Al cierre de esta edición se estaba votando en la Cámara de diputados a favor del 82% móvil que aumentaría en 400 pesos las jubilaciones mínimas. En primer lugar, hay que decir que puede terminar siendo otra de las “medias sanciones” que naufragan en la disputa parlamentaria entre el gobierno y la oposición, y que no pase en el Senado.

Como venimos reflejando desde estas páginas (ver LVO 386 y 387), la oposición disfruta el frenesí de estar ubicados (¡por fin!) “a la izquierda” del gobierno, aunque sea para aumentar en $400 jubilaciones que mantendrán a los trabajadores pasivos en la pobreza. El Grupo A sabe que, de todas formas, ni eso habrá en el caso que el Senado rechace la ley. Especialmente los radicales están usando a los jubilados para la demagogia electoral de cara a las presidenciales del 2011, para las que promocionan a Alfonsín, el hijo de un presidente con el que a los jubilados no les fue nada bien.

Pero la sorpresa fue “nacional y popular”.

Alguien dijo que "si se aprobaran los proyectos que están discutiendo, en tres meses entraríamos en default". Otro afirmó que “está demostrado que no hay forma de que se pueda sostener el 82 por ciento móvil”. ¿Quién dijo estas frases? ¿Fue don Domingo Felipe Cavallo, fundador de la neoliberal Fundación Mediterránea? ¿Habrá sido Anoop Singh, el viejo truhán del FMI que venía a monitorear las cuentas de Argentina en medio de ajustes? No. Fueron Cristina Fernández y el jefe de su gabinete, Aníbal.

El gobierno sinceró una política de “responsabilidad fiscal” para pagar la deuda externa, que es, ni más ni menos que el viejo argumento de los “neoliberales”, sólo que aquellos lo usaban para “bajar el déficit fiscal” y estos para “defender el superávit”.

Los mismos que en el debate, como convencidos fiscalistas ortodoxos, chantajearon con que si se aumentan los aportes patronales las empresas no van a querer invertir en nuestro país. ¿No le suena al lector que este es un viejo y usado argumento menemista? Lo es: el mismo gobierno que hace de sus “proezas redistributivas” una campaña electoral permanente, tiene que admitir que al 80% de los jubilados le reserva el dudoso privilegio de cobrar $1045. Los Kirchner, que pagaron más deuda externa que todos los anteriores, que dan créditos de $70 millones a multinacionales como GM, que legitima desde el Ministerio de Trabajo la extensión del trabajo en negro y la precarización que afectan a millones de trabajadores y vacían los recursos previsionales, no encuentra “de dónde sacar plata”, siquiera, para pagar una escasa jubilación del 82% del salario mínimo.

La centroizquierda

Claudio Lozano y Pino Solanas de Proyecto Sur, expresan la posición, por decirlo así, “progre” en el debate de las jubilaciones, presentando un proyecto en minoría que propone restituir los aportes patronales que eliminó Cavallo. También es demagógica porque, teniendo una relación estrecha con sus partidarios en la CTA De Gennaro o Michelli, no proponen movilizar a los sindicatos por su propia propuesta y, por el contrario, facilitaron el quórum y la media sanción del proyecto del Grupo A.

La base del acuerdo está en que defienden la misma normativa de los radicales y el PS, es decir el 82% trucho, la aplicación del Fallo Badaro a las jubilaciones no mínimas y el nuevo índice de actualización. La diferencia está en que proponen que se especifique la fuente de financiamiento. Según Página/12, “Mientras en el dictamen de mayoría no hay referencia a la financiación, el de minoría -centroizquierda- propone la restitución de los aportes patronales a los niveles de 1993 y la utilización de excedentes de recaudación y el superávit del ANSES”. Lozano, incluso, sostiene una denuncia tan correcta como hipócrita viniendo de quien viene: “Nos están trampeando cuando nos dicen que no es sustentable en el tiempo, cuando en verdad lo que no es sustentable es el sistema tal cual funciona hoy. El 52% de quienes están en edad de trabajar no aportan en la argentina y estamos creando una bomba previsional si no discutimos una reforma integral”. Lozano, a pesar de esta denuncia, tiene el “cadáver en el placard” de mantener una sociedad estratégica con Eduardo Buzzi de la Federación Agraria , el ex progre y actual amigo de los enemigos del Grito de Alcorta, la SRA. ¿Va Lozano a proponer la erradicación del trabajo en negro en la industria, los servicios y el campo, o va a mantener los argumentos de Buzzi y Cía. de que mantener a los peones en negro es “normal” y sirve para que “los productores no quiebren”? Considerando el voto en contra de la 125 por parte de Proyecto Sur, por presión de los sojeros, uno puede imaginar la respuesta…

No se puede dejar pasar que la restitución de los aportes patronales que propone Lozano es parcial, ya que deja afuera a todos los patrones de 40 empleados o menos, que facturen hasta $10 millones al año. Alguien dirá que es “buscarle el pelo al huevo”, pero ¿se acuerda de “Don Carlos”, el de la propaganda oficial que después de 7 años de tener una docena de empleados en negro los pasaba “tudo legal”? Chupasangres como ese, con Lozano, “tudo bom”.

Todos están por 100% de las ganancias empresarias

Algo une con sangre (capitalista) en el debate sobre jubilaciones, al gobierno y a la oposición: ni uno ni otro siquiera conciben inquietar a los empresarios aumentando los aportes patronales, que Menem y Cavallo los redujeron en 1993. La oposición, como quien tira migajas a las palomas, está dispuesta a “soportar” pagar jubilaciones del 82% móvil del nuevo salario mínimo, que podría llevarlas a poco más de $1400, pero ni se les ocurre atacar a una de las más grandes estafas que garantizó el menemismo. Proponen que se sustente con el superávit de la ANSES y con el Fondo de garantía de Sustentabilidad. No solamente no conciben votar el verdadero 82% del salario al momento de jubilarse, aumentados según el mejor aumento de las paritarias, como mínimo, sino que tampoco mencionan para financiar, aun su limitado proyecto, la necesidad de restablecer los aportes patronales, la instalación de impuestos progresivos, la ruptura y cesación de pagos con los organismos multinacionales de crédito, ni qué decir de la eliminación del trabajo en negro. ¿Alguien se imagina a la oposición que rinde pleitesía a la oligarquía sojera de la Sociedad Rural, atacando el trabajo en negro que afecta, al menos, a 6 de cada 10 peones rurales? Nosotros no.

Una política independiente de los trabajadores

En un reciente acto contra el cierre de la fábrica santafesina Paraná Metal, Pablo Michelli del ala “sojera” de la CTA, dijo que llamarían a una jornada nacional a favor del 82%. Pero no lo hicieron el día que se votaba ni en apoyo a su diputado de Proyecto Sur por la restitución de los aportes de Cavallo. Estamos, en este caso, ante una demagogia de tipo sindical: es parte de la campaña electoral en la CTA entre dos fracciones burocráticas que se han mostrado inútiles para lograr nuevas conquistas para los trabajadores, ni siquiera han servido para defender las viejas, porque nunca apuestan a la lucha y la movilización.

Solamente una política que ponga en el eje de la movilización a los trabajadores y el pueblo pobre a favor de jubilaciones que cubran el valor de la canasta familiar o al menos el 82% de los salarios de cada oficio, actualizado según las mejores paritarias, puede expresar una política independiente, progresiva. Esta política debe plantear la erradicación del trabajo en negro y la precarización, la restitución de los valores de los aportes patronales, impuestos progresivos a las fortunas, eliminación del IVA, no al pago de la deuda externa y los subsidios a grandes empresarios. De acá puede “salir la plata” no solamente para pagar jubilaciones justas, sino para invertir en salud y educación públicas, planes de obras para erradicar la desocupación, etc. Nada de lo que defienden ni el gobierno ni la oposición.