El acuerdo que apuró Moyano con el gobierno sale al cruce de las disputas salariales que en las últimas semanas se habían tensado entre varios importantes gremios y los empresarios industriales. Para la Unión Industrial Argentina los aumentos deben ser del 12% porque, según el comunicado de prensa firmado por su presidente Juan Carlos Lascurain, “Resulta fundamental que las negociaciones salariales en el sector industrial en el 2008 no excedan la inflación anual proyectada, más un porcentaje de 2% a 3% de recuperación, todo ello otorgado en forma escalonada”. La UIA debe ser de los pocos que se basan en la cifra oficial del INDEC que dice que el costo de vida aumentó el 8,5%. Por su parte las cúpulas de varios gremios, como el SMATA, desafiando el compromiso del jefe de la CGT con la presidenta, reclamaron el 35% de aumento. Moyano salió a ratificar el pedido de Cristina de un 20% de “techo promedio”. Pero el hecho que haya terminado presentándose solo para la foto en la Rosada, sin ningún otro dirigente de la CGT, trasunta que la puja salarial no está cerrada.

Una coyuntura política de fortaleza de los Kirchner

Sin embargo, el desparpajo de Moyano de mostrarse abiertamente en semejante acto de alcahuetería se apoya en que el gobierno de los Kirchner está en su mejor momento político. Lo que sectores de la oposición ven como un “eclipse” de la figura presidencial por parte del protagonismo político de Kirchner, en realidad, es un signo de fortaleza. Un “doble comando” lo llamó Duhalde, pero entre una presidenta que volvió a cerrar filas con los EE.UU. y tiene una alta adhesión popular, y un Kirchner que cuenta con una coalición de gobierno que es un verdadero “pacto social en forma de partido”. El acuerdo con Lavagna y el lanzamiento de reorganización del PJ que presidirá el ex presidente, está integrando desde los ex menemistas como Puerta y Romero que conservan el poder en las provincias hasta su “ala izquierda” de “funcionarios piqueteros” como Pérsico; y contiene a Scioli bloqueándole cualquier posibilidad de alianza de centroderecha con Macri. No sólo los hombres de Moyano y la CGT ocuparán puestos en la “rama sindical” del PJ, sino que se sumaría a la coalición de gobierno un movimiento político de “directivos de la Unión Industrial, miembros de la Cámara de la Construcción, influyentes empresarios individuales y banqueros de la Asociación de Bancos Argentinos” (Panorama Empresarial, Clarín, 7/02). Los radicales K intentan ir por lo que queda del viejo aparato de la UCR que es obligada a la oposición testimonial o al acuerdo con Elisa Carrió.
Lejos del proyecto de “dos coaliciones” modernas, una de centroizquierda y otra de centroderecha que diseñaban los politólogos oficiales para reemplazar al viejo régimen de partidos, el intento parece ser el de un gran centro con base en el nuevo PJ que pretende ocupar todo el espacio político que va desde el centro a la centroizquierda peronista o “nacional y popular”, dejando así a la Coalición Cívica como la oposición que más le conviene al oficialismo para representar el espacio de votos del gorilismo clerical de las clases medias y a Macri en los márgenes de la derecha de gestión.

Nada de toda esta ingeniería política sería posible si no estuviera basada en un amplio conformismo social con el crecimiento de la producción, el consumo y el empleo; en especial en la mayoría de las clases medias que juegan un rol conservador, pero también de parte del grueso de los trabajadores que, aún aspirando a una mejora de sus salarios que chocará contra la intransigencia patronal, votaron mayoritariamente por la continuidad de los Kirchner y recién comienzan una experiencia política con el gobierno al calor de los reclamos sindicales.

Por supuesto que comparado con el peronismo de Perón, como hace la prensa del Partido Obrero, las diferencias con el proyecto K son abismales. Ni la semicolonia Argentina puede explotar a su favor un período excepcional como el de la segunda guerra mundial; y no sólo estamos lejos de un boom como el de aquella posguerra, sino que está en curso una nueva crisis de la economía capitalista internacional que golpeará sobre la Argentina. Las perspectivas de la situación son de un parate del actual auge económico industrial que es la base del consenso logrado por los Kirchner y de nuevos avances en la recomposición de la clase trabajadora que se verá obligada a pasar al enfrentamiento político cuando el gobierno intente descargar la crisis sobre sus hombros. Pero en la coyuntura política, esta fortaleza de la coalición de gobierno es un hecho contra el que se enfrentan los que salen a luchar y se muestra en la reacción que se ha desatado contra los nuevos delegados y activistas que empiezan a sufrir los primeros golpes y son empujados a duras luchas. El gobierno y su Ministerio de Trabajo, cubren una guerra abierta que las patronales y las patotas sindicales han desatado contra el “sindicalismo de base” que viene surgiendo en los últimos años. En las páginas centrales de este LVO damos cuenta de dos importantes ejemplos de lucha que responden a esta situación. La valiente autodefensa de los delegados de base y activistas de la “línea 60” contra el matonaje de la patota de la UTA y el ingreso a la planta de los trabajadores de Mafissa para contrarrestar el lockout patronal, los despidos y las suspensiones masivas.

Entre la campaña de “la inseguridad” y los “derechos humanos”

El enojo de la presidenta contra los paros docentes desde el mismo día de su asunción y más recientemente su reto a los asambleístas de Gualeguaychú advirtiéndoles que deberán levantar los cortes de ruta son otra muestra del “orden” que quieren imponer los Kirchner. A 17 meses de la desaparición de Julio López, bajo el “gobierno de los derechos humanos”, no hay un solo imputado, y el Almirante Godoy, el mismo que permitió que el genocida Febres veranee en Azul, sigue en funciones, con el visto bueno de los K.

Por otra parte, la crisis abierta en la provincia de Buenos Aires entre Scioli y el kirchnerismo tuvo como tema central a la “inseguridad” (ver páginas 4 y 5). Pero en esta “interna” es preciso distinguir que tanto el kirchnerismo como Scioli no tienen diferencias a la hora de aprobar medidas para fortalecer a la Bonaerense (una de las principales mafias delictivas del país). Mientras tanto, el gatillo fácil de la Bonaerense aumenta cobrándose nuevas víctimas entre los jóvenes de las barriadas populares.

El próximo 24 de marzo se cumplen 32 años de la última dictadura militar. Desde el PTS proponemos impulsar una gran campaña de agitación y organización entre los estudiantes, los jóvenes y los trabajadores para denunciar el doble discurso del gobierno kirchnerista y para exigir en primer lugar que se acabe la represión de las policías, las fuerzas de seguridad y las patotas sindicales contra los que luchan. Para exigir la aparición con vida de Jorge Julio López. Para luchar por el juicio y castigo por genocidio colectivamente a todos los culpables de la dictadura y porque se acabe con el gatillo fácil.