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Claves N° 1

¿ADONDE VA CUBA?

A casi 50 años de la revolución que terminó con la dictadura de Batista y con el estatus de semicolonia del imperialismo norteamericano, Cuba está ante un cruce de caminos.

PTS

3 de abril 2008

Desde antes de asumir efectivamente el gobierno, Raúl Castro viene adelantando la idea de que es necesario “un cambio estructural y de concepto en la economía” que apuntaría a aumentar la productividad, principalmente del campo, y a atraer inversiones de capital.

Luego de la crisis de 1989-91 y de las medidas del “período especial” (ver recuadro), la economía cubana ha crecido a tasas récord. Este crecimiento se explica en gran medida por el aumento de los precios de las materias primas –Cuba tiene una importante producción de níquel que exporta esencialmente a China- y por la relación con Venezuela que ha provisto a Cuba de petróleo a un precio subsidiado y con un financiamiento muy favorable, comprando a su vez servicios como salud y educación a muy buen precio para la isla.

Pero a pesar de este crecimiento económico no se revirtieron en lo esencial las medidas del llamado “período especial”.

Notablemente, la economía sigue funcionando con una doble moneda, el peso cubano en el que cobra su salario la gran mayoría de los trabajadores, y el CUC, moneda convertible equivalente a 1,20 dólares, que tiene un valor 24 veces superior al peso y en el que están expresados los precios de gran parte de los bienes que no están contemplados en las libretas de racionamiento que provee el Estado. Además de los funcionarios del Estado, sólo un sector de la población que recibe remesas de sus familiares en el exterior, y los trabajadores ligados al turismo tiene acceso al peso convertible.

A lo largo de los años, la dualidad monetaria y la escasez de ciertos bienes a precios subsidiados por el Estado, llevó al florecimiento de un mercado negro en el que se comercializan productos en moneda convertible.

Esto viene dando lugar a muestras de descontento y críticas. Por ejemplo, en una conferencia en la Universidad con el presidente del parlamento Ricardo Alarcón, un estudiante le preguntó por qué si él cobra su sueldo en pesos debía pagar un cepillo de dientes en pesos convertibles cuyo precio equivalía a tres días de trabajo.

Reconociendo la carestía de la vida y cierto descontento social, el gobierno se refirió al aumento de salario pero ligándolo a “una mayor y más eficiente producción o prestación de servicios” (discurso de Raúl Castro en el aniversario del asalto al Moncada, 27/7/07).

Incluso desde septiembre de 2007 la propia dirección burocrática del Partido Comunista viene impulsando un “debate nacional” para que la población “exprese” sus opiniones y propuestas sobre la economía. Indudablemente el objetivo de este tipo de “debates” es canalizar el posible descontento “desde arriba” y mantener incuestionado el control del aparato estatal por parte del Partido Comunista.

Las medidas “pragmáticas” de Raúl

Ante esta situación el gobierno de Raúl está tomando una serie de medidas que apuntan a resolver los problemas más acuciantes de la economía cubana –principalmente la escasa productividad del campo y las elevadas importaciones, esencialmente de alimentos1- con la profundización de medidas de mercado y sin revertir la creciente desigualdad social desarrollada particularmente durante el “período especial”.

Algunas de estas medidas, como la liberalización de la compra de televisores, DVD y de teléfonos celulares (que estaban reservados sólo para funcionarios y extranjeros), la simplificación de los trámites para poder salir del país o el acceso a complejos turísticos hasta ahora vedados a los cubanos, están orientadas a ganar como base social del gobierno a aquellos sectores que tienen un mayor poder adquisitivo por su acceso a la moneda convertible (mientras un salario promedio ronda los 20 dólares un DVD cuesta 100 y un celular 260), pero que hasta ahora ven frustradas sus posibilidades de consumo por las restricciones impuestas por el régimen.

Estos sectores van desde aquellos que hacen una diferencia por el acceso a la moneda fuerte hasta lo que se podría llamar los “nuevos ricos”, que incluye a una parte importante de la burocracia estatal, como los directores de empresas estatales2 (en su mayoría miembros de las FAR) o sectores principalmente del campo que disponen de una porción de su producción para la venta en el mercado. Muy probablemente las FAR, que manejan un holding de alrededor de 700 empresas, constituyan la avanzada de la restauración capitalista.

Otras medidas, más importantes y profundas, apuntan a extender la explotación privada del campo con la promoción de granjas cooperativas y campesinos individuales por medio de recursos financieros, aumentando los precios que el Estado paga por sus productos, y comenzando a discutir la entrega de más tierras estatales al sector (en el campo, el 65% de las tierras es explotada en forma privada, y la cifra aumenta al 77% entre las tierras cultivadas). Si el usufructo de tierras se transforma mayormente en propiedad privada que puede venderse, la tendencia a la transformación de la pequeña propiedad en gran propiedad sería inevitable.

Por último, el gobierno ha decidido restringir la cantidad de empresas mixtas, aunque conservando las de mayor capital en sectores clave de la economía, para impulsar un proceso de “sustitución de importaciones” y establecer un mayor control fiscal mediante impuestos a los sobresueldos y premios que reciben los trabajadores de estas empresas.

El gobierno presenta estas nuevas medidas como forma de elevar la calidad y productividad de la economía nacional lo que a su vez permitiría elevar el nivel de vida general. Sin embargo, las empresas mixtas, a través de los cuales la burocracia estatal se asocia con el capital extranjero, el mantenimiento de la zonas francas, el estímulo a la iniciativa privada en el campo y en la ciudad, la descentralización del comercio exterior, entre otras medidas que se han mantenido durante los últimos años, han debilitado las bases de la economía nacionalizada, tendiendo a recrear una fuerza social interna favorable a la introducción de medidas capitalistas.

¿Por el camino de Vietnam?

El conjunto de medidas anunciadas por Raúl Castro indicarían que el plan de la burocracia, luego de la salida ordenada de Fidel del poder, es avanzar en forma gradual hacia la apertura de la economía pero manteniendo el control del estado en manos del Partido Comunista. Esto es lo que genéricamente se llama “modelo chino” o “vietnamita”.
En este camino el régimen podría encontrar algunos obstáculos. Desde el punto de vista social, la conciencia igualitaria que aún vive en las masas obreras y campesinas podría llevar a la resistencia popular a un proceso donde se pongan en cuestión los privilegios de la burocracia y los nuevos ricos.

En el plano internacional, hay una diferencia de escala entre la economía cubana y la economía china o incluso la vietnamita. Esta diferencia evidente hace que la perspectiva más probable para Cuba, si triunfara la restauración capitalista, sea retroceder a su estatus de nación semicolonial. El otro aspecto es la relación con el imperialismo. Mientras que Vietnam no sólo normalizó sus relaciones con Norteamérica sino que ingresó a la OMC, al igual que China, Estados Unidos viene sosteniendo una política dura contra Cuba. A esto se suma que la burguesía cubana exiliada en Miami, a escasos 140 km de Cuba, sigue reclamando sus viejas propiedades expropiadas en la revolución de 1959. Esto ha sido un factor determinante para la política de la burocracia gobernante que ha buscado preservarse manteniendo en lo esencial la propiedad estatal.

Respecto a este último punto, Raúl Castro ha mostrado sus expectativas en que un posible gobierno demócrata en EE.UU., y el surgimiento entre los gusanos de Miami de un sector dispuesto a negociar con el régimen cubano, alienten un cambio en la política imperialista. Ese parece ser el sentido de las recientes conversaciones entre Raúl y el presidente brasilero, en las que le pidió su colaboración para avanzar en la normalización de las relaciones con EE.UU.. De esta manera, la burocracia estaría en sintonía con una apertura del diálogo que permita destrabar paulatinamente el bloqueo económico y el ingreso de capitales norteamericanos, que es una de las principales demandas de varias empresas de ese país.

Abajo el bloqueo. Abajo los privilegios de la burocracia

La restauración capitalista en Cuba no sólo significaría mayores padecimientos para el pueblo cubano, sino que se trataría de una derrota de gran magnitud para los trabajadores y las masas de América Latina. Ya sea mediante la línea dura del bloqueo o mediante el “diálogo” y la negociación, la política imperialista para Cuba es conseguir plena libertad para que sus monopolios puedan explotar sin restricciones a los trabajadores y al pueblo cubano, hacer grandes negocios y expoliar sus recursos naturales, volviendo a Cuba a su estatus semicolonial anterior a la revolución de 1959.

El bloqueo salvaje con el que el imperialismo ha buscado aislar y ahogar a Cuba causa enormes padecimientos a la población y es un arma permanente de chantaje para exigir “reformas” procapitalistas. Para defender las conquistas de la revolución es imprescindible la lucha contra el imperialismo y el bloqueo. El Partido Comunista Cubano confía en la negociación y los buenos oficios de los “gobiernos amigos”, como el gobierno capitalista de Lula. Los aliados del pueblo cubano en su lucha contra el imperialismo y el bloqueo son los trabajadores y campesinos de América Latina y no las burguesías cipayas de la región, socias menores del imperialismo.

La única forma de evitar la perspectiva de la restauración capitalista, que significaría un enorme retroceso, es una revolución política, encabezada por los obreros y los campesinos pobres. Que termine con los privilegios de la burocracia gobernante y el reaccionario régimen de partido único impuesto por el Partido Comunista Cubano y siente las bases de un estado obrero revolucionario basado en consejos de obreros, campesinos y soldados y en el armamento general de la población, donde tengan legalidad todos los partidos que defiendan la revolución.

El programa de esta revolución política debería incluir medidas elementales como:

Revisar exhaustivamente las medidas del “período especial”, las concesiones hechas al capital extranjero (empresas mixtas, zonas especiales), la política monetaria y de precios. Sólo la discusión democrática de los consejos de obreros, campesinos y soldados permitirá tomar las medidas necesarias en beneficio de los trabajadores, los campesinos y las masas populares cubanas, abriendo el camino a la planificación democrática de la economía. Para esto es indispensable el control obrero de la producción y de las empresas, hoy en manos de la burocracia y los altos mandos de las FAR.

Terminar con los privilegios de funcionarios estatales, permitiendo así un aumento general del salario obrero que, junto a la eliminación de la dualidad monetaria, disminuya las desigualdades sociales.
Recuperar el monopolio del comercio exterior, seriamente socavado durante las últimas décadas, para contrarrestar las fuertes presiones del mercado mundial capitalista.

Garantizar la libertad de organización sindical y política de los trabajadores y los campesinos, y legalizar a todos los partidos que defiendan las conquistas de la revolución cubana.

Apelar a la solidaridad activa de los millones de trabajadores y campesinos de América Latina y a las oprimidos del mundo contra el imperialismo y en defensa de las conquistas de la revolución.

Para llevar a cabo este programa es necesaria la construcción de un partido obrero revolucionario internacionalista, es decir trotskista, que enfrente todas las falsas opciones que se le presentan al proletariado cubano tanto desde el imperialismo como de la propia burocracia gobernante.


El “Período Especial”

En el marco del aislamiento en que quedó Cuba luego de la desaparición de la Unión Soviética y el llamado “bloque socialista”, la burocracia gobernante puso en marcha a principios de la década de 1990, un plan conocido como “período especial”. Este consistió en la introducción de medidas de apertura de la economía y ciertas concesiones al capital extranjero, principalmente en el turismo. Se introdujo el “perfeccionamiento empresarial” que permitió que las empresas estatales se autofinanciaran para reducir los gastos del estado y pasar el control de gran parte del aparato productivo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que hoy controlan más del 60% del comercio exterior. La reforma constitucional de 1992 legalizó junto a la propiedad estatal, la existencia de la propiedad mixta (estatal y privada), cooperativa y pequeña propiedad privada.

La burocracia consiguió en gran parte el flujo de divisas que necesitaba y mantuvo sus privilegios, mientras las masas sufrieron un fuerte ajuste (el más severo en la historia de la revolución) viendo reducirse su consumo global en un 30%. Esto, junto a la legalización de la circulación del dólar, generó una importante desigualdad social con los sectores que tuvieron acceso a la moneda norteamericana.

A partir del año 2003, Fidel Castro dio un giro en esta orientación, poniendo ciertos límites a las reformas de los ’90. Se prohibió la circulación del dólar y centralizó todo el sistema financiero en el Banco Central de Cuba. A partir de aquí todo dólar que entra a la isla queda en manos del Estado y el Banco Central se convierte en un nexo ineludible para el intercambio con el exterior. Esta medida, sirvió para fortalecer el control estatal de las divisas, debilitado en la década anterior, pero sin revertir los elementos capitalistas introducidos durante el período especial.

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