Pasaron diez años, y como dijeron los familiares en los actos que recordaron la tragedia "hoy a diez años, todo sigue impune y no hay justicia para nuestros muertos". Aunque los funcionarios quisieron callar este reclamo con dinero, no pudieron lograrlo. No pudieron callar, ni decir que todo está mejor hoy.

A la cero hora del 14 de junio, el gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta participó en el acto que se realizó en el monumento a los mineros caídos. Lo hizo de manera muy fugaz, para no dar explicaciones de su responsabilidad en aquella tragedia; en ese momento Peralta era subsecretario de trabajo en la provincia de Santa Cruz, y conocía muy bien la malas condiciones en que trabajaban los mineros. Fue testigo de decenas de marchas, paros, denuncias… ninguno de los reclamos los quiso tomar en cuenta, simplemente porque eran reclamos de trabajadores.

Ese mediodía se realizó otro acto donde participaron funcionarios municipales, directivos de la empresa Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), dirigentes de ATE, familiares de las víctimas de la tragedia, sobrevivientes y mineros. Con diez grados bajo cero y mientras todos tiritaban de frío, escuchaban las endulzadas palabras de los funcionarios y directivos de la empresa. Dijeron que la empresa ya no es la misma de antes, que ahora todo está mejor, que gracias a ellos y al gobierno nacional ya nada es peligro dentro de la mina de carbón. Sin embargo, un valiente sobreviviente tuvo la dignidad de decirle a todos estos funcionarios que se suben al podio de la grandeza que "hoy a diez años de la muerte de nuestros compañeros, nada está bien en la empresa, todo está mal y los que seguimos denunciando esto, estamos siendo perseguidos".

Este sobreviviente no dejó de decir que hay total impunidad con los muertos, que aun hoy hay desidia en la empresa y se corre riesgo a que haya otra tragedia igual o peor a la del 2004. Los funcionarios, directivos de la empresa y burócratas de ATE tuvieron que irse con el trago amargo de que les digan de frente la realidad que tratan de ocultar en Río Turbio.

Por la tarde se realizó un último acto en la sede de la Universidad Patagónica Austral. Fue realizado de manera totalmente independiente de los funcionarios y de la empresa. Sólo participaron mineros, sobrevivientes, familiares, jubilados, docentes, partidos de izquierda como PTS, PO, CCC, y la comunidad en general. En este acto se hizo una clara denuncia a los verdaderos responsables de la tragedia, como lo es el empresario y socio de la "década ganada" Sergio Taselli. Se nombró también a Julio De Vido que era ministro de planificación provincial, al ex gobernador de la provincia y luego presidente Néstor Kirchner, al interventor de mina de aquel entonces Eduardo Arnold, y la responsabilidad de la comisión fiscalizadora que integraba Daniel Cameron. Se recordó lo agraviante que fue la demanda por $50 mil que Arnold le hizo al minero luchador Silverio Méndez (muerto en la tragedia). Arnold, con su “honor” de funcionario, demandó a este trabajador que lo acusó de negrero, pero nada hizo ante las denuncias por el vaciamiento que hizo Taselli, ni siquiera lo multó.

Hoy la justicia provincial anuncia que se va a iniciar el juicio por la tragedia minera, luego de diez años de cajonear las denuncias y proteger a los responsables de este verdadero crimen social por ambición empresarial y complicidad y desidia de los funcionarios. Este juicio sólo va a llevar al banquillo a dos de los tres acusados: Esteban Loncaric, quien fue interventor en aquel momento, y Eduardo Schabner, ex jefe de seguridad. Estaba acusado también Fermín Garnica, jefe de turno, pero falleció.

Los mineros saben que son perejiles y que la Justicia no va a ir más allá de estos acusados. No va a encarcelar a los responsables políticos y materiales, porque es ir contra empresarios y funcionarios del gobierno nacional. Se denunció que éste y el gobierno provincial pusieron mucho dinero para callar a los familiares, para que los mineros dejen de luchar y reclamar y principalmente, para que no se haga justicia. ATE seccional Rio Turbio, por su parte, dejó de ser querellante en el juicio y aportó su cuota de impunidad en clara colaboración con el gobierno nacional.

Desde el PTS acompañamos a los familiares de los muertos, a los mineros y sobrevivientes que reclaman una verdadera justicia. Y como ellos exigimos cárcel y castigo a los verdaderos responsables materiales e intelectuales del asesinato de los 14 compañeros mineros.