Sacando provecho de los sucesos de San Vicente se ha montado una reaccionaria campaña desde los medios masivos y todo el arco de políticos patronales. Sea cual fuere su posición y explicación de los hechos, oficialistas y opositores, todos coinciden en utilizar la crisis abierta y la pelea entre bandas de la burocracia sindical para, de paso, condenar todo método de acción directa, así ésta sea ejercida legítimamente por los trabajadores en lucha. Declaran, por ejemplo, que “Moyano ya tenía antecedentes violentos cuando hizo un piquete en Carrefour”, poniendo un signo igual entre una acción contra los empresarios por el encuadramiento sindical que mejoraba la situación de los trabajadores con los enfrentamientos ínterburocráticos que vimos en San Vicente. Con la discusión acerca de quien debía garantizar la seguridad en el acto del 17 de octubre, intentan volver a represtigiar el rol de la policía bonaerense, justamente la sospechada de lazos con los secuestradores de Julio López; y, más de conjunto, tratan de recomponer la autoridad del Estado contra las tendencias a la acción direacta y el proceso asambleario iniciado desde las jornadas de diciembre de 2001.
El objetivo de esta unanimidad en condenar “la violencia” en general es preparar a la opinión pública para atacar las luchas de los trabajadores. “La patoteada a la dirigencia ultra del Hospital Francés”, llega a decir el periodista Horacio Verbitsky desde el ultra-oficialista Página/12. Los mismos que desecharon desde el discurso oficial la “teoría de los dos demonios” en cuanto a la violencia de los años ’70, ensayan ahora una suerte de reedición de esta teoría para el presente, como si fuera igualmente condenable la patota del Tuta Muhamad enviada desde las oficinas de gobierno y custodiada por la policía, que las acciones resueltas en asambleas de enfermeros para impedir el vaciamiento definitivo del hospital.
Por el contrario, nosotros sostenemos que estos sindicatos dirigidos por la burocracia ejercen violencia, el 99% de las veces, contra los propios trabajadores en lucha y las corrientes disidentes al interior de los sindicatos; a la vez que son pacíficos y condescendientes cuando se trata de enfrentar a los explotadores. Un ejemplo de esto lo dio el propio “Pata” Medina en el programa de Mariano Grondona cuando demostró “el sacrificio de la UOCRA La Plata” para con los empresarios y el gobierno, rebajándole el salario a sus afiliados en un 30% para posibilitar la construcción de barrios de viviendas en La Plata y Berisso. Por su parte, Moyano hace rato (desde la asunción de Duhalde y la devaluación a la que el líder de la CGT dio su apoyo) que no llama a ningún paro o acción de movilización de los trabajadores por sus reivindicaciones. Por ello la Casa Rosada no se reservó el “derecho de admisión” que impusieron en los estadios de fútbol para los barrabravas y acaban de recibir a Moyano. El gobierno necesita salvar a sus aliados de la CGT que cumplieron un rol clave en pactar con la UIA el techo del 19% para los aumentos de salario y en contener la tendencia a la acción directa, las huelgas y piquetes de los trabajadores, como en los subterráneos a inicios de 2005, cuando perforaban ese pacto a favor de los empresarios.

Medidas de fuerza
En medio de esta campaña reaccionaria alentada desde el gobierno, en realidad son la derecha y los empresarios los que están tomando la iniciativa con nuevas medidas de fuerza contra los trabajadores y el pueblo. Son, por ejemplo, las grandes empresas de la salud privada como Swiss Medical, las que acaban de desafiar los acuerdos de precios gubernamentales y se despacharon con un aumento de más del 20% en la medicina prepaga obligando a la ministra Miceli a tener que negociar. Las cámaras patronales de la medicina privada afirman que “es necesario actualizar las cuotas para afrontar el aumento de salarios del 19 por ciento acordado con el gremio de la Sanidad y la recomposición de 50 por ciento que están pidiendo los prestadores médicos”. Y el superintendente de Salud, Héctor Capacciolli, el mismo que tenía conchabado al Tuta Mamad para apalear trabajadores dice que es “lícito el derecho a reclamar una actualización de precios”.
Lo mismo sucede con los imperialistas españoles de Telefónica que lanzaron con total ilegalidad un i-nédito lock out patronal, con cierre directo de edificios y la contratación de nuevos empleados para reemplazar a los huelguistas de las empresas tercerizadas que iniciaron una lucha por su pase a convenio de Foetra. Y recientemente vimos también como en la industria, los capitalistas del fondo buitre de la ex –Jabón Federal desacataron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y las resoluciones de los tribunales de la justicia que hubieran significado reincorporar a todos los despedidos que la empresa realizó en total ilegalidad, mientras por su parte la burocracia sindical del gremio de jaboneros se sumaba a este verdadero “complot” amedrentando a los piquetes de los trabajadores con barrabravas de Nueva Chicago.
Una crisis política nacional que está aprovechando la derecha
Estamos en una coyuntura política en la que se juegan cuestiones estratégicas.
Con el secuestro y desaparición de Julio López, los sectores de ultraderecha ligados a los genocidas iniciaron un movimiento de fuerza a favor de una amnistía para los represores de la dictadura o, al menos, para obtener mayores cuotas de impunidad no sólo por lo actuado en el golpe del "76 sino porque en el presente dejan un antecedente que pueden volver a repetir. Esta grave amenaza a los trabajadores y el pueblo ha significado también, como dijimos desde estas páginas, el inicio de la primera crisis política de magnitud en el gobierno a partir de lo que era considerado como uno de sus puntos más fuertes, su política de derechos humanos: “Kirchner es el protagonista central de una gran mentira: la de hacer creer a la mayoría de los trabajadores y el pueblo que bajo su gobierno esto había terminado, o que se terminaba juzgando a unos cuantos viejos represores, y ocultando que el 95% de los militares y policías que participaron en el genocidio siguen impunes bajo el "Estado republicano" que los prohíja” (LVO N° 207, 5/10/06).
Esta crisis se profundizó con los acontecimientos del Francés donde el gobierno quedó como responsable directo, y con los de San Vicente que puso en crisis su alianza con la burocracia sindical de la CGT.
Pero esta crisis política sólo puede ser favorable a los trabajadores y el pueblo a condición de una intervención independiente con sus métodos de lucha, la movilización para ganar las calles y la realización de un paro general que genere una respuesta contundente a la altura del ataque derechista, es decir, acciones de masas como las que están protagonizando los trabajadores telefónicos. Por el contrario, sin una respuesta clara, la debilidad relativa en que ha quedado el gobierno es utilizada por la derecha y los empresarios. Aunque el debilitamiento de Kirchner (que ya indican algunas encuestas) no signifique todavía una capitalización política por parte de los Macri, Lavagna o López Murphy, el régimen de conjunto, oficialistas y opositores, de los partidos e instituciones que dejó en crisis la rebelión del 2001 intenta ganar terreno sobre lo conquistado por los trabajadores. El escándalo por la utilización de patotas en el Francés y la crisis abierta de la burocracia sindical a partir de San Vicente, intentan ser utilizados para generar un clima de condena a toda acción directa de los trabajadores y barrer con las nuevas organizaciones que se han empezado a construir desde abajo en las empresas y lugares de trabajo.

Propuesta del PTS
Por una Asamblea Nacional de lucha contra la impunidad
Como opinan muchos trabajadores en este número de La Verdad Obrera, en la realidad nacional no sólo existen las bandas de matones de la burocracia sindical sino también nuevas comisiones internas y delegados en las empresas, que surgen apoyados en asambleas de base y con métodos combativos. Habría que agregar también que no sólo existen los organismos de derechos humanos cooptados por Kirchner, sino también un sector de ellos que han encabezado las marchas y acciones por la aparición con vida de Julio López, responsabilizando al gobierno que mantiene impunes a la mayoría los genocidas de la dictadura.
Desde el PTS llamamos a cerrar filas a los sectores sindicales combativos y antiburocráticos, a los organismos de derechos humanos no oficialistas y la izquierda para poner en pie un polo nacional que luche por inclinar la balanza de fuerzas a favor de los trabajadores y el pueblo.
En este sentido es que proponemos la iniciativa al ‘Encuentro 30 años, Memoria, Verdad y Justicia’ que nuclea a organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y partidos de izquierda, independientes del gobierno que organizaron el acto central el pasado 24 de marzo y encabezan las acciones por Julio López, a convocar a una gran Asamblea Nacional de Lucha contra la impunidad, que se reúna en un gran estadio o en la misma Plaza de Mayo. Una buena oportunidad de convocarla sería el próximo 18 noviembre, cuando se cumpla el segundo mes de la desaparición del testigo clave en el juicio a Echecolatz. La sola convocatoria desde ahora a un gran evento de este tipo llamado por la CTA, la FUBA y todas las organizaciones que vienen participando del Encuentro, abierto a los trabajadores y estudiantes, ya sería un paso adelante porque aparecería una nueva voluntad política en el escenario nacional, una fuerza opuesta a la campaña reaccionaria dominante. La concurrencia de miles de trabajadores y estudiantes a esa Asamblea Nacional sería la fuerza inicial para redoblar el curso de acción por la aparición de Julio López y en la defensa de las luchas de los trabajadores.
Al mismo tiempo, llamamos a las organizaciones obreras combativas a impulsar la coordinación efectiva de las luchas y poner en pie una fuerza clasista en los sindicatos para superar a la burocracia sindical y el peronismo, para lo cual ponemos a consideración las reflexiones y el programa de las páginas centrales de este número de La Verdad Obrera.