A un año del secuestro de Julio López a manos de bandas de ultraderecha amigas del genocida Etchecolatz, es clara la existencia de un entramado de impunidad que protege a sus secuestradores. El ministro del Interior Aníbal Fernández (que recordemos hace un año decía que López podría estar “en la casa de una tía”) sostiene descaradamente que “se han hecho todas las diligencias que la justicia ordinaria ha ordenado; hubo cientos de allanamientos”. Por el contrario, los organismos de derechos humanos y abogados querellantes han denunciado: “La responsabilidad de las falencias investigativas abarca a todos los organismos del Estado, remarcando especialmente a los que están a cargo de las fuerzas que participan de la investigación (Policía Bonaerense, Policía Federal, SIDE), de los responsables políticos de esas fuerzas, pero también de aquellos que con sus omisiones, dilaciones y reticencias permiten llegar a un año sin ninguna certeza sobre dónde está Jorge Julio López y quiénes son responsables de su secuestro”.

¿Cómo podría ser de otra manera si el propio gobierno reconoce que sólo en la Policía Bonaerense hay más de 9.000 agentes en funciones que vienen de la época de la dictadura? No hay dudas de que el gobierno es responsable de esta impunidad.

Las decenas de miles que manifestamos en las principales ciudades del país debemos exigir la constitución de una Comisión Investigadora Independiente del Estado encabezada por los organismos de derechos humanos ante la que se pongan a disposición todos los archivos de la SIDE, de las fuerzas armadas y de seguridad, y se constituya como un colectivo querellante de todos los implicados en el genocidio y en la desaparición de López.