El contenido de la democracia (burguesa) alfonsinista

El radicalismo de Alfonsín se presentó en 1983 como el gobierno que prometía el cambio mediante la preservación de la democracia burguesa. “Con la democracia se come, se educa y se cura” era su lema. Coqueteaba así con la idea de disputar la representación histórica de los movimientos populares que expresaban el odio y el rechazo a los militares y exigían una solución a las penurias de las masas. Pero una vez en el poder se puso al servicio de la burguesía argentina, que quería mantener su poder de clase y recomponer a las Fuerzas Armadas y la burocracia estatal heredada de la dictadura.

El radicalismo se planteaba evitar que el pueblo movilizado impusiera el juicio y castigo a quienes cometieron crímenes en su contra. El temor de la burguesía era que esta movilización fuera más allá y amenazara la propia estabilidad del Estado capitalista.

Con ese fin, el alfonsinismo montó el Juicio a las Juntas Militares en 1985, que terminó condenando a Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini, para dejar impunes a miles de genocidas. El argumento que esgrimen los apologistas de que fue lo más lejos que llegó una democracia en condenar los crímenes de Estado habla verdaderamente mal de su concepción de la justicia y la democracia, a la que entienden como un acto de moderación para calmar a las conciencias inquietas y salvar efectivamente las instituciones.

Felices Pascuas

Pero el gobierno radical cedió aún más a las presiones militares e impuso en 1986 la Ley del Punto Final, poniendo fecha límite a la presentación de las causas contra los militares genocidas y que debido a la avalancha de las causas, fue uno de los disparadores que provocó el estallido de la crisis de Semana Santa de 1987. Para los alfonsinistas tardíos la política del ex presidente ante este acontecimiento no fue lo suficientemente valorada ya que, según dicen, actuó lo mejor que pudo para preservar la democracia en peligro frente a la asonada militar.

La crisis de la Semana Santa de 1987 termino con el idilio del progresismo con la UCR alfonsinista. Fue una crisis política extraordinaria que desató una gran movilización popular, que por un lado, se plantó en defensa de las libertades democráticas, y por el otro, apuntó directamente contra los cuarteles y las FF.AA. En esta Semana Santa quedaron expuestos los límites insalvables de la política democrática burguesa para resolver el problema del genocidio, porque quien está en el banquillo de los acusados es el mismísimo Estado capitalista.

Recordemos lo que sucedió. El disparador fue la negativa del Mayor Barreiro a presentarse frente a la justicia, lo que provocó el levantamiento del Teniente Coronel Aldo Rico que copó el cuartel de Campo de Mayo. Las FF.AA. se negaron a reprimir a los militares rebeldes. El General Alais, a cargo de la tarea, se hizo famoso por no llegar nunca a destino. Como respuesta, una gigantesca movilización popular se convocó desde el mismo jueves de Pascua en Plaza de Mayo. El pico de la movilización fue el domingo de Pascua donde ya varios miles se comenzaban a movilizar a Campo de Mayo bajo la consigna: “Si se atreven, les quemamos los cuarteles”. El alfonsinismo, temeroso de la movilización desatada, optó por salvar a los militares rebeldes de la furia popular. En esta línea contó con el apoyo de toda la superestructura política burguesa. Fundamentales fueron en este sentido Antonio Cafiero (otro político al que la muerte de Alfonsín le brindó una resurrección pública), en representación del peronismo renovador y Saúl Ubaldini. El papel del peronismo fue fundamental para contener la movilización popular y mantener fuera de escena a los trabajadores que eran los que podían quebrar la intentona militar si eran convocados como fuerza social a través de la movilización organizada y la huelga general. Pero la CGT estaba subordinada a la política del peronismo renovador y acompañaron a Alfonsín en su política de desmonte de la movilización. Los dirigentes de la renovación, Cafiero incluido, fueron parte de la delegación que va con Alfonsín a Campo de Mayo y que frena a los manifestantes que quieren entrar a los cuarteles para ajustar cuentas con los militares sublevados. La CGT en lugar de llamar a la huelga general indefinida -que se dice, pensaban convocar el lunes posterior al domingo de Pascuas- se sumó a los dirigentes empresarios, el peronismo, el PI, el Partido Comunista y la mayoría de los partidos legales (con la excepción de las Madres de Plaza de Mayo, el viejo MAS y el PO que denunciaron la capitulación) y firmaron el Acta del Compromiso Democrático, donde se cedía a la petición de Rico sobre “el debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado” que más tarde va a dar a luz a la Ley de Obediencia Debida.

Alfonsín llamó a los manifestarse a desconcentrarse con su famoso “Felices Pascuas, la casa está en orden, no hubo sangre en Argentina” pero la sangre que protegía era la de los genocidas.

Partidos de la impunidad

Contra lo que dicen sus apologistas, el alfonsinismo no fue una fuerza democrática consumida por el boicot de los grupos de poder y las exageradas demandas populares que no comprendían la gravedad de la situación. El radicalismo expresó una política puesta al servicio de la reconstrucción del Estado de la burguesía argentina, contra las demandas democráticas y sociales de las mayorías populares.

El gobierno de Raúl Alfonsín pactó para “salvar” a la democracia con los que se levantaron contra ella o fueron parte del genocidio, contra la movilización popular y de esa manera terminará de condicionar las características del régimen político pos dictadura. En lo económico (tema que en esta nota no tratamos) pactó con la burguesía surgida del Proceso, los Capitanes de la Industria, y con el FMI en contra de las necesidades de la mayoría popular. Lo mismo sucedió en los ’90 con el Pacto de Olivos con el menemismo que consagró jurídicamente con la Constitución del ’94 la entrega nacional. El alfonsinismo fue el pionero del Pacto de Impunidad con los genocidas y sus cómplices civiles (que fue la condición institucional para llevar adelante el plan de salvataje de las FF.AA.) que caracterizó a estos 26 años de democracia para ricos. Los apologistas del alfonsinismo lloran la pérdida de un ejemplo de moderación y componendas, para servir a los intereses de la burguesía argentina y el imperialismo.