El 7 de agosto asumió la presidencia de Colombia el liberal independiente ˜álvaro Uribe Vélez. Este ex-gobernador del departamento de Antioquía, que promovió a los paramilitares de las Cooperativas Convivir y es conocido por sus lazos con los barones del Cartel de Medellín, basó su campaña electoral en un discurso de “mano dura” y “guerra total” hacia la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De esta manera, el nuevo presidente consiguió hacerse de una base social en un amplio sector de las capas medias urbanas y del campo, que desencantadas con la guerrilla y ante el fracaso de los “diálogos de paz”, fueron girando a la derecha bajo la presión ejercida por los políticos del régimen y los medios de comunicación.
A los cuatro días de haber asumido y con la excusa de un incremento de las acciones de las FARC, el nuevo gobierno decretó el “estado de conmoción interna” por 90 días. Esta medida le permite al ejecutivo declarar el toque de queda y restringir las libertades democráticas. Además, Uribe ha hecho efectivo un “impuesto de guerra” para fortalecer con lo recaudado a las fuerzas de seguridad y financiar una red de “un millón de informantes” civiles que colaboren con las FFAA –es decir la promoción desvergonzada de las fuerzas paramilitares desde el estado-.
Bush, que ha encuadrado al conflicto colombiano dentro de la lógica de la “guerra contra el terrorismo”, ha dado garantías a Uribe para utilizar parte de los fondos y recursos del Plan Colombia (3000 millones de dólares, equipos y fuerzas de élite) para combatir abiertamente a la insurgencia.
˜álvaro Uribe es un representante de lo más selecto de la gran burguesía colombiana y de su régimen oligárquico y represor. Encarna el proyecto político de las clases dominantes y EE.UU., y sus necesidades de un ejecutivo fuerte para descargar un golpe no sólo a las fuerzas de la guerrilla - intentando cambiar la relación de fuerzas sobre el terreno y lograr condiciones mucho más duras a una nueva negociación -, sino al conjunto de los trabajadores del campo y la ciudad. Busca de esta manera imponer una salida reaccionaria a la situación del país, y colaborar con la presión imperialista sobre toda América Latina. Es que Colombia atraviesa una situación explosiva, ya que sumado al conflicto armado en el campo y a la crisis de los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) más del 60% de los 42 millones de habitantes viven en la pobreza. Unos nueve millones disponen de menos de un dólar al día y diez millones están desempleados. La deuda externa supera los 42 mil millones de dólares, el 52% del PBI, mientras la guerra interna absorbe más del 35% del presupuesto nacional.
Toda esta explosiva situación, sin embargo, puede ser un obstáculo para asentar el plan de Uribe. La dramática situación social, política y económica puede hacer surgir movimientos de resistencia que ante un aumento de la represión política, baños de sangre contra los campesinos o una catástrofe económica, surjan del seno del movimiento obrero y popular y amenacen con hacer fracasar la salida reaccionaria de Uribe y el imperialismo.
Para detener la ofensiva política reaccionaria de Uribe y el imperialismo se necesita la más amplia unidad obrera, campesina y popular para defender las libertades políticas y democráticas y unir las demandas de tierra de los campesinos con las reivindicaciones de los trabajadores y el pueblo pobre de las ciudades. Es preciso el frente único de las centrales sindicales, campesinas y estudiantiles, partidos de izquierda y organizaciones de DDHH para enfrentar los planes de este gobierno cipayo en todos los terrenos basada en la más amplia autoorganización obrera y campesina y popular que pongan en pie organismos de autodefensa de masas, a los cuales se subordinen los grupos insurgentes, contra los seguros ataques de las fuerzas represivas del estado y paramilitar.
La justa aspiración de paz para los trabajadores, los campesinos y el pueblo, y la satisfacción de sus demandas no es la que proponen el Partido Comunista, los dirigentes sindicales y las propias FARC: insistir en el diálogo con los representantes de la oligarquía y el imperialismo. Por el contrario los socialistas revolucionarios planteamos que la única salida para conseguir las más elementales aspiraciones de las masas es la movilización consecuente de toda la nación oprimida dirigida por la clase obrera y que comience luchando por la ruptura de todos los lazos políticos, económicos y militares que atan a Colombia al imperialismo, la revolución agraria y la expropiación de los grandes capitalistas y terratenientes que financian a los paramilitares.
Los socialistas revolucionarios consideramos que la salida para la lucha del pueblo colombiano y sus legítimas demandas y aspiraciones: tierra, libertad, fin del terror, del hambre, la miseria y la entrega; exigen la alianza obrera y popular acaudillada por la clase obrera, para imponer mediante la insurrección de las masas autoorganizadas y armadas, el gobierno de sus propias organizaciones. Para pelear por esta estrategia, es preciso que la vanguardia colombiana saque lecciones de la amarga experiencia de años, y se unifique en la construcción de un verdadero partido obrero revolucionario e internacionalista.

El fracaso de los “diálogos de paz” y el papel de las FARC

Colombia llega a esta situación luego de cuatro años de “diálogos de paz” entre el anterior gobierno de Pastrana y la dirección de las FARC a quien, en 1998, le fue cedida una zona desmilitarizada en la zona de San Vicente del Caguan. La estrategia de Pastrana era, mediante el “proceso de paz”, rendir a la insurgencia en la mesa de negociaciones e integrarla al régimen burgués y por esta vía liquidar la actividad del movimiento campesino. A su vez el gobierno utilizó las ilusiones de las masas en el “diálogo de paz”, para descargar durante cuatro años una política de hambre, ajustes y entrega, fortaleciendo en gran medida a las FF.AA. con ayuda del imperialismo y dejando correr el accionar de los paramilitares. Luego de cuatro años -ante el desgaste del gobierno de Pastrana- las concesiones otorgadas a las FARC empezaron a ser consideradas como contraproducentes, para avanzar en la vía de imponer la capitulación a la guerrilla, que presionaron cada vez más hasta la ruptura del “proceso de paz” en el mes de febrero.

La política de las FARC

Dentro del balance de los “diálogos de paz” también hay que incluir el rechazo de amplias capas de las masas urbanas, incluso de su base social, y el aislamiento político en que se encuentran actualmente las FARC.
En todos estos años de “acuerdos de paz” la política de la dirección FARC, lejos de apoyarse en el movimiento de masas del campo y la ciudad, se centró en presionar a Pastrana y a la oligarquía –combinando atentados en los centros urbanos y acciones militares con su participación en la Mesa de Diálogo- para obtener algunas reformas políticas en el régimen como la convocatoria de una Asamblea Constituyente, y la utopía del desarme de los paramilitares en la perspectiva de conquistar un “gobierno de reconstrucción nacional” con sectores de la burguesía. Esta política impotente los llevó a divorciarse cada vez más de las luchas de los trabajadores, en los que no confía, sustituyendo la necesaria unidad de los obreros y campesinos por espectaculares acciones terroristas aisladas contra la infraestructura de las ciudades, inclusive afectando a la población civil provocando su aislamiento político y el rechazo a sus acciones de amplias capas de las masas, lo cual es aprovechado por demagogos como Uribe para llevar adelante su ofensiva.
Todo esto es coherente con el carácter de clase de las FARC. Aunque los defendemos incondicionalmente de los ataques del estado burgués y el imperialismo no podemos dejar de manifestar que las FARC son un partido-ejército con base campesina con una estrategia de colaboración de clases cuya política y métodos ajenos al movimiento obrero se han mostrado como un obstáculo para la movilización independiente de los trabajadores, a la alianza obrera, campesina y popular y a la autodefensa de masas.
Hoy las FARC, con sus espectaculares demostraciones y la intensificación de su escalada, tiene el objetivo de presionar al extremo al nuevo gobierno para sentarse en una nueva “mesa de diálogo”. Como vemos, la insistencia en esta errónea e impotente política presenta un gran riesgo para la movilización de las masas para enfrentar consecuentemente la ofensiva reaccionaria de Uribe y la expulsión del imperialismo.