Tras la media sanción al llamado Consenso Fiscal del jueves pasado, el nuevo gobierno provincial planea avanzar con un paquete de reformas impositivas, entre las cuales se encuentran la suba de impuestos a ingresos brutos para las cerealeras y bancos, además de subir el inmobiliario urbano y rural, al sello y patentes. Hoy el Senado provincial la aprobó y resta que Diputados haga lo propio. En declaraciones el ex candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad, Octavio Crivaro, remarcó que “desde hace muchísimos años venimos denunciando que la alícuota para los ingresos brutos era irrisoria, siendo que acá residen las empresas más importantes del país, como son las aceiteras del renombre de Cargill, Bunge o Dreyfus. Esas sumas ínfimas de impuestos provinciales han venido siendo una muestra clara del servilismo por parte de todos los gobiernos ante el poder de las agroexportadoras”.

“Si bien es cierto que hasta ahora las administraciones provinciales jamás se atrevieron a avanzar sobre las ganancias de las cerealera, pasar del 0.25% hasta el 1.5% es un margen tremendamente generoso para un sector que gana 225 mil pesos por minuto. Más si tenemos en cuenta que las cerealeras siguen siendo virtualmente las dueñas de los puertos de la provincia, por lo que prácticamente tienen el control del comercio exterior. Las cerealeras son el sector que más se benefició con las corridas bancarias y la devaluación del peso, mientras trabajadores y jubilados veíamos pulverizarse nuestros salarios. Además, tampoco se privan de despedir trabajadores, como ocurrió en Cargill tiempo atrás, y son tristemente reconocidas por las pésimas condiciones de seguridad a las que someten a sus empleados; recordemos la explosión en Cofco de Puerto San Martín que terminó con dos operarios fallecidos”.

Por último, el referente de la izquierda se refirió a su visión acerca del negocio agroexportador: “desde el PTS y el FIT-Unidad creemos que las riquezas de nuestras tierras y nuestros puertos no pueden quedar en manos de un sector que se beneficia sistemáticamente con el empobrecimiento de las mayorías populares. Hay que revisar las concesiones sobre los puertos que pertenecen a la provincia y hoy están en manos privadas, lo que genera condiciones favorables para la especulación con los precios de los alimentos, para el narcotráfico y para la contaminación de nuestros ríos. También proponemos avanzar con impuestos progresivos a las cerealeras y empresas que manejan la economía nacional y provincial. Creemos que esto debe apuntar a un plan para estatizar los puertos y grandes cerealeras bajo gestión de sus trabajadores, para poner esos recursos en función de resolver una crisis social, no solo en la provincia, sino en todo un país donde la pobreza es extrema. A su vez, una medida así permite evitar que un puñado de especuladores presionen con la suba del dólar, para lo cual hay que establecer un control de los precios sobre los alimentos”.