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Acindar, Martínez de Hoz y los metalúrgicos

Durante la dictadura, en muchas fábricas funcionaron centros clandestinos y sus gerentes tuvieron responsabilidad en la desaparición de los trabajadores.

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9 de septiembre 2010

Acindar, Martínez de Hoz y los metalúrgicos

por Redacción LVO

A principios de los años 70, influenciados por el Cordobazo y las rebeliones antiburocráticas en otras ciudades del país, en las fábricas metalúrgicas de Villa Constitución iba surgiendo una oposición a la burocracia de Lorenzo Miguel.

Las agrupaciones clasistas recuperaron primero las comisiones internas de las grandes fábricas: Acindar y Marathon eran de la familia Acevedo, Metcon (actual Paraná Metal) era de la Ford. Entre las tres reunían a 6.000 trabajadores. En marzo del 1974 la burocracia se negó a reconocer a el triunfo de la Lista Marrón que reunía a los delegados combativos. “Los portones fueron inmediatamente cerrados y controlados por piquetes obreros. Al personal jerárquico no se le permitió abandonar la fábrica y se lo mantuvo encerrado en las oficinas de Relaciones Industriales. Las calles fueron obstaculizadas para que no circularan vehículos”1. El triunfo llegaba el 16 de marzo. Era el primer Villazo, que permitía el reconocimiento de los delegados y la convocatoria a elecciones de comisión directiva de la UOM que luego ganará ampliamente la lista Marrón. El acta era leída ante 12 mil personas que cantaban “se va acabar, se va acabar la burocracia sindical”.

Pero las patronales y la burocracia sindical, amparados por el gobierno de Isabel Perón, fueron preparando la venganza. La Presidenta, ya con el país en estado de sitio, se reunió con Martínez de Hoz (presidente de Acindar y futuro ministro de economía) tras lo cual denunciaron “un complot subversivo”. En la noche del 20 marzo de 1975, un operativo represivo invade Villa Constitución. Era encabezado por una caravana de dos kilómetros que incluía patrulleros, carros de asalto, miles de efectivos policiales, matones sindicales y de la Triple A. Tras la ocupación militar de la ciudad, comenzaba la cacería de dirigentes y activistas. Desde ese momento hasta el final de la huelga, fueron detenidas más de 300 trabajadores y vecinos, 20 de ellas fueron desaparecidas.

En palabras del ministro del Interior, Alberto Rocamora, se trataba de un operativo para desarticular al “complot rojo contra la industria pesada del país”.

La primera respuesta fue la ocupación de las fábricas y asambleas. Surge un Comité de Huelga de todas las fábricas con delegados y activistas que no fueron presos. De la consigna de Acindar “Nada se hace sin acero” se pasó a “Nada se hace sin obreros”, llegando al desabastecimiento de acero en el país. Mientras, los grupos de tareas que funcionaban en la Jefatura de Policía y las instalaciones del sindicato seguían persiguiendo y encarcelando. Los golpes más duros eran los asesinatos de delegados y activistas, y la detención de sus dirigentes.

El segundo Villazo duró 59 días. Los métodos utilizados contra los trabajadores fueron la antesala de lo que sería el golpe genocida del ’76.

Comunidad de intereses

A partir del golpe de Estado la relación entre la empresa Acindar y los militares se afianzó todavía más. En lo que fuera la más descarada “comunidad de intereses”, el máximo directivo José Alfredo Martínez de Hoz, pasó directamente a ocupar la cartera de Economía de la Nación. Desde ahí la siderúrgica de Villa Constitución contó con innumerables beneficios que le permitieron multiplicar sus ganancias. No sólo a través de los regímenes de promoción industrial, la deuda privada de Acindar fue transferida al Estado. Acindar crecía aceleradamente transformándose en uno de los grupos económicos más preponderantes.

Mientras tanto la represión también se incrementaba. Efectivos policiales y parapoliciales montaron un cuartel en el denominado “albergue de solteros” al interior mismo de la fábrica. El oficial Mujica recorría la ciudad en autos sin patente junto a efectivos de civil, y varios trabajadores eran conducidos encapuchados a este verdadero centro de detención donde se procedía a los “interrogatorios”. La empresa proveía la “logística” necesaria. Se sabría, luego, tras la caída de la dictadura, que ahí fueron asesinados la abogada De Grandis y los obreros de Acindar Carlos Ruesca y Julio Palacios.

Según puede leerse en el artículo “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina: Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz” de la historiadora Victoria Basualdo, el ex comisario de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983 que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”, aclarando que “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos”.
“Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa...”.

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