Al cierre de esta edición era asesinado por medio de una inyección letal el afroamericano Troy Davis en la penitenciaría de Jackson (estado de Georgia). Davis había sido detenido por el supuesto asesinato de un policía en el año 1989 y condenado a pena de muerte en el año 1991.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó a último momento el pedido del propio Davis y una importante cantidad de organizaciones y personalidades para aplazar la ejecución, mientras Obama ni siquiera se pronunció al respecto.
La ejecución de Troy Davis, de 42 años, se convirtió en un escándalo ya que su juicio estuvo plagado de irregularidades. Siete de los diez testigos originales de la acusación cambiaron sus declaraciones y afirmaron que la policía forzó la voluntad de algunos testigos en las rondas de reconocimiento para que eligieran a Davis como “culpable”. Durante el juicio no se pudo presentar un arma homicida porque nunca fue encontrada ni se aportaron pruebas de ADN. Hasta un ex director del FBI, William Sessions, partidario acérrimo de la pena de muerte, solicitó que no se ejecute a Davis porque su caso “hacía agua por todos lados”.

Además del movimiento al interior de EEUU para evitar la ejecución de Davis, el caso había ganado relevancia internacional cuando la Unión Europea y Amnistía Internacional, entre otros, pidieron al estado de Georgia que perdonara al recluso o le conmutara la sentencia.

El asesinato de Davis es la muerte número 34 este año en una cárcel estadounidense, y la número 1.268 desde que la Corte Suprema reinstauró la pena de muerte en 1976.

Esta ejecución no hace más que reafirmar el carácter racista de la pena de muerte y del sistema carcelario norteamericano donde el 42% de las personas que esperan su turno en el “corredor de la muerte” son afroamericanas (mientras que solo representan el 12% de la población del país).