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Claves N° 6

Despues de la asonada de la derecha

La asonada autonomista de la pasada semana fue el punto más alto en la escalada reaccionaria lanzada desde mediados de agosto, buscando bloquear el intento del MAS de habilitar el referéndum sobre la nueva Constitución Política del Estado (CPE), iniciativa que el gobierno quería tratar en el Parlamento para llamar a las urnas el próximo 25 de enero.

Eduardo Molina

18 de septiembre 2008

La asonada autonomista de la pasada semana fue el punto más alto en la escalada reaccionaria lanzada desde mediados de agosto, buscando bloquear el intento del MAS de habilitar el referéndum sobre la nueva Constitución Política del Estado (CPE), iniciativa que el gobierno quería tratar en el Parlamento para llamar a las urnas el próximo 25 de enero.

Los prefectos y comités cívicos de la “media luna” (Departamentos autonomistas de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando) utilizaron los pretextos de “resistencia civil”, “autonomía” y “recuperación del IDH”1 para sus departamentos, lanzando una campaña de “lockouts” cívicos, bloqueos, toma de oficinas e instituciones, aeropuertos, instalaciones petroleras y otros ataques, que paralizaron medio país durante más de dos semanas y desarticularon el aparato del Estado nacional a nivel local, buscando avanzar en la línea de “autonomías de hecho” como trinchera de sus intereses.

Entre ellos, está el candente tema de la tierra. Los “cívicos” temían no poder impedir que la nueva CPE fije un límite de entre 5 y 10 mil hectáreas a la propiedad privada de la tierra. Esto no liquidaría la propiedad terrateniente ni mucho menos, pero afectaría intereses de los grandes clanes empresariales y latifundistas del Oriente, para los cuales el ilimitado acaparamiento de tierras a costa de los campesinos y pueblos originarios, el saqueo de los recursos naturales y la superexplotación de la mano de obra son condición esencial de su acumulación. Y más que a la letra de la CPE, a lo que temen es a que las masas desposeídas y oprimidas del Oriente quieran hacer efectivos su reclamos de tierra y territorio.

Por ello quieren imponer sus “estatutos autonómicos” para aumentar el poder de los gobiernos locales, capturando atribuciones del Estado nacional y buscan recuperar su tajada en la renta gasífera a través del IDH para financiar las autonomías y nutrir los negocios empresariales locales.

Es con estos objetivos que desataron la violenta campaña en toda la “media luna”, utilizando bandas fascistas y grupos armados para sembrar el terror, intentando doblegar a los sectores populares que se resisten a sus imposiciones o simpatizan con el MAS.

Los grupos fascistas y la masacre de El Porvenir

La “vanguardia militar” de esta asonada fueron los grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y sus similares en Tarija, Beni, etc. Las bandas fascistas se nutren de jóvenes universitarios y lúmpenes y son financiadas por los “cívicos” y las prefecturas. Junto a ellas actúan grupos paramilitares de los terratenientes, como en algunas provincias cruceñas y Pando (donde es notoria la actividad del narcotráfico).

Estos grupos tomaron decenas de oficinas nacionales, chocando a veces con la polícía y apaleando y agrediendo salvajemente a mujeres, indígenas, simple gente del pueblo o dirigentes masistas.
Pero fue en Pando donde su accionar tuvo una expresión más brutal, con la masacre de El Porvenir del jueves 11, cuando una marcha campesina e indígena hacia Cobija fue atacada a tiros por “sicarios” del aparato prefectural que responde al Prefecto Leopoldo Fernández, dejando un saldo de casi 20 muertos, varios desaparecidos y medio centenar de heridos.

Este ataque abrió un cuadro de virtual guerra civil a nivel local, síntoma de la explosividad de la crisis nacional y fue un alerta para el oficialismo y la oposición sobre los riesgos de una escalada incontrolable en los enfrentamientos.

El gobierno respondió declarando el Estado de sitio en el departamento y dispuso el despliegue militar en Cobija, mientras se iniciaban algunos movimientos preventivos de tropas de Occidente hacia la “media luna”. Los prefectos resolvieron encomendar al tarijeño Cossio iniciar un “pre-diálogo” con el gobierno nacional en La Paz.

La política del MAS

Ante la arremetida autonomista, el gobierno se vio obligado a un “endurecimiento táctico”, pues ceder a sus exigencias equivalía prácticamente a una rendición incondicional, en momentos en que se siente fortalecido por el 67% de los votos positivos en el referéndum del 10 de agosto y necesitaba avanzar con la nueva CPE.

Evo Morales acusó de “golpe cívico-prefectural” al movimiento y expulsó al embajador estadounidense Goldberg en un acto elemental de resguardo de la soberanía nacional, denunciando los lazos de éste con los prefectos y cívicos autonomistas.

Al mismo tiempo, el gobierno apostó a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para tratar de contener a las regiones insubordinadas y responder a los asaltos a instituciones (aunque los uniformados siempre terminaron cediendo terreno).

Pese a que el MAS insinuó apelar a los “movimientos sociales” y dejó correr la movilización de algunos sectores, su estrategia fue resolver la crisis “por arriba” sin permitir que las masas intervinieran de manera decisiva en la misma.

Es que en todo momento su estrategia no era vencer a la reacción, sino convencer de negociar y concertar con esos mismos representantes de los empresarios y terratenientes a los que llama “golpistas” y “fascistas”; un “desborde” de las masas hubiera dificultado su estrategia conciliadora.

Los militares dan “un paso al frente”

Con el Estado de sitio el gobierno les permite a los militares pasar a jugar un papel propio y más importante en la escena nacional, al mismo tiempo que los encubre bajo un “barniz popular”.

Al llamar a confiar en ellos para contener la asonada autonomista, el MAS oculta que es el mismo ejército que masacró en Octubre de 2003 y que, como institución defensora del orden burgués, es la garantía en última instancia de los intereses materiales de las oligarquías de la “media luna” (a las que muchos oficiales están ligados hasta familiarmente).

El General Trigo, jefe de las FF.AA., en sus declaraciones para advertir y poner un límite a los autonomistas, también se separó tajantemente del Comandante Chávez, quién había ofrecido apoyo a Evo Morales. Con este posicionamiento, el Ejército anuncia que rechaza ser el “agente militar del proceso de cambio”2 y comienza a posicionarse como institución “garante del orden y la unidad del Estado” para actuar como árbitro en caso de una mayor desestabilización, rol reaccionario que será inevitablemente dirigido contra el movimiento de masas.

Sectores de vanguardia comenzaban a enfrentar a los reaccionarios

Ante los ataques racistas y fascistas, los sectores más organizados del movimiento de masas en el Oriente resistieron valientemente, como lo muestran la defensa del Plan 3.000 (ciudadela obrera y “colla” de 250.000 habitantes en plena capital cruceña) o los enfrentamientos por el Mercado Campesino en Tarija.

Otros sectores que están en la “línea de fuego”, como las organizaciones de colonizadores campesinos de San Julián y Yapacani, se movilizaron a contrabloquear a los cívicos cruceños. También en el Chapare se iniciaron bloqueos, cortando la ruta a Santa Cruz en Bulo Bulo y otros puntos.

La masacre de Cobija hizo bullir la indignación y la determinación de defenderse. El sábado 13 un asalto unionista al bloqueo campesino de Tiquipaya fue derrotado y estos elementos debieron retirarse con al menos 17 heridos (uno falleció después). En Cuatro Cañadas el bloqueo campesino mostró sus machetes, escopetas y otras armas para advertir a los fascistas que si se atrevían a venir, volverían a Santa Cruz “en cajón”. En el Plan 3000 se organizaron brigadas de autodefensa de jóvenes y vecinos para protegerse de las incursiones de la UJC.

Al mismo tiempo, en La Paz y todo Occidente, crecía la inquietud entre los trabajadores, los campesinos y el pueblo y las declaraciones de sectores dispuestos a movilizarse. Los días lunes 15 y martes 16 multitudinarias marchas se realizaron en La Paz, convocadas por las organizaciones alteñas COR y FEJUVE, las universidades de la UPEA y UMSA, la COB y otros sectores populares, voceando consignas contra el imperialismo norteamericano, las oligarquías del Oriente y sus grupos fascistas.

Sin embargo, el CONALCAM (que coordina a los “movimientos sociales” campesinos, indígenas y populares que simpatizan con el MAS) y la COB (cuya dirección jugó un papel lamentable en la crisis, sin dar ninguna orientación al movimiento obrero), se disciplinaron a la política negociadora del gobierno, canalizando la disposición a luchar en algunas demostraciones sin continuidad.

Estas direcciones reformistas y burocráticas son los principales responsables de que el movimiento obrero, campesino y popular no haya podido movilizarse de conjunto, sumándose a los sectores avanzados que resistían en el corazón de la “media luna”, para contraatacar y asestarle una derrota categórica a la asonada autonomista.

Nada bueno que esperar del diálogo

Durante el fin de semana la asonada comenzó a perder fuerza y la tensión disminuyó, bajo la fuerte presión internacional y de sectores de la clase dominante que querían poner coto a la crisis y encaminarla a la negociación.

El papel asumido por UNASUR respaldando al gobierno de Evo Morales y “acompañando” el diálogo propuesto con los autonomistas y la gestión de la Iglesia facilitaron el camino a un “preacuerdo”.
A pesar de algunos escarceos y agresiones, ocasionados por sectores aislados de derecha y por un primer rechazo de los Prefectos a la detención de Leopoldo Fernández y otros cívicos pandinos responsables de la masacre, se llegó finalmente, en la noche del martes 16, a la firma del documento que se había elaborado en las reuniones preliminares entre el Gobierno y el Prefecto tarijeño Mario Cossio, como representante del CONALDE (organismo que agrupa a los prefectos autonomistas).

Con la bendición de la Iglesia y los buenos oficios de UNASUR, la OEA y la ONU, el nuevo “proceso de diálogo” anticipa mayores concesiones a la derecha y del que los trabajadores, los campesinos, los indígenas y el pueblo no tienen nada bueno que esperar.

Si finalmente no se llega a un acuerdo explícito –y no pueden descartarse nuevos “cortocircuitos”, rupturas o enfrentamientos-, es por que es difícil alcanzar el “gran acuerdo nacional” (como piden todos, desde el MAS a los cívicos) sobre los principales problemas de régimen político-estatal que alimentan la crisis política. Todo ello seguirá condicionando los esfuerzos para canalizar la crisis al terreno de la negociación.

Una severa advertencia

Los hechos de agosto y septiembre constituyen una grave advertencia para el movimiento obrero, campesino y popular, pues ratifican que no hay verdadera salida a la crisis nacional si no es a través de grandes enfrentamientos de la lucha de clases. Esto domina las perspectivas estratégicas para las que tiene que prepararse la vanguardia obrera y popular.

La profundidad de las contradicciones que corroen al país y del proceso de masas abierto en Octubre de 2003, hacen difíciles lograr acuerdos de fondo para reconstruir el régimen político burgués.
Frente a la crisis, hay dos estrategias que, pese a sus diferencias sociales y políticas, convergen en el objetivo de ahogar el proceso de masas y frustrar las demandas del pueblo trabajador.

La variante reformista que intenta el MAS en nombre de la “revolución democrática y cultural” ofrece algunas reformas parciales, a costa de renunciar a las grandes tareas democráticas, nacionales y antiimperialistas, sin las cuales no sólo es imposible dar respuesta a los problemas del pueblo trabajador, sino derrotar a la reacción burguesa y terrateniente.

Sin embargo, cuanto más éxito tiene el MAS en contener al movimiento de masas con su estrategia de colaboración de clases con la burguesía, más descontenta e impaciente se siente la clase dominante con los costos políticos y económicos que esta variante significa y más levanta cabeza la reacción.

El autonomismo es una expresión avanzada de las fuerzas reaccionarias y proimperialistas. Si la contención reformista se muestra ineficaz, intentarán las variantes de la contrarrevolución abierta. El gobierno frentepopulista del MAS les permite preservarse y presionar incesantemente, y puede terminar abriendo el camino a la contrarrevolución, como lo muestran la historia boliviana (de Torres a Banzer en 1971), latinoamericana (de Allende a Pinochet en Chile en 1973) e internacional durante todo el siglo XX.

Sólo la fuerza unificada de la clase obrera, el campesinado, los pueblos indígenas y el pueblo pobre de las ciudades, puede aplastar a la reacción y abrir el camino a una solución de fondo a los problemas de la liberación nacional y social en Bolivia. Pero esto exige superar las ataduras que el nacional-populismo indigenista del MAS opone al desarrollo de la movilización de masas.

Los socialistas revolucionarios participamos sin sectarismo en toda unidad de acción de masas para enfrentar los ataques reaccionarios, pero denunciamos con todas nuestras fuerzas la política de diálogo y concertación del MAS y defendemos siempre la plena independencia política frente al gobierno reformista, premisa para contribuir con todas las fuerzas posibles para que pueda constituirse el “tercer campo” revolucionario del movimiento obrero, capaz de orientar a las masas populares hacia una salida de fondo a la crisis nacional.

La Paz, 16 de septiembre de 2008

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