El 5 de abril del año 2000 denunciábamos desde la tapa de La Verdad Obrera: “Algo huele a podrido en el Congreso de la Nación”. Detrás del titular podía verse la foto de una enorme Banelco. La cámara de senadores se preparaba para votar la ley de reforma laboral. Era una ley esclavista, esencial para el gobierno antiobrero de De la Rúa y la Alianza, y el escándalo generado tras los sobornos marcó el inicio del fin de un gobierno que en Diciembre de 2001 caería a manos de la rebelión popular.
Hoy la Ley Banelco vuelve a ser noticia. Sandra Montero, antigua colaboradora del ex senador peronista, Remo Costanzo denunció lo que ya todo el pueblo sabe, que la ley de reforma laboral se aprobó mediante el pago de coimas y que a su jefe, le tocaron 300 mil pesos (dólares en ese entonces). Involucró además a otros senadores ya procesados, como Emilio Cantarero y Alberto Tell. Sobre De la Rúa comentó que estaba al tanto de los sobornos.
La Ley Banelco puso al desnudo el funcionamiento “normal” de la democracia capitalista: la casta política está acostumbrada a recibir “favores” cuando las leyes representan intereses esenciales para los grandes empresarios que dominan el país. Y la ley Banelco había valido la pena. Los 5 millones de dólares que se calcula costó la ley, provistos por el Estado vía la SIDE de Santibáñez, fueron pagados por los patrones de la UIA, los bancos y las privatizadas para conseguir una ley laboral indispensable para la obtención de sus ganancias. Recordemos otro ejemplo, la ley que habilitó la privatización de Gas del Estado, votada incluso por una persona ajena a la Cámara de Diputados, el famoso caso del “diputrucho”. Y sin ir más lejos, las recientemente derogadas leyes secretas eran un mecanismo ideal para legalizar la compra de voluntades. Otro ejemplo en este sentido son las leyes secretas (existentes desde fines del siglo XIX) que por ejemplo permitieron el uso discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para financiar los sobresueldos de los legisladores en los "90. Aunque hoy el kirchnerismo derogó las leyes se cuidó muy bien de no tocar los decretos y resoluciones secretas, mecanismos mediante los cuales el Poder Ejecutivo puede manejar a su antojo los fondos reservados.

Coimeros y comprados
La denuncia de Montero llega en un momento propicio, cuando iba a prescribir la causa para los procesados. Las declaraciones de la amiga de Costanzo apuntalarían lo ya denunciado por Pontaquarto comprometiendo a los implicados De Santibáñez, Genoud (UCR), Flamarique (Frepaso), Tell, Alasino, Branda, Cantarero (PJ). Digamos de paso que a seis años de aquellos hechos, nadie ha sido juzgado y en la volteada caerían a lo sumo un pequeño grupo de senadores justicialistas adictos al menemismo y algunos de la UCR, ya jubilados de la política. Un ejemplo de la impunidad reinante, ya que las denuncias hechas sobre el caso de los sobornos implican a toda la Cámara de Senadores y a todo el gobierno de la Alianza.
Para Kirchner, aunque se haga el desentendido, el reavivamiento de la causa, le viene como anillo al dedo, porque la misma golpea de lleno contra un sector del radicalismo y contra el menemismo al que está enfrentado. Le permite además aparecer como representante de la “nueva política”, enfrentándose a los personajes más groseros de los ’90 mientras distrae a la población de que entre sus actuales aliados figuran hoy destacados personajes como el ex Vicepresidente “Chacho” Alvarez –que llevó al poder a De la Rúa, era del mismo partido que el ex Ministro de Trabajo Flamarique, defendió la Ley de Reforma Laboral y fue uno de los impulsores (aún fuera del gobierno) de integrar a Cavallo al Gabinete. Hoy Alvarez es Presidente de la Comisión de Representantes del MERCOSUR. Otro aliado de Kirchner es José Luis Gioja: ex senador sospechado durante las coimas, actual gobernador de San Juan quien revista en las filas de Kirchnerismo. Estos ejemplos muestran que tras su fachada progresista, se esconde un doble discurso y una práctica política basada en la compra de voluntades de sus antiguos rivales. Claro que si antes los fondos provenían de la SIDE ahora vienen de la chequera clientelar del gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social que maneja la hermana del Presidente. El kirchnerismo no tiene ningún interés en desterrar la “vieja política” ya que para hacerlo debería enfrentar a quienes hoy forman parte de su mismo gobierno.

Continuidad flexibilizadora
Para relegitimar el régimen político Kirchner cuestionó la desprestigiada Ley Banelco. A tal fin presentó en su momento una nueva ley laboral que finalmente se aprobó en marzo del 2004 con el apoyo de Moyano y toda la burocracia sindical. La ley en sí (ley 25.877) deja en pie lo esencial de la flexibilización laboral y no afecta un ápice el andamiaje legislativo que desde hace 30 años abre la puerta al desmantelamiento de las conquistas obreras. En síntesis, Kirchner cambió algo para que nada cambie.
Refiriéndonos tan solo a la ley que reformuló la Ley Banelco hay que decir que preserva los convenios por empresa gracias a los cuales los patrones consiguieron gran parte de la flexibilización, patente en cientos de Convenios Colectivos de Trabajo que admiten la polivalencia funcional, firmados por los dirigentes sindicales burocráticos de la CGT y la CTA. Se mantiene la figura del preventivo de Crisis que otorga a los empresarios que vacían una empresa la legalidad para desconocer convenios y derechos de los trabajadores. Amplía la reducción de los aportes patronales, extendiéndola por 12 meses, prorrogables, a las empresas de menos de 80 trabajadores. Y da un paso esencial para cercernar el derecho de huelga ampliándose los servicios que se consideran esenciales como el caso del gas.
Los hechos están a la vista. Bajo el gobierno de Kirchner de cada 10 trabajadores 6 son precarizados y la desocupación ronda el 10,5% (y 12,8% si no se incluyen a los beneficiarios de Planes Jefas y Jefes que cuenta la estadística oficial). Aumento de la brecha salarial entre trabajadores en blanco y trabajadores en negro y alta precarización laboral son las claves que permiten abaratar el precio de la fuerza de trabajo para el “capitalismo en serio” de Kirchner. La ley laboral y todo el andamiaje de los "90 que sigue vigente, le dan juridicidad a las normas de explotación del capital sobre el trabajo.
El doble discurso kirchnerista que en la tribuna habla de distribución de la riqueza y de darle punto final a la vieja política, en el palacio se encarga de gobernar para beneficio de los grandes grupos capitalistas que hicieron fabulosos negocios con la legislación laboral flexibilizadora del menemismo y la Alianza.