Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
9 de julio de 2020

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Bolivia: Nuevo round en la confrontación política

30 Nov 2006   |   comentarios

Después de la firma de los nuevos contratos petroleros –un pacto estratégico con las transnacionales1–, el gobierno del MAS se sintió fortalecido para avanzar en el frente político, lanzando iniciativas con tres medidas que, siendo moderadas en extremo, buscan destrabar la Constituyente y poner límites a las élites burguesas de la “media luna” (regiones autonomistas):
En la Constituyente hizo votar el crítico Art.71 del reglamento de debates, que permite aprobar los artículos de la futura Constitución Política del Estado (CPE) por mayoría absoluta (50% más 1 de los votos), aunque reafirma que se aprobarán por dos tercios de votos de los miembros presentes el texto final.
En la Cámara de diputados sancionó una modificación de la ley INRA2 sin “consensuar” con la oposición su paso al Senado.
Impulsa un proyecto “de transparencia” para darle al Congreso la potestad de fiscalizar a los prefectos.
La derecha salió a dar batalla frontalmente. Inició huelgas de hambre mediáticas en Sucre, Santa Cruz, Cochabamba y otras ciudades. Sus partidos “replegaron” a sus representantes y boicotearon el congreso y la Asamblea de Sucre. Los Comités Cívicos de la “media luna” y varios prefectos preparan un paro regional este viernes 1/12 “en defensa de la democracia”.
Pero el martes 28 en la noche, el MAS logró que tres representantes de la oposición dieran quórum en el Senado, rompiendo la disciplina de sus partidos. De esta manera se aprobaron varias leyes importantes en tres horas (INRA, 44 contratos petroleros, presupuesto 2007, un convenio con Venezuela, y un crédito del BID) y a medianoche Evo promulgó la nueva ley de tierras ante las delegaciones de campesinos e indígenas llegados a La Paz tras semanas de caminata para presionar al Congreso.
Mientras, en Sucre, los constituyentes del MAS completaban la aprobación del reglamento en base a la mayoría absoluta, sesionando en un colegio (ya que en la sede oficial la derecha mantenía una huelga de hambre).
Así, el MAS logró un primer triunfo táctico de importancia perforando el chantaje opositor de negociar el funcionamiento del senado (donde la derecha tiene mayoría, cuestión nada despreciable, en momentos que el gobierno necesitaba aprobar la modificación de ley INRA), a cambio de los “dos tercios” para la aprobación de los artículos en la Constituyente.
Sin embargo, este primer round no ha definido la pelea en esta dura prueba de fuerzas. La derecha regional mantiene su llamado al paro cívico con un duro discurso contra el “avasallamiento de la democracia”.
La política del gobierno es “pegar para negociar”, tensando la cuerda para lograr términos más favorables basado en la nueva relación de fuerzas: jugó sus cartas confiando en que su pragmática moderación a nivel económico, es decir, la política de colaboración con el capital3, le habilitaba para imponer sus condiciones a las representaciones políticas y regionales burguesas más conservadoras, que desde hace meses bloquean sus proyectos en la Constituyente y se atrincheran en el autonomismo departamental.
Aunque el gobierno llama al diálogo, los márgenes de negociación son estrechos y está por verse si la oposición, tanto política como regional, se resignará ante los términos con que el MAS “rayó la cancha” o redoblará la apuesta con nuevas acciones, curso que podría derivar en una abierta ruptura y una escalada de polarización social y política (planteando posiblemente un “escenario a la venezolana”). El paro regional del viernes abrirá, muy posiblemente, un nuevo round.

La Constituyente cuestionada
El destino de la Constituyente no está resuelto. La derecha amenaza retirarse para “deslegitimarla”. El MAS no desea una ruptura. Pero la aspereza del enfrentamiento obedece a que están en juego cuestiones de fondo:
Modificaciones al régimen de regulación económica diseñado por el neoliberalismo, donde el MAS impulsa un rumbo “neodesarrollista” basado en la “colaboración” de las transnacionales y el empresariado nacional y con mayor participación estatal, para ampliar las bases de la acumulación dependiente; pero sectores importantes de la clase dominante se resisten a aceptar la menor modificación en las reglas del juego.
El papel del Estado y el poder del gobierno central, que el MAS quiere fortalecer. mientras las burguesías regionales de la “media luna” demandan autonomía departamental y mayor “descentralización”.
Los términos de un nuevo régimen político que reemplace a la “democracia pactada” y su sistema de partidos, demolidos por el ascenso de masas desde el 2003, pues el MAS impulsa una “democracia reformada” con algunas concesiones formales parciales, mientras la oposición defiende una “democracia neoliberal”.
Sobre ninguna de estas cuestiones –que aparecen constantemente al debatir los recursos naturales, la “capitalización”, la tierra, etc.– hay consenso, y a pesar de la voluntad conciliadora de Morales-García Linera y de algunos acuerdos circunstanciales –como los que habilitaron la elección directa de los prefectos en diciembre de 20054 o la Ley de Convocatoria a la Constituyente según el principio de los “dos tercios”–, no hay un “gran acuerdo nacional” o el equivalente de un “pacto de la Moncloa”5 que defina los marcos generales para reconstruir el régimen.
Por ello, y más allá de que en los próximos días se llegue a algún acuerdo, lo cierto es que la inestabilidad política y la polarización social seguirán tiñendo el escenario.

¿Concertación o movilización?
Casi un año de gobierno del MAS permite comprobar que su estrategia frentepopulista, que contiene y subordina la fuerza del movimiento de masas a las necesidades de la colaboración con la burguesía, no puede resolver los grandes problemas nacionales. Su programa de “capitalismo andino” y “revolución democrática y cultural” concertando con empresarios, terratenientes y transnacionales reemplaza por falsas respuestas reformistas las tareas estructurales de carácter democrático, agrario, nacional y antiimperialista sin las cuales es impensable superar el atraso, la pobreza y la dependencia, y dar respuesta a las demandas impostergables del pueblo trabajador de la ciudad y el campo.
El gobierno puede mostrar algunas oscilaciones a izquierda, sobre todo en el discurso nacionalista y en algunos gestos políticos, normales en un gobierno que para gestionar el Estado semicolonial debe lidiar con las enormes contradicciones de la crisis estructural del país y tener en cuenta a un combativo movimiento de masas. Pero esas oscilaciones no alteran el rumbo fundamental, al servicio de la contención y desmontaje del proceso revolucionario detonado por la lucha de masas en el 2003.
La estrategia nacionalista, reformista y populista siempre ha llevado en el pasado a graves frustraciones y derrotas a los trabajadores de Bolivia, América Latina y todo el mundo.
Es necesario levantar una estrategia independiente de poder obrero y campesino, basada en la movilización general y autoorganización de las masas hasta derrotar a la reacción y expulsar al imperialismo.
Una gran parte del pueblo trabajador mantiene expectativas en la Asamblea Constituyente. La misma no dará respuesta a sus demandas ni a los grandes problemas nacionales; a estos compañeros les decimos: sólo con la movilización podrán defender sus más elementales derechos democráticos y romper las maniobras de la derecha.
Ante las provocaciones de grupos como la Juventud Cruceñista y la represión policial que han sufrido varias luchas, corresponde construir y centralizar comités de autodefensa en las organizaciones de masas.
Se trata de levantar un programa de acción para la movilización general que parta de la lucha por la verdadera nacionalización del gas y los recursos naturales, por la tierra y el territorio y el conjunto de las demandas obreras y populares, para alentar la coordinación y autoorganización del movimiento de masas –preparando el terreno para una Asamblea Popular que centralice la lucha y pueda abrir la perspectiva del poder obrero y campesino, apoyándose en la autodefensa de masas–.
Un programa de acción así, si no ha de quedar en meras declaraciones, es inseparable de la lucha por la independencia política de los sindicatos y las organizaciones de masas respecto al gobierno del MAS. Para dar este combate en la Central Obrera Boliviana y todas las organizaciones de masas e impulsar un Encuentro Obrero y Popular de organización y lucha, es necesario construir un bloque de los sindicatos combativos y la izquierda obrera y socialista.
29-11-06

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1 Los nuevos contratos, firmados el 27 y 28 de octubre, fueron presentados por el MAS como el triunfo de su política de “nacionalización sin expropiación, consensuada”. En realidad, se trata de una renegociación de los términos en que las empresas continuarán operando en Bolivia, a cambio de mayores impuestos y regalías para el Estado y una mayor participación y control estatal en el conjunto de la industria. Las petroleras logran “seguridad jurídica”, retienen el núcleo del fabuloso negocio de la exportación gasífera y podrán seguir haciendo enormes ganancias a costa del país.
2 La Ley INRA (1996) es de hecho una ley de contrarreforma agraria que favorece la mercantilización de la tierra y protege a la gran propiedad agraria. La “Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria” aprobada anoche modifica algunos de los términos de esa ley, sin embargo, legitima la gran propiedad agraria “productiva”, es decir capitalista y representa de hecho la renuncia a una verdadera segunda reforma agraria, siendo las objeciones de los agroindustriales y terratenientes sólo parciales.
3 Sintetizada en el acuerdo con las petroleras que abre las puertas para exportar gas en gran escala, en una situación de crecimiento donde todas las fracciones empresariales hacen buenos negocios.
4 Hasta las elecciones de diciembre del 2005, los prefectos eran nombrados por el presidente. Hoy, legalizados por el voto, han quedado prácticamente libres de control -pués no hay ni siquiera parlamentos departamentales- y son una institución claramente bonapartista a nivel regional.
5 El pacto reaccionario que en los "70 organizó la transición del franquismo a la monarquía constitucional en España, evitando el riesgo de una irrupción revolucionaria.



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