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EL GOBIERNO GOLPEA LAS PUERTAS DEL BANCO MUNDIAL

Buscando alternativas tras el fracaso de la vuelta a los mercados

Con el canje de títulos de deuda aún abierto, ya se están ensayando distintos planes alternativos ante su inminente fracaso para el objetivo de “volver a los mercados”.

Esteban Mercatante

17 de junio 2010

Buscando alternativas tras el fracaso de la vuelta a los mercados

Con el canje de títulos de deuda aún abierto, ya se están ensayando distintos planes alternativos ante su inminente fracaso para el objetivo de “volver a los mercados”. Como colocar nueva deuda en el exterior está descartado porque los intereses superarían ampliamente el 10%, se reabre la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento.

Negociando con el banco de los planes privatistas

La novedad de esta semana fue que el gobierno intentará nuevamente avanzar en la gestión de un crédito del Banco Mundial, por 480 millones de dólares, para solventar una parte de los gastos del plan de asignaciones por hijo, hasta ahora sostenidas con Fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Para esto, golpean las puertas del mismo organismo internacional que durante los ’90 financiaba los planes para “gestionar” la pobreza mientras exigía las “reformas estructurales” que desembocarían en la destrucción de millones de puestos de trabajo, entre empleo público y trabajadores de las empresas estatales privatizadas.

No vaya a creer el lector que es porque piensan usar esa plata para aumentarle a los jubilados, de los cuales el 76% cobra el haber mínimo de $895, mientras que el promedio de gastos del jubilado se estima en $ 2.036. Mientras tanto, el gobierno seguirá evitando pagar el 82% móvil. Nuevamente se ve que la nacionalización de las AFJP de ningún modo se hizo para garantizar aumentos relevantes en los montos de las jubilaciones o para reimplantar el 82% móvil.

La cosa viene por el lado de liberar recursos. Como el presupuesto ya está bastante comprometido, con más de un 40% repartido entre subsidios y pago a los acreedores, y como los fondos de ANSES ya no abundan después de varias colocaciones de deuda pública y de otorgar financiamiento a los empresarios, se impone buscar otras formas de mantener esta partida.

Gastando por el capital

Por mucho que el kirchnerismo presuma sobre el “crecimiento con equidad”, lo cierto es que los problemas fiscales provienen principalmente de los esfuerzos por sostener un esquema de crecimiento económico basado en garantizar a la vez el pago de la deuda y altas ganancias a los capitalistas, mientras los asalariados apenas recuperaron los ya bajos niveles del 2001 y su costo en dólares sufrió una baja sustancial. Parte de estos esfuerzos fue la decisión de solventar con subsidios una parte de la ganancia de los empresarios, como si el hecho de que el salario se mantenga en los niveles promedio más bajos de los últimos 30 años no fuera fuente suficiente de ganancias. Otra causa clave de los problemas fiscales es la renegociación de la deuda hecha en 2005, que además de la pesada carga de los pagos de capital e intereses incluyó generosas ofertas para los acreedores, como cupones atados al PBI o a la inflación. Estos últimos fueron la excusa para presentar como una causa nacional la destrucción del Indec, que sirvió para esconder durante algún tiempo el impacto de la suba de precios sobre el bolsillo de los trabajadores.

La situación fiscal estaría mucho menos comprometida si no rigieran significativas desgravaciones impositivas que benefician a los empresarios y a las finanzas. La desgravación de la renta financiera y a las ganancias realizadas por valorización y compraventa de acciones y títulos de deuda, representa $6.000 millones. Es decir $1.700 millones por encima del aumento del gasto que representó el plan de asignaciones por hijo. Este último suma $8.400 millones, pero absorbió otros planes por $4.100 millones, requiriendo un gasto adicional de $4.300 millones. También están las desgravaciones por la promoción industrial (otra ley de la dictadura que el kirchnerismo nunca cuestionó) que suman $4.700 millones, beneficiando algunas pocas empresas, la mayoría de las cuales ha montado fábricas que se limitan a ensamblar las piezas importadas. Incluso, muchas empresas montan fábricas fantasmas que no producen nada en los lugares que hay desgravación sólo para beneficiarse con la promoción.

Ni el gasto “social” ni ninguna política de redistribución hacia los sectores populares son clave para explicar los problemas fiscales. El eje está en los compromisos fiscales destinados a sostener la ganancia empresaria y en el peso creciente de la deuda.

Una crisis en ciernes

La cuestión fiscal es para el kirchnerismo el punto más sensible. El eje de su política económica, tanto para emparchar el esquema económico frente a los numerosos factores que vienen haciendo crisis (como la inflación) como para mantener a los gobernadores e intendentes del PJ alineados, implica tener una caja abundante. Su “bonapartismo fiscal” sin superávit ni posibilidad de colocar deuda a tasas bajas se queda sin combustible.

Todavía el gobierno cuenta con algunos recursos. Gracias a la inflación que aumenta la base para la recaudación de impuestos, a recursos como las ganancias del Banco Central (BCRA), el gobierno mantiene todavía algunos fondos a los cuales recurrir, que podrían darle este año alrededor de $ 20 mil millones por encima de los requerimientos presupuestados.
Sin embargo esto puede agravar otros problemas. Tomar ganancias del BCRA exigirá una nueva emisión de pesos, con lo cual podría acelerar la suba de precios. Además, el año que viene las necesidades serán aún mayores que las de este año, con lo cual se hará más complicado sostener el gasto sin nuevas fuentes de financiamiento.

El kirchnerismo aspira a manejar esta situación explosiva hasta las elecciones, y que si pierden quede en manos del próximo gobierno encarar los ajustes. Mientras tanto preparan las condiciones para que la situación sea más explosiva: el gobierno del “desendeudamiento”, está generando una espiral de deuda repartida entre la ANSES, los bancos públicos y el sistema financiero local.

Para evitar este escenario cantado de desbarranque fiscal y ajuste, cuyos costos serán pagados por los trabajadores, es urgente declarar el no pago de toda la deuda externa, y nacionalizando bajo control de los trabajadores las empresas que amenacen con cerrar y despedir. Es necesario impulsar la movilización de los trabajadores y sectores populares para realizar un control de precios, y exigir la apertura de los libros de toda empresa que aduzca pérdidas para realizar aumentos. Estas medidas, junto a la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior, permitirían solventar ampliamente planes de obras públicas para garantizar trabajo para todos con un salario acorde a la canasta familiar, cortando con el drenaje y dilapidación de recursos que no ha hecho más que profundizarse durante el gobierno “nacional y popular” en beneficio de la banca y los capitalistas.

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