La desaparición de Jorge Julio López nos ha deparado hasta ahora una sola constatación: los funcionarios están de- sesperados. Sólo la desesperación puede explicar la presencia de hipótesis tan descabelladas como la que señala que el testigo se habría refugiado entre linyeras que no leen los diarios ni ven televisión y que, por lo tanto, no saben quién es.

Sólo la desesperación del ministro del Interior, Aníbal Fernández –y sus chabacanos modos–, lo pudo llevar a decirles a las organizaciones de derechos humanos que él seguía creyendo en un extravío voluntario de López. El problema no es lo que dijo, sino cómo lo dijo: "No tengo pruebas de que no esté en la casa de la tía", les asestó. Adriana Calvo, una de las dirigentes que lo escucharon, salió espantada. A la edad de López, 77 años, las tías son tan improbables como son improcedentes las ironías sobre el caso.

Sólo la desesperación pudo llevar al gobernador Felipe Solá a confundir el primer desaparecido de la dictadura, y luego desaparecido en democracia, con el primer desaparecido de la democracia. No son las mismas cosas. El mensaje que conllevaría un eventual secuestro de López sería infinitamente más grave que cualquier otro hecho que haya sucedido durante los 22 años de democracia.

Sólo desesperación parece haber en el secretario de Derechos Humanos, Duhalde, que le recordó al Gobierno el caso de los japoneses que mucho tiempo después de la Segunda Guerra se escondían cuando escuchaban el ruido de los aviones. Según el funcionario, López pudo sentir pánico luego de recordar su secuestro y tortura, cuando declaró contra Etchecolatz, y estar escondido ahora en un lugar familiar.

El único que mantuvo hasta anoche su desesperación bajo siete llaves fue el presidente Néstor Kirchner. El silencio era raro en un presidente que no les había negado palabras ni actos a los derechos humanos. Parece repetir con Felipe Solá la estrategia que aplicó en su momento con Aníbal Ibarra tras la tragedia de Cromagnon: dejar que el fuego del drama calcine al funcionario que más cerca está de las cosas.

Kirchner no ha hecho alusión a la disparatada tesis de Aníbal Fernández y de la tía de López. El Presidente estaba entonces en Nueva York y el ministro del Interior era, en el momento de la reunión y del exabrupto, el único funcionario importante y permanente del Gobierno que se encontraba en Buenos Aires.


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Sería mucho mejor que cualquiera de esas hipótesis oficiales se hiciera realidad y que, finalmente, López haya sido víctima del pánico o de los desvaríos de su cabeza. Pero esas posibilidades van perdiendo fuerza en la medida que pasan los días y las horas. Una recompensa de 200.000 pesos, prometida por Solá para quien encuentre o dé pistas ciertas sobre el desaparecido, es demasiada plata como para imaginar al anciano testigo vagando solitario por vacías calles.

Las hipótesis benignas se tornan más débiles aún cuando se sabe que hubo innumerables amenazas contra testigos durante el caso Etchecolatz, algunas con incipientes actos de concreción. Había quienes sabían quiénes declararían y quiénes eran testigos invalorables para la causa.

Esas vísperas de intimidaciones hacen más inexplicable aún que los testigos clave hayan estado desprotegidos y dejados a la buena de Dios. Necesitaban sólo un policía en la puerta de sus casas.

Ayer, el gobierno provincial aclaró que esa medida debió ser pedida por el fiscal y aprobada por la Cámara Federal. No se trata, otra vez, de trasladar responsabilidades: es el Estado el que falló a la hora de asegurar la intangibilidad de testigos importantes de causas que el propio Estado decidió llevar adelante.

Si López desapareció como una operación para atemorizar a futuros testigos, la obra está dando sus resultados. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que ya uno o dos testigos de futuros juicios han desistido de dar su testimonio. Dijeron sentirse demasiado expuestos y muy desamparados por el Estado como para correr el riesgo de represalias.


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La política de derechos humanos de Kirchner puede ser motivo de discusiones y de debates. Y, de hecho, lo es. Sin embargo, no podría quedar en duda si la Argentina vive o no bajo el imperio de la ley. El caso López coloca al país en el deber de responder a esa pregunta esencial: ¿sólo la ley rige y organiza la vida de los argentinos? ¿O, en cambio, existen actos y mensajes de sectores marginales de la sociedad más poderosos que la propia ley?

Otra conclusión es que la política nunca tiene un decurso previsible. Solá se preparaba para un acto en el que lanzaría su candidatura a una reelección que, de entrada, le está vedada por la Constitución provincial. El caso López lo sacó salvajemente de las tertulias políticas y de las divagaciones electorales para meterlo de lleno en un conflicto que no carece de enorme dosis de dramatismo.

¿Cuán dramático es? Sólo es necesaria una comparación. Ni los testigos de los juicios a las juntas militares de la dictadura durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando la democracia era mucho más frágil que ahora, fueron secuestrados o desaparecidos.

Por eso, la mejor noticia que podría suceder es que los aparentes y desesperados desatinos de los funcionarios resultaran ciertos. No hay nada más importante ahora, para la legalidad de la Argentina y para la seguridad de los argentinos, que la vida y la presencia del viejo testigo que se evaporó.