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IMPUTABILIDAD - DEBATE CON HORACIO VERBITSKY

De la sartén al fuego

“La baja de la edad de imputabilidad no criminalizaría la pobreza: sólo pondría límites legales a la arbitrariedad absoluta que hoy convierte a los pibes pobres en rehenes de las redes de ilegalidad y mano de obra baratísima para el delito”.

Miguel Raider

3 de febrero 2011

“La baja de la edad de imputabilidad no criminalizaría la pobreza: sólo pondría límites legales a la arbitrariedad absoluta que hoy convierte a los pibes pobres en rehenes de las redes de ilegalidad y mano de obra baratísima para el delito”. Acaso el lector advierta la sentencia de algún derechista con algún que otro ribete progresista como Elisa Carrio que recita uno de los padre nuestros obligados de la campaña por la “seguridad ciudadana”. Se equivoca. Las palabras pertenecen al periodista Horacio Verbitsky, dirigente del CELS y figura influyente de la llamada “izquierda kirchnerista”.

Curiosamente, aproximándose al gobernador Daniel Scioli, un cruzado de la mano dura que exige la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, Verbitsky justifica esta iniciativa derechista porque “proveería a los pibes de las mismas garantías de defensa en juicio que tienen los grandes” (Página12, 30/01). De ese modo, los menores adquirirían “derechos y garantías” iguales a los adultos para terminar encerrados en “cárceles especiales”. En buen criollo, argumentos progresistas para encubrir una política derechista.

Mientras denuncia el intento de detención arbitraria de un pibe de 14 años que acompañaba al menor acusado de asesinar a Fabian Esquivel, Verbitsky se queja de los juristas “progresistas” que invocan la “doctrina Argibay”, sin embargo termina reproduciendo la misma lógica. En diciembre de 2008, la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay, se pronunció contra la liberación de 60 adolescentes privados de su libertad en un instituto cerrado, a pesar de que la Cámara de Casación Penal declaró inconstitucional la detención de menores, habilitada por la ley 22.278. Argibay se aferró a la necesidad de encerrar a los menores con la finalidad de que no queden sujetos en el espacio público a merced de “la policía, el gatillo fácil y la muerte”. Nuevamente, argumentos progresistas para justificar una política de derecha.

Verbitsky criticó correctamente en numerosas ocasiones la ley 22.278, sancionada por la dictadura de Videla en 1980 sobre la base la ley de Patronato de 1919 o ley Agote, la que mantiene en vigencia el gobierno de Cristina. Esta ley condena a los menores pobres a la tutela compulsiva del Estado, otorgando facultades extraordinarias a la policía y a la justicia para detener arbitrariamente niños y adolescentes y disponer de ellos en institutos cerrados hasta los 21 años, encima reforzada por la ley provincial bonaerense 13.634, que garantiza la celeridad del proceso en sólo 12 horas.

Pero resignado a las reglas de juego de la “distribución de la riqueza” kirchnerista, el dirigente del CELS va de la sartén al fuego reivindicando la baja de la edad de imputabilidad y la creación de un régimen penal juvenil entre 14 y 18 años, contenidas en la media sanción de ley votada en la Cámara de Senadores en julio de 2009 a partir del acuerdo unánime de todos los bloques, incluido el Frente para la Victoria, que presentó los proyectos de las legisladoras María Perceval y Diana Conti.

A dos años de la desaparición de Luciano Arruga, resulta casi una provocación la impunidad que conserva la policía y la “solución” para el delito encerrando a los jóvenes pobres detrás de las rejas.

¿Quién le hace el juego a la derecha?

Los delitos graves cometidos por menores son prácticamente muy pocos, como admiten los criminólogos internacionales más destacados. Desenmascarando la manipulación de las estadísticas proporcionadas por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires al diario Clarín y La Nación, Verbitsky devela que sobre 328.305 investigaciones penales preparatorias, apenas el 4,2% afectan a menores de 18 años, una cifra insignificante considerando que los menores constituyen poco más del 30% de la población. Sin embargo, después de ocho años de crecimiento económico a tasas récord, Verbitsky parece haberse adaptado al pragmatismo de las políticas punitivas del Estado. El bloggero peronista Lic. Baleno saluda ese nuevo camino: “bienvenido Horacio a la derecha…quienes decimos que HAY QUE TENER una política de seguridad que supere el consignismo vacío de ‘ningún pibe nace chorro’…los problemas no se eluden, se solucionan o te morfan” (elmagma.blogspot.com). Claro que la solución auspiciada es la creación de un régimen penal juvenil para “incluir” a los jóvenes pobres en un sistema penitenciario “especial”, adquiriendo un “nuevo derecho de ciudadanía”. ¡Qué ironía, antes de adquirir el derecho al voto los jóvenes pobres obtendrían el “derecho” de ir a la cárcel!

Tanto empeño en políticas punitivas sólo puede comprenderse por la falta de preocupación en políticas sociales, cuando la CTA del kirchnerista Hugo Yasky señaló que la asignación por hijo, la panacea de los progresistas, no tuvo un impacto significativo en la reducción de la pobreza, estancada en poco más del 30% de la población, según el consultor Artemio López. Recientemente, dos pibes, un bebé de 18 meses y una nena de 3 años, murieron en Salta por desnutrición, el mismo cuadro que saltó en Montecarlo, Misiones, a raíz de la muerte de una beba de 15 meses, que terminó revelando que en la provincia había más de 6.000 niños desnutridos. Hasta el Ministerio de Salud y la Red Solidaria de Juan Carr reconocen la existencia de más de 750.000 niños con riesgo alimentario sólo en áreas urbanas, mientras los grandes empresarios levantan ganancias siderales, gracias a las virtudes del “modelo”.

Los progresistas se limitan a condenar las consecuencias inherentes del sistema capitalista, omitiendo premeditadamente la naturaleza de sus causas, por eso terminan capitulando a la agenda de la derecha, sobre todo cuando se trata de definiciones estratégicas de Estado. En ese sentido, la creación del Ministerio de Seguridad bajo el programa de Seguridad Democrática es la nueva política de Estado adoptada gracias al “aporte” del CELS para reprimir en forma “racional” y “eficiente” a todo aquel que ose violar el espacio público y la propiedad privada de los grandes capitalistas.

Mientras tanto, Pedraza y los popes de la Unión Ferroviaria ni siquiera son llamados a indagatoria por el asesinato de Mariano Ferreyra, cuatro militantes del PO fueron procesados por “extorsión” (poniendo en tela de juicio el derecho de huelga), los asesinatos de Formosa y Villa Soldati no tienen ningún imputado y Roberto Martino sigue en prisión por denunciar la masacre del pueblo palestino a manos de las tropas sionistas.
Al fin de cuentas, entonces, ¿quién le hace el juego a la derecha?

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