Según un informe que realizó el diputado nacional Mario Negri (UCR-Córdoba), Kirchner envió 54 proyectos de ley, contra 76 decretos de necesidad y urgencia. “Si no hubiera ocurrido el fenómeno Blumberg, que obligó a tratar varias leyes de apuro para combatir la inseguridad, el Congreso hubiera trabajado muy poco en los últimos 12 meses”, graficó el legislador cordobés.
Pese a tener una holgada mayoría peronista en ambas cámaras, el presidente Kirchner utiliza la vía de los decretos, que son facultades delegadas para gobernar. Negri dijo que de esta manera, el Presidente está produciendo un “agudo deterioro de la calidad institucional” del país. 
“No es el primer Presidente que abusa de los decretos, pero si tiene mayoría en ambas cámaras, Kirchner debería abandonar esta práctica de quitarle espacios a uno de los poderes del Estado”, afirmó el diputado.

Detalle 

Según el informe del legislador cordobés, que ya levantó polémica en el Congreso, el Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados 125 mensajes, de los cuales 68 fueron decretos de necesidad y urgencia y sólo 36 fueron proyectos de ley. Pero, con el agravante, de que esos 36 proyectos de ley, 11 se refieren a pedido de ingreso o egreso de tropas para ejercicios militares.
Las restantes 21 comunicaciones fueron vetos y delegaciones legislativas varias. 
En cuanto al Senado, la gestión kirchnerista envió 74 mensajes en su primer año en la Casa Rosada, de los cuales 58 fueron acompañados por proyectos de ley. El resto fueron ocho decretos y ocho vetos. Pero, de estos 58 proyectos, 29 fueron iniciativas para la aprobación de tratados internacionales.
Es decir, que sino se tienen en cuenta los tratados internacionales o las autorizaciones de ingreso o egreso de tropas extranjeras, el presidente Kirchner envió sólo 54 proyectos de ley al Congreso. Mientras que remitió 76 decretos de necesidad y urgencia.
El Gobierno nacional tiene la posibilidad de utilizar indiscriminadamente los decretos de necesidad de urgencia ya que durante la emergencia económica y social del año 2002, cuando Eduardo Duhalde era presidente, el Poder Legislativo delegó (a través de la ley 25.561) en el Poder Ejecutivo importantes facultades.
Cuando Kirchner asumió la presidencia, logró (por medio de las leyes 25.790 y 25.820) que los legisladores prorrogaran esta emergencia hasta el 31 de diciembre próximo. 
A esta prórroga se le amplió la delegación de facultades para renegociar los contratos con empresas de servicios públicos privatizados.
En en los últimos días, en el Congreso circuló la versión de que Kirchner pedirá una nueva prórroga de la emergencia hasta diciembre de 2005. 
Desde el radicalismo, ya han anticipado que se opondrán a la medida, aunque el peronismo cuenta con los votos necesarios como para satisfacer el pedido del Presidente.
De todas formas, algunos sectores del peronismo aprovecharán esta circunstancia para presionar al jefe del Estado. Especialmente muchos legisladores del interior, que reciben instrucciones de sus gobernadores, muchos de los cuales no tienen buena relación con Kirchner. 
Este podría ser el caso del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que ya tuvo algunos encontronazos con la gestión kirchnerista. Vale recordar que para que los legisladores delasotistas dieran quórum para tratar la ley de responsabilidad fiscal, primero la Nación debió garantizarle a Córdoba el pago de una deuda de 180 millones de pesos.

Vaciamiento

Negri, quien es vicepresidente primero de la comisión de Asuntos Constitucionales, argumenta que con estas delegaciones se está “vaciando” al Congreso. “Vaciar de facultades al Congreso no fortalece a ningún poder. Bajo una apariencia de celeridad en la gestión, lo que se construye en cambio es discrecionalidad y el consecuente peligro de arbitrariedad en el ejercicio del poder”.
La cuestión de prorrogar la delegación de facultades al Poder Ejecutivo será el próximo gran debate en el Congreso. 
En primer lugar porque las bancadas opositoras se negarían a aprobar esta medida. Por otro lado, el presidente Kirchner deberá volver a sentarse a negociar con los gobernadores justicialistas.
Hasta el momento, los bloques justicialistas de ambas cámaras nacionales nunca le rechazaron un proyecto de ley al Ejecutivo, pero no será la primera vez que el Presidente tendrá que “retribuir favores” a los gobernadores de su propio partido.