Hace exactamente un año Rosario se conmovió por la terrible explosión del edificio ubicado en Salta 2141, que dejó como saldo 22 muertos y decenas de heridos. Además, cientos perdieron su casa, sus pertenencias, sus recuerdos. Una vez más la desidia empresarial, y la desastrosa gestión de las empresas privatizadas, todo con protección política, causaron un crimen social contra los trabajadores y la juventud.

Hasta el día de hoy no hay un solo directivo de la privatizada Litoral Gas, ni ningún responsable político procesados en la causa, que pasó con el juez Correccional N° 7, Juan Carlos Curto, que se lavó las manos ocultando la responsabilidad empresaria, al Juez Beltramone. Hasta el momento, la causa cuenta con 11 imputados, entre ellos el gasista, los administradores del edificio y un número de empleados de bajo rango de Litoral Gas. Desde un primer momento la empresa, el gobierno provincial y la Justicia, centraron la responsabilidad exclusivamente en el gasista. La falta de válvulas de seguridad, los reclamos desoídos, los llamados no respondidos, el olor a gas constante, todo eso fue poco a poco dejado de lado. Había que centrar las responsabilidades lejos, justamente, de los responsables centrales.

Esta obscena omisión es parte del sinfín de encubrimientos a esta empresa privatizada a principios de los 90 y protegida por todos los gobiernos, desde Reutemann hasta Bonfatti. Oficialismo y oposición sellaron un pacto de impunidad, culpando a personas aisladas antes que desnudar un entramado empresarial y político cómplice de estas muertes.

Pocos días después de aquella tragedia evitable, dos hermanitas de 12 y 14 años mueren en un juego de un parque de "diversiones" concesionado en un lote municipal, que se rompe en pleno funcionamiento, matando a las dos niñas e hiriendo a varias personas más. Una vez más, la negligencia y desidia asesina de los empresarios y la complicidad del estado (en este caso municipal) causaban nuevas muertes. La empresa concesionada se autocontrolaba, ante los ojos tapados de las autoridades municipales. Una vez más, el dedo acusador del propio Estado cómplice, señaló al operador de los juegos.

No es casual que en una provincia donde más de dos millones de personas no poseen conexiones de gas, y cuando las tienen no son reguladas; donde hay ridículas ordenanzas de “autocontrol” empresarial de las concesiones de los servicios públicos, ocurran tragedias como éstas.

Esta mañana los familiares de las víctimas se hicieron presentes ante las oficinas Litoral Gas, pidiendo justicia y exigiendo el procesamiento de la cúpula de Litoral Gas. Al ingresar, las oficinas estaban vacías. Un profundo dolor e indignación recorría a los familiares que luego, desde el acto realizado en Salta al 2100, señalaron "Vamos a ir igual sobre ellos. Hay tantos seres inescrupulosos, inoperantes, inexpertos y mentirosos que están en este mundo para enriquecerse a costas de la vida de otros."

Como parte del PTS y el Frente de Izquierda seguimos sosteniendo la necesidad de una Comisión Investigadora Independiente de los gobiernos y los poderes de turno, junto a familiares, técnicos de la UNR, organizaciones de trabajadores, estudiantiles y de DDHH. Y exigimos al gobierno nacional y provincial que se hagan cargo de la totalidad de todas las pérdidas materiales, y que garanticen viviendas y todo lo que los vecinos afectados consideren necesario.

Todas estas peleas debe ir de la mano de la exigencia de la estatización de Litoral Gas y del conjunto de los servicios, sin pago y bajo control total de los trabajadores, usuarios y técnicos, los únicos interesados en garantizar los derechos y acceso al conjunto de la población contra toda ganancia y desidia capitalista y complicidad gubernamental.