas y combativas que surgieron en el sindicalismo durante la década de 1960” (Pablo Pozzi, Oposición obrera a la dictadura (1976-1982), Bs. As., Contrapunto, 1988).
23 Laborde, miembro del Comité Central del PCA, era en dicho momento su editor legal. Más tarde tuvo a su cargo la direccion del periódico Qué Pasa.
24 En el trabajo citado Schneider se ilustra este proceso tal como se dio en distintas fábricas de la zona norte del Gran Buenos Aires, entre ellas Del Carlo y Ford.
25 Pablo Pozzi, Oposición obrera a la dictadura, op. cit. Este libro sigue siendo el mejor trabajo existente analizando la actividad obrera bajo la dictadura militar iniciada en 1976.
26 Alejandro Schneider, op.cit.
27 “Pero la Argentina perdió la guerra y por suerte, porque (según se dice) esta derrota trajo la democracia. La implosión que esto provocó en la base del propio régimen [...] hizo que los partidos políticos fuesen convocados rápidamente. Es correcto observar entonces que el colapso del régimen militar no fue producido ni desde la sociedad civil, ni desde las cúpulas partidarias o sindicales” (Leis H., El movimiento de derechos humanos y la política argentina, Bs. As., CEAL, 1989).