¿Por qué el PTS sostiene el derecho al aborto libre y gratuito?
En primer lugar porque consideramos que las mujeres tenemos derecho a la autonomía, a decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestras vidas sin que otras personas, ni la justicia, ni el Estado, ni la Iglesia nos ordenen lo que debemos hacer.
Pero el PTS le pide a las mujeres que apoyen y se sumen a la lucha por este derecho, aún sabiendo que no todas comparten estas ideas, porque hay otras razones de fundamental importancia: por más que la Iglesia y el Estado prohíban el derecho al aborto, las mujeres abortan y, al hacerlo de manera clandestina, se exponen a terribles situaciones de riesgo para su salud y para sus propias vidas.


¿Cuáles son esos riesgos?
Hoy en la Argentina se producen entre 350.000 y 500.000 abortos por año Si tenemos en cuenta que en el país existe un promedio de 650.000 nacidos vivos al año, se deduce que, como mínimo, se produce un aborto por cada dos embarazos que llegan a término. Y esto culmina en que son más de 400 mujeres las que mueren, mientras otras 15.000 sufren graves secuelas de salud por causa de estos abortos clandestinos que incluyen la introducción de sustancias tóxicas, objetos punzantes o sondas. Por supuesto, esto no le interesa al gobierno ¡porque las que mueren son las mujeres más pobres! Son aquellas que no tienen los medios económicos para acceder a la red clandestina de consultorios y clínicas donde los médicos realizan abortos con un precio que oscila entre los 500 y los 1500 pesos, e incluso más.


¿Cómo es la ley argentina que castiga el aborto?
El aborto está encuadrado como delito “contra la vida” en el Código Penal, que se castiga con prisión que va de tres a diez años para los que causaran un aborto y de uno a cuatro años a las propias mujeres involucradas.


¿No hay excepciones?
Hay dos excepciones que son muy discutidas: una que dice que no es punible el aborto que se hace para “evitar un peligro para la vida o la salud de la madre” y otro que también elimina la pena en caso de que el embarazo sea la consecuencia de “una violación o atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.”
El problema que existe para estas dos excepciones es que tienen múltiples interpretaciones y los jueces, cuando intervienen, deciden no aplicarlas. Fijáte qué amplia es la primera definición de “evitar un peligro para la vida o la salud de la madre”, porque todo dependerá de qué entendemos por salud. Si aceptamos la definición de la Organización Mundial de la Salud, es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedades.” En ese caso, un embarazo forzado, es decir no deseado ni elegido por la mujer (ya sea porque no conocía los métodos anticonceptivos, o porque no podía acceder a ellos, o porque no podía adquirirlos económicamente, como por una violación, por relaciones forzadas o porque los métodos anticonceptivos fallaron, etc.) se transforma en un embarazo que puede afectar el “estado de completo bienestar físico, mental y social” de la mujer.
Hay un excelente trabajo de tres mujeres profesionales que sostienen que obligar a la mujer a continuar un embarazo forzado se puede considerar casi como un trato cruel, algo que está prohibido en la Declaración Universal de Derechos Humanos que, en el artículo 5 señala que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.1


¿Podrías dar un ejemplo?
Mirá el caso reciente de Romina Tejerina, la joven jujeña que fue violada por su vecino y ocultó su embarazo por temor a las represalias que pensó que iba a sufrir de parte de la sociedad. Ella mató al bebé, cuando nació, en medio de una crisis psicológica profunda y dijo que lo hizo porque en la criatura vio la cara de aquél que la violó. ¡Es terrible que se llegue a eso para que la sociedad tenga que debatir estas cuestiones! Quizás, la situación de Romina habría sido otra si hubiera tenido acceso a los métodos anticonceptivos de emergencia, si hubiera contado con el derecho a abortar y si, además, contara con un Estado y una justicia que castigara al violador y protegiera sus derechos. Pero hoy la condena por homicidio pesa sobre ella, mientras al violador ni siquiera lo citaron a declarar.
Lo que quiero destacar es que, aún cuando existen estas dos excepciones tan ambiguas en el Código Penal, lo cierto es que nadie las aplica en la práctica. El Estado y la Iglesia, en este país, tienen estrechas relaciones de colaboraciones mutuas que nadie quiere romper. Mientras la educación pública se deteriora, por ejemplo, el Estado subsidia a los colegios privados que tiene la Iglesia. ¡Sus enormes propiedades, sus casas de retiro espiritual, sus terrenos pagan menos impuestos y muchos fueron cedidos gratuitamente por el Estado!
La Iglesia siempre ha sido cómplice del poder. Ellos no permiten que las mujeres puedan abortar ni siquiera en el caso de que hayan sido violadas, pero bendijeron la tortura de mujeres embarazadas en los centros clandestinos de detención de la dictadura militar. Aunque son los primeros en condenar el aborto, se niegan rotundamente al uso de anticonceptivos y si alguna alumna de un colegio católico queda embarazada y quiere seguir adelante con su embarazo, no tienen ningún empacho en echarla.
Con las feministas siempre cantamos en las marchas “¡Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley!”, creo que es así... la hipocresía de una Iglesia que encubre a los curas que abusan de niños, que apoyó la tortura y siempre vivió entre riquezas es la causa de que las mujeres sigamos muriendo por razones perfectamente evitables.


¿Qué posibilidades hay de modificar estas leyes, entonces?
No veo que sea depositando esperanzas en que lo haga algún legislador. En primer lugar, porque como es un delito tipificado en el Código Penal, es necesario modificarlo con una ley del Congreso Nacional. No puede haber derecho al aborto en la Capital o en alguna provincia en tanto no se modifique a nivel nacional. Ni siquiera se puede usar el mecanismo de la Iniciativa Popular, porque está prohibido consultar a la población sobre cuestiones que se consideran penales.
¡El problema que tienen es que si se hiciera una consulta a la población ya sabemos que el resultado sería que el 76% de las mujeres opinan que una mujer que haya abortado no debe ir presa!
El PTS peleará en todas las instancias, en el caso de obtener una banca en Diputados o en la Legislatura de la Ciudad, pero estamos convencidos de que el derecho al aborto se conseguirá solamente con la movilización, la lucha y la organización de las mismas mujeres. Por eso siempre alentamos y participamos unitariamente de todas las iniciativas que surgen del mismo movimiento de mujeres que plantean el derecho al aborto.


¿Cuál es la postura del PTS sobre anticoncepción y aborto?
Nuestra posición es que no alcanza con despenalizar el aborto, sino que hay que luchar porque sea un derecho libre y gratuito, es decir que sólo la mujer interesada pueda tomar la decisión de abortar sin la tutela de otros y que se realice de manera gratuita, en los hospitales públicos y preservando la salud psicofísica y la dignidad de la mujer.
Por supuesto, consideramos que el derecho al aborto debe acompañarse de una real y efectiva aplicación de una ley de salud reproductiva que garantice información, educación sexual y acceso gratuito a los distintos métodos anticonceptivos a todas las mujeres sin distinciones, preservando su intimidad y sin necesidad de que un tercero tenga que involucrarse en esta decisión, ni los padres, ni los maridos, ni nadie más que la mujer misma. En ese camino, creemos que debemos exigir también que se haga efectiva la ley de salud reproductiva vigente, a pesar de sus limitaciones, la que actualmente no se cumple totalmente por falta de presupuesto, por la burocracia, por negligencia de los funcionarios y también por prejuicios o desidia de los mismos encargados de hacerla efectiva.


¿Los demás partidos de izquierda defienden el derecho al aborto libre y gratuito?
En general hablan indistintamente de derecho al aborto, despenalización, legalización o derecho al aborto libre y gratuito. Y como podés ver, no son cosas iguales. Pero más allá de eso, lo cierto es que tanto el MST como el PO nunca hablan de estos temas públicamente cuando llegan las campañas electorales.
Nosotros, por el contrario, creemos que es un buen momento para amplificar la voz de quienes peleamos por este derecho. Pero también sostenemos que debe ser una demanda permanente y que sólo generando el debate entre las mujeres trabajadoras, desocupadas, estudiantes, jóvenes es que podremos impulsar la movilización y la lucha por nuestros derechos.


¿Qué les dirías a las jóvenes, las trabajadoras y las mujeres de los sectores populares que lean LVO?
Que la lucha por el derecho al aborto en la Argentina tiene una historia en la que cientos de mujeres se comprometieron enfrentando a la Iglesia, a la justicia y a los gobiernos de turno. En esa historia, la Comisión por el Derecho al Aborto, el movimiento de Mujeres Autodeterminadas para Decidir En Libertad, el Foro por los Derechos Reproductivos y la Asamblea por el Derecho al Aborto son sólo algunos de los nombres que las mujeres han elegido para organizarse y pelear por este derecho.
Creo que es la hora de que una nueva generación de jóvenes mujeres retome esta historia y esta bandera para seguir peleando por el derecho al aborto libre y gratuito y la emancipación de las mujeres, en el camino de una sociedad sin explotación ni opresión.


1 Chiarotti, S.; García Jurado, M.; Schuster, G.: “El embarazo forzado y el aborto terapéutico en el marco de los derechos humanos”, en Aborto no punible; Foro por los Derechos Reproductivos, Bs.As., 1997.