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Destacada intervención de Christian Castillo en la legislatura bonaerense

El miércoles 18 se realizó la última sesión del año de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Christian Castillo, diputado por el FIT tuvo una destacada intervención.

PTS

19 de diciembre 2013

Destacada intervención de Christian Castillo en la legislatura bonaerense

El miércoles 18 se realizó la última sesión del año de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Christian Castillo, diputado por el FIT tuvo una destacada intervención.

Tomó primero la palabra polemizando en relación a la figura de Mandela (el primer tema discutido a partir de los homenajes propuestos por distintos diputados), cuestionando la operación política realizada a propósito de su muerte de reivindicarlo (incluso por gobernantes de estados que sostuvieron el Apartheid) como quien llegó a un acuerdo con sus opresores blancos por el cual, a cambio de ceder derechos políticos para evitar la guerra civil, las clases dominantes sudafricanas, donde predominan ampliamente los blancos, mantuvieron el control de los bancos, las minas y las tierras. A 19 años que Mandela llegara al poder, la desocupación es de un 25% y las masas negras que sufrieron el Apartheid siguen viviendo en la miseria.

La segunda intervención de Castillo fue sobre el debate por los treinta años del régimen constitucional. El dirigente del PTS planteó que “quienes orquestaron el golpe de 1976 fueron los grandes grupos económicos que gobernaban el país en aquel momento y que lo siguen haciendo el día de hoy. Techint, comandada por la familia Rocca; los grandes propietarios de tierras; las grandes empresas multinacionales como la Mercedes Benz, que donó al ejército la sala médica y el instrumental con el cual se realizaban los partos de los hijos luego apropiados de las desaparecidas en Campo de Mayo, uno de los peores campos de exterminio. Esas mismas empresas siguen controlando los recursos económicos y eso es parte central del balance político de estos 30 años, donde los que impulsaron el golpe siguen teniendo las tierras, los bancos y las empresas”. Castillo también planteó que “cuando desaparece Jorge Julio López, las abogadas que lo acompañaban en el juicio contra Etchecolatz, entre ellas Myriam Bregman del CeProDH, obtuvieron el dato del propio Ministerio de Seguridad que encabezaba Arslanian de que había 9076 policías que venían de la dictadura actuando en la Bonaerense. Durante la megacausa ESMA se obtuvieron informes donde se mostraba que más de 3000 efectivos de la Armada provienen desde aquella época (…) Hoy, a pesar de la lucha de grandes sectores populares que han conseguido que queden procesados cerca de 1000 miembros de las fuerzas represivas y que se haya condenado a algunos genocidas, los grandes empresarios no fueron llevados al banquillo de los acusados (…) Después de 30 años, un trabajador solo obtiene 60 centavos por cada peso que conseguía en 1974, un 35% de los trabajadores están ‘en negro’ y tres millones de familias siguen sin acceso a una vivienda digna, mientras los empresarios después de la supuesta ‘década ganada´ se la siguen llevando ‘en pala’”.

La tercera intervención de Castillo fue en relación a la crisis que se expresó con las protestas policiales. El FIT fue el único bloque que intervino sobre este tema rechazando el acuerdo de los demás bloques de limitarse a un pedido de informes al gobernador y a la procuración con el argumento de “no ser imprudentes en medio de una crisis aún abierta” (sic). Una excusa de los partidos patronales para ocultar que todos coincidieron en capitular frente a los reclamos de los represores a la vez que en negar los reclamos salariales de los trabajadores hoy en curso.

Castillo señaló que las demandas no fueron solo económicas sino que “una parte muy importante de los reclamos que las policías han realizado a lo largo y ancho del país estuvieron vinculados con buscar garantizarse la impunidad. En Córdoba, donde venimos hace solo pocas semanas de una movilización de más de 15 mil jóvenes llamada la ‘marcha de la gorra’ contra la represión que sufren los jóvenes en las barriadas populares, la policía provincial incluyó en sus reclamos el fin de los procesos por complicidad con el narcotráfico. Lo mismo vimos en Santa Fe (…) De hecho en la provincia de Buenos Aires, en el acuerdo firmado por la gobernación con la policía provincial está comprendido un punto de amnistía para los policías que recibieron sanciones en el último año (…) Llama la atención, la profunda discrepancia con la cual se tratan los reclamos de los represores de cuando los hacen docentes y demás trabajadores que dependen del estado, a los cuales siempre se les dice que ‘piden demasiado’, nunca se les da satisfacción a sus demandas, se los estigmatiza públicamente, sea por parte de los gobiernos provinciales o nacional, y se los persigue judicialmente”.
 
Castillo también planteó que “lo que ha envalentonado a estas policías ha sido escuchar durante la campaña electoral el discurso de lo que podemos llamar la ‘demagogia punitiva’, el discurso que decía que todos los problemas de la llamada seguridad se solucionaban con más presupuesto para las policías, más patrulleros y más personal de las fuerzas de seguridad. (…)”.
 
Finalmente el diputado del FIT afirmó que “no creo que quienes han sido desaparecedores de jóvenes como Luciano Arruga o de Jorge Julio López, quienes ejecutan el gatillo fácil, quienes manejan el narcotráfico, las redes de trata y los desarmaderos puedan ser equiparados con los trabajadores que luchan por sus demandas”.
 
En la sesión la banca del Frente de Izquierda presentó tres proyectos de declaración. Uno, que resultó aprobado, en solidaridad con Fernando Esteche y Raúl “Boli” Lescano, los dirigentes de Quebracho encarcelados por haber realizado un escrache contra un local del partido de Sobisch en la Ciudad de Buenos Aires en repudio al asesinato del docente neuquino Carlos Fuentealba. El segundo, fue planteando que el Poder Ejecutivo provincial otorgue un plus salarial de fin de año para todos los trabajadores de la administración pública provincial, como vienen reclamando distintos sindicatos para enfrentar el aumento de la inflación y el ajuste gubernamental en curso. El tratamiento sobre tablas del proyecto fue rechazado por el oficialismo. Finalmente, lo mismo ocurrió con el proyecto que denunciaba el fallo condenatorio contra los petroleros de Las Heras, que no quiso ser votado en el recinto por el Frente Para la Victoria y fue derivado a comisión.

Hay que destacar que el día anterior a la sesión se realizó una reunión de todos los integrantes del FIT, intercambiando puntos de vista sobre los distintos proyectos a tratarse y para discutir los proyectos a presentar que habíamos elaborado desde el PTS, con los que hubo acuerdo.

Poco antes de comenzar la sesión, Castillo se reunió con trabajadores de FERROBAIRES y los dirigentes de la seccional Sarmiento de la Unión Ferroviaria Rubén “Pollo” Sobrero y Edgardo Reynoso por la situación que viven cientos de ferroviarios de la empresa que se encuentran sin tareas. Castillo se comprometió a acompañar activamente desde la banca del FIT en la provincia los reclamos de los trabajadores.

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