Las empresas petroleras parecen apostar al desgaste de los piqueteros que tienen tomada la playa de tanques de la empresa Termap hace doce días.
Y no es por los mil metros que ayer les hicieron recorrer varias veces hasta la iglesia donde se hacen las negociaciones. Ni por el gas y la electricidad que les cortaron al mediodía. Más bien esperan que acepten la oferta que ya agarraron otros desocupados que no tomaron la empresa.
En esa sintonía se pronunció ayer el gobernador santacruceño, Sergio Acevedo, quien instó a los piqueteros a aceptar la oferta de las empresas Pan American Energy, Repsol—YPF y Vintage Oil, operadoras de la terminal de embarque de petróleo.
"Esto está afectando, más allá del interés empresarial, el interés de la provincia y el de los municipios porque si no se puede sacar petróleo, Santa Cruz deja de percibir las regalías", dijo Acevedo, quien también admitió haber hablado del tema con el presidente Néstor Kirchner.
Fuentes de los negociadores empresarios aseguraron ayer a la mañana que irían a un encuentro por la tarde con una propuesta distinta de la que ya habían rechazado los piqueteros el jueves. Sin embargo, algunos de los piqueteros, que parecen divididos, dijeron que nada varió de la propuesta previa que les hicieron.
Los piqueteros reiteraron que quieren trabajo genuino y no un subsidio.
Pero ayer, a última hora, parecían resignados al subsidio. Su pelea pasaba por tener garantías de ser incorporados en el futuro en la industria petrolera y no en la pesquera y la construcción. Es que como petroleros aspiran a un sueldo básico de 865 pesos, más 400 pesos en vales.
De hecho, una delegación de doce piqueteros, la mayoría de ellos mujeres, fue ayer hasta la iglesia Don Bosco con ánimo conciliador. Decían llevar el aval de otros 65 desocupados que estaban dentro del predio de Termap. Incluso el número de piqueteros que participan de la toma está en duda. Ellos dicen que son 115 y en la municipalidad aseguran que son 98.
El arreglo al que llegaron otros 175 desocupados que no participaron de la toma contempla un subsidio de 700 pesos a cambio de capacitación y la promesa de incorporarlos en las tres empresas del sector o —y ése es el problema— en la industria pesquera o proyectos de la municipalidad.
El intendente Fernando Cotillo se mostró complacido por el arreglo alcanzado por este grupo. "Nosotros nos limitamos a escuchar y a establecer cuál era el reclamo. Las petroleras nos visitaron y nuestra gestión apuntó a que todo llegue a buen término", dijo el intendente justicialista.
Con ese primer arreglo en el bolsillo, las empresas apuestan a que los rebeldes que aún permanecen en la planta, la mayoría de ellos jóvenes, se desgasten y terminen alcanzando el mismo acuerdo que los "dialoguistas".