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9 de cada 10 trabajadoras domésticas cobran menos del mínimo

Prensa PTS

9 de octubre 2006

Los datos sobre distribución del ingreso correspondientes al segundo trimestre del 2006 muestran que la desigualdad está disminuyendo pero a ritmo lento. El ingreso del 10% de las personas más ricas es 31 veces el ingreso del 10% más pobre. Un indicador mas completo, como el Coeficiente de Gini, señala que la desigualdad sigue en niveles muy altos. ¿Por qué a pesar de que la equidad es declarada un objetivo prioritario se mantiene un patrón distributivo tan regresivo? Al analizar el caso del servicio doméstico aparecen algunas respuestas a este interrogante.
Este sector genera el 17% del empleo femenino total y el 34% de las ocupaciones para trabajadoras con bajo nivel de educación. Se destaca por su característica de que el 39% de los trabajadores son pobres y el 93% trabaja “en negro”. En este contexto, la estrategia del Gobierno ha reposado prioritariamente en incrementar el salario mínimo que se aplica al sector. Los datos del INDEC permiten realizar una evaluación de los resultados que esta política está alcanzando:
• El salario mínimo legal para el servicio doméstico cama afuera con 8 o más horas de trabajo ha aumentado desde $300 en el 2002 hasta $512 en el 2006.
• Sólo el 20% de las trabajadoras domésticas trabaja a jornada completa. De ellas, el 79% tiene una remuneración por debajo del mínimo legal.
• Del 80% que trabaja por una cantidad de horas inferior a la jornada completa, el 95% tiene ingresos mensuales por debajo del mínimo legal.
Las estadísticas muestran que los aumentos en los salarios mínimos en el servicio doméstico son inefectivos por un doble motivo. Por un lado, porque la gran mayoría de trabajadoras no reúne una jornada completa de trabajo. Por el otro, porque cuando trabaja jornada completa en un hogar, en la mayoría de los casos cobra una remuneración inferior a la prevista en las normas.
La combinación de baja capacidad de pago de los empleadores (familias), baja productividad, alta dispersión geográfica (hogares particulares) y cuestiones culturales hacen que las políticas laborales tradicionales –como fijar un piso remuneratorio– tengan escasa o nula efectividad. Esto permite afirmar que el nuevo aumento que dispuso el gobierno recientemente elevando el mínimo a $610 tiene muy bajas probabilidades de conseguir algún resultado positivo. Más aún, hay contradicciones en las estrategias oficiales. Por un lado, AFIP impulsa una campaña de formalización basada en un incentivo fiscal para los hogares empleadores. Por el otro, el Ministerio de Trabajo procura forzar aumentos de salarios que muchas familias no están dispuestas a pagar, induciendo mayor flexibilización (trabajo por hora) o un alto grado de incumplimiento.
¿Es posible diseñar una estrategia más coherente? Aunque se trata de un sector complejo, hay herramientas de política laboral que se adaptan mejor al contexto de alta informalidad. Por ejemplo, se podría establecer la incorporación plena de las trabajadoras domésticas al sistema de seguridad social. Esto implica que tengan derecho a recibir asignaciones familiares, licencia por maternidad y cobertura por riesgos profesionales. La medida no sólo responde a un elemental principio de equidad sino también a la lógica de aumentar, en las familias empleadoras y en las propias trabajadoras, los incentivos en favor del cumplimiento de las normas.
El costo para la ANSES seria mucho menor que otorgar jubilaciones a gente que nunca hizo aportes. La ecuación social indica que es más equitativo usar fondos públicos para dar cobertura social a las trabajadoras domésticas, que están en la base de la pirámide social, que asignarlos a otorgar jubilaciones a personas de clases medias y altas en la distribución del ingreso que nunca hicieron aportes (y que muchas veces son las que tienen contratadas “en negro” a la empleada doméstica).
Establecer regulaciones ignorando la naturaleza de las relaciones laborales es ineficaz y muchas veces el impacto es contrario al perseguido porque profundiza el problema. El caso del empleo doméstico es extremo pero no el único en el mercado de trabajo argentino. En general, gran parte del empleo en las pequeñas empresas comparte las mismas dificultades. Por eso, seguir depositando confianza en que a través de subir los pisos remuneratorios se va a lograr mejorar la distribución del ingreso no sólo no logra el resultado buscado sino que contribuye a mantener la informalidad en niveles muy elevados.



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