El día después de los hechos de San Vicente, Kirchner dijo en un acto junto a Solá en José C. Paz que “Nada de lo que sucede es casual” y que son sectores que “pretenden frenar el cambio”, dando a entender un plan para desestabilizar su gobierno en el que intentó unir hechos tan disímiles como el secuestro de Julio López con las peleas entre bandas de las burocracias sindicales. Algo parecido sostuvo horas antes Hugo Moyano en una conferencia de prensa: “pasan cosas raras en la provincia”. A su manera, también Hebe de Bonafini semanas atrás lo había hecho sobre el caso de la desaparición de López sembrando sospechas en la víctima: la teoría del complot contra el presidente.
Sin duda que elementos del viejo aparato duhaldista bonaerense pueden haber aportado su cuota de conspiración en los sucesos. También, luego de lo ocurrido, los gordos de la CGT, desplazados de la conducción, como Barrionuevo, Andrés Rodríguez de UPCN y Martínez de la UOCRA arremeten contra Moyano para forzar su renuncia. Pero lo cierto es que la pelea se desató por ocupar el lugar preferencial frente al palco del presidente. Es decir no se agarraron a palos por ningún gesto de oposición a Kirchner sino por un exceso de alcahuetería.

“Columna vertebral”
La cúpula de la CGT tomó en sus manos una iniciativa anteriormente ideada por Duhalde y los que Kirchner llamó, despectivamente, “el grupo Mausoleo”: el definitivo traslado de los restos de Perón a la histórica Quinta de San Vicente. La burocracia sindical tomó las riendas del acto en el que culminaría la jornada, inclusive, dicen, encargándose de la seguridad. Pretendían prestigiarse junto a Kirchner a quien reservaban, obviamente, el lugar central. A su vez, con el intento de ponerse en el centro de un hecho político clave en la tradición peronista, los jefes de la burocracia sindical ahora estarían en el palco, no como el pasado 25 de mayo cuando Kirchner subía a su lado a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y ellos quedaban en el llano a pesar de haber aportado la mayoría de la concurrencia. Así también los burócratas de la CGT buscaban ganar peso en la relación de fuerzas interna de la variopinta coalición gubernamental, algo más parecido al rol que jugaba la otrora llamada “columna vertebral” del movimiento justicialista. Pero la propia interna ínterburocrática de un aparato en descomposición que se disputa los favores presidenciales entre distintas facciones, dieron por tierra con semejante cálculo. Lo hicieron a su manera y quizás alentados por el ejemplo oficial: ¿por qué no dirimir las diferencias entre las facciones sindicales con el mismo método de la patota que el propio Jefe de Gabinete Alberto Fernández intentó hacerlo contra los trabajadores en el Hospital Francés?
Los hechos de San Vicente tienen el efecto contrario del que buscaba la burocracia sindical: lejos de aumentar su protagonismo lo disminuye obligando a Kirchner a tomar distancia y al propio Solá a hablar de “terminar con las patotas” con las que hasta ahora “hemos sido tolerantes”.
Pero no es sólo una crisis para la burocracia sindical sino también para la propia alianza tejida por el presidente en pos de su reelección para el 2007. Lo que acaba de fracasar estrepitosamente es el intento de Kirchner (lanzado desde el 25 de mayo) de mantener detrás del prestigio de su figura una coalición, de por sí muy inestable, que abarca desde lo más granado de los burócratas y punteros del PJ bonaerense hasta los ex -piqueteros y organismos de derechos humanos cooptados al oficialismo, pasando por las nuevas incorporaciones de intendentes radicales K y “borocotós” de todo tipo.

Crisis política
Si las elecciones fueran hoy Kirchner triunfaría ampliamente, pero es evidente que este gobierno ya no está en el punto más alto de su fortaleza. La situación de crecimiento de la economía mantiene, todavía, un amplio consenso con Kirchner de parte del grueso de la clase trabajadora y las capas medias, y acolchona los choques entre las clases. Pero el secuestro y desaparición de Julio López por parte de sectores ligados a los genocidas, lo hemos señalado desde estas páginas, abrió la primera crisis política del gobierno de Kirchner en el terreno donde aparecía más fuerte, el de su política de “derechos humanos”, desenmascarando que el 95% de los militares y policías implicados en el genocidio siguen impunes y provocaron el secuestro del principal testigo del juicio a Etchecolatz. Desde entonces, comenzó una dinámica de crisis política que tuvo agudas expresiones. La utilización por parte del PJ porteño de las fuerzas de choque que asaltaron el Hospital Francés y agredieron a los trabajadores en lucha, fue recibida con estupor por parte de un amplio sector de la base social del kirchnerismo proveniente de la centroizquierda. En segundo lugar, los asambleístas de Gualeguaychú volvieron a las rutas contra las papeleras contaminantes en el río Uruguay, desbordando la contención armada por el gobierno que intentó mantener el conflicto en los márgenes de la disputa legal en los tribunales internacionales y hasta cooptando como secretaria de Medio Ambiente a una asesora de los ambientalistas, Romina Piccoloti, cuyos llamados no pudieron detener los nuevos cortes. Los sucesos de San Vicente, y las posteriores peleas que ha desatado sobre la responsabilidad de los hechos entre las distintas camarillas de la burocracia sindical, el gobierno y el duhaldismo es otra de las manifestaciones que demuestran que la crisis de los partidos que dejó abierta las jornadas de diciembre del 2001 -no sólo de la UCR sino también del PJ que logró contener y desviar la movilización de masas- está lejos de haberse cerrado y tendrá nuevas y más agudas expresiones.