Irrumpió de golpe en la oficina, como empujado por la angustia. "Secuestraron a mi sobrino", dijo en un grito, sin respirar, y el director del diario local Noticias, Ismael San Martín, se dejó caer pesadamente sobre su silla, resoplando.

El recién llegado, Luis Gutiérrez, con el temblor aún colgado de los labios, jugueteaba nervioso con su par de lentes mientras miraba con recelo al enviado de Clarín, casual testigo de la escena. "No te preocupes; es argentino y los argentinos, lamentablemente, saben de estas cosas. Cuéntame en detalle qué pasó", lo tranquilizó el veterano periodista, lapicera en mano.

Ocurría que el sobrino, César Augusto Vázquez, de 28 años, venía trabajando hasta días atrás como taxista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), una organización que agrupa a más de 200 grupos sociales. Junto al sindicato de maestros de este sureño estado mexicano reclama desde junio último la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, acusado de fraude y corrupción. El día anterior, una camioneta ocupada por civiles había interceptado el vehículo de Vázquez, en un barrio de Oaxaca. El joven fue golpeado y vendado. Luego, grupos paramilitares plantaron bombas molotov en el taxi como evidencia policial para incriminarlo. Al final, apareció detenido en Zimatlá, cerca de esta capital.

–¿Estará bien mi sobrino? –preguntó el tío a este enviado, buscando complicidad y respuestas en la memoria histórica de un argentino. Aún agitado, con los ojos trabajados por el miedo, imploró enseguida al terminar su relato: "Esto es una guerra sucia. Me tienen que ayudar".

El episodio no es aislado. Constituye uno de los cientos de casos de detenciones y desapariciones que han sido denunciadas por organismos de derechos humanos y la Iglesia local en los últimos días. Marca asimismo el contorno más nefasto de un clima de polarización política, zozobras hogareñas y crispación social derivado de los violentos choques entre policías y manifestantes sucedidos desde mayo último, cuando la APPO le bajó el pulgar al gobernador. Hace dos semanas, en las refriegas más violentas de la rebelión, grupos radicalizados quemaron el Palacio de Justicia, un teatro y una docena más de edificios públicos y privados. Hubo entonces 150 detenidos y, desde su inicio, la protesta ya tiene un saldo de 17 muertos. Hoy, el habitante de Oaxaca teme que la violencia empeore ante la "cacería de brujas" contra opositores.

"El gobierno de Ruiz tiene problemas de miopía porque ha confundido la inconformidad social con subversión", comentó el padre Wilfredo Mayrén Peláez, apoderado de la arquidiócesis de Oaxaca. "Soy testigo de graves violaciones a las garantías individuales", dijo a Clarín. La prensa local denunció incluso que Carlos Pérez Méndez, párroco de la Iglesia de los Siete Príncipes, fue tiroteado días atrás por desconocidos. Pero, ante las críticas, el gobernador respondió que "no habrá amnistía para los líderes de APPO", reiteró que no renunciará y culpó del clima de turbación a "grupos de inadaptados que buscan el caos".

Las calles de Oaxaca –habitualmente mansas, soleadas, llenas de turistas– han recobrado poco a poco su vida normal tras los disturbios y luego de que los maestros en huelga durante seis meses reiniciaran las clases. Pero bajo esa campechanía de provincia y la hospitalidad de sus habitantes, algo tenebroso parece moverse bajo la superficie. "Muchos arrestos ilegales ocurrieron en la noche, irrumpiendo en casas o en los trabajos", comentó a Clarín Jéssica Sánchez Maya, presidenta de la Liga de Derechos Humanos de Oaxaca. Esa organización ha registrado 208 detenidos desde los arrestos en masa tras los incendios y 30 desaparecidos.

Por cierto, las protestas no son obra de hordas de inadaptados. Oaxaca carece de industrias y es el segundo estado más pobre del país. Sin embargo, su turismo es rico porque aquí nacieron algunas de las primeras culturas indígenas del país. Pero nada parece bastar para aliviar la vida de sus gentes, esquilmadas por el caciquismo político, la rapiña de las aristocracias del barrio y la indiferencia del gobierno central. Por eso salieron a la calle los 70.000 maestros del estado y la APPO.

Sin embargo, es difícil pronosticar cómo sigue la disputa. El temor al arresto ha puesto en fuga a los líderes de la APPO, muchos de los cuales huyeron de Oaxaca. Uno de ellos, Favio Sosa, fue detenido ayer junto con otros dos dirigentes en Ciudad de México, donde pensaban participar de un diálogo con el gobierno de Felipe Calderón. Siempre de negro como las viudas del campo y muy entrado en carnes, Sosa suele moverse con la pesadez propia de los grandes barcos. Pero su labia fina y su olfato mediático lo han instalado ya como símbolo de las protestas. Ayer, antes de su arresto, lanzó un estiletazo al gobierno que pone blanco sobre negro la estrategia de Calderón: "El presidente –dijo– ofrece diálogo pero en los hechos aplica mano dura". Por su detención, sus socios de APPO piensan ahora en radicalizar sus protestas.