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Internacional

ESTADO ESPAÑOL: CRISIS EN EL REGIMEN HEREDERO DEL FRANQUISMO

Marchas a favor del juez Garzón

El pasado 24/4 decenas de miles de personas se manifestaron contra el procesamiento abierto al juez Baltasar Garzón por su tentativa a juzgar los crímenes de la Dictadura de Franco.

Santiago Lupe

29 de abril 2010

Marchas a favor del juez Garzón

Desde el año 2000, pequeños grupos de familiares de fusilados se fueron organizando para tratar de recuperar los cadáveres de sus familiares, enterrados en cunetas y campos. Se calcula que existen más de 1.800 fosas en pueblos y ciudades, y que albergarían a más de 100.000 desaparecidos. Nacieron así las distintas asociaciones por la recuperación de la memoria histórica.

El gobierno de Zapatero desplegó una política hacia este movimiento que se plasmó en la Ley de Memoria Histórica de 2006 con la que buscaba cubrir dos frentes. En primer lugar, cooptarlo y tratar de evitar una posible radicalización, en el sentido que reclamaran justicia y castigo a los criminales de la dictadura que aún permanecen vivos y disfrutan de más que cómodas posiciones en el aparato del Estado, los medios de comunicación o el mundo empresarial. En segundo lugar, trató de aprovechar la ocasión para blanquear la imagen de la actual democracia, vendiéndola como la heredera directa de la Segunda República, y camuflando las continuidades orgánicas con la dictadura.

La ley se limitaba a reconocer el derecho a recuperar los cuerpos, otorgaba una especie de certificados de honorabilidad a las víctimas de Franco y disponía la eliminación de símbolos franquistas del espacio público. Sin embargo, estas medidas hicieron poner el grito en el cielo a los herederos directos del franquismo. Jueces, fiscales, políticos y periodistas han boicoteado sistemáticamente su aplicación. Al día de hoy la mayoría de las fosas siguen tapadas y aún muchos símbolos franquistas están en pie (sobre todo en edificios eclesiásticos).

El proceso contra los responsables del golpe fascista de 1936

El movimiento de familiares fue descubriendo lo limitada de la Ley de Memoria Histórica y decidió iniciar el camino judicial. Interpusieron una demanda todavía simbólica (en cuanto que todos los acusados ya están muertos) contra los responsables militares del golpe de 1936, a fin de que se investigara el paradero de sus familiares. El Juez Baltasar Garzón aceptó la demanda.

A muchos les temblaron las piernas al ver a Franco acusado de crímenes contra la humanidad. Y es que se podía sentar un precedente pernicioso para el régimen y buena parte de sus fieles servidores. Se estaba poniendo en cuestión la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, a través de la cual las Cortes Pre-constituyentes habían hecho pasar el perdón e impunidad para todos los funcionarios de la dictadura que hubieran cometido atropellos contra los derechos humanos. Esto podía abrir paso a reivindicaciones de los familiares más similares a los de los desaparecidos de las dictaduras chilena y argentina.
Por ello el mismo Garzón decidió cerrar el proceso, dejando entonces tirados a los mismos familiares que hoy son los únicos que pueden “salvarlo”. Sin embargo, el ala más reaccionaria de la Judicatura iba a hacerle pagar su “irresponsabilidad”. Por medio de la Falange Española y otro grupo ultraderechista se interpuso una demanda por prevaricación a fin de llegar a destituirlo, que fue aceptada y se decidió sentarlo en el banquillo. Se abría así un caso repleto de irregularidades jurídicas, que lo que busca es sellar a cal y canto la impunidad de los crímenes de la dictadura.

El Régimen del ‘78 muestra su continuidad con la dictadura

El nacimiento del Régimen del ‘78 trató de desviar el importante ascenso obrero y popular que desde comienzos de los ‘70, y especialmente después de la muerte del dictador Franco, hizo quebrar a la vieja Dictadura. La potente lucha de clases, en especial de la clase obrera, obligó a muchos a “cambiar de chaqueta” para evitar una “ruptura”, que podía haberse llevado por delante a la dictadura y a la misma dominación económica, política y social de la clase que hasta entonces la había sostenido y se había beneficiado de ella, la burguesía. En todo esto las direcciones obreras mayoritarias, tanto el PSOE (Partido Socialista Obrero Español, hoy en el gobierno) como el PCE (Partido Comunista de España), así como sus brazos sindicales, contribuyeron decisivamente con la firma de los Pactos de la Moncloa (donde se pactó el ajuste draconiano sobre los trabajadores para salir de la crisis del ‘73) y la aceptación de la Corona y la Constitución maniatada.

El resultado de aquel desvío fue un régimen en el que se integraría a los dirigentes tradicionales de la clase obrera como “patas izquierdas”, y a la vez mantendría en sus puestos a todos los cuadros de la dictadura, que pasaban ahora a servir al nuevo régimen. Una democracia mutilada, con un Rey como Jefe del Estado y el Ejército, con atribuciones bonapartistas para situaciones de crisis, electo como sucesor de Franco por la dictadura, sin el reconocimiento del derecho de autodeterminación para las distintas nacionalidades, y con una firme “Ley del punto final”, la de Amnistía del ‘77, que garantizaba que los torturadores, asesinos, represores y sus cómplices, pudieran permanecer activos disfrutando de lo conseguido gracias a 40 años de Dictadura.

Contra la impunidad. Abajo la Ley de Amnistía de 1977 ¡Abajo la monarquía y la reaccionaria Constitución de 1978, heredera del franquismo!

La actual situación plantea la posibilidad de levantar un movimiento democrático contra la impunidad y por el juicio y castigo a los criminales vivos de la dictadura. Para los marxistas revolucionarios de Clase contra Clase, se debe impulsar con total independencia de las alas del régimen que se presentan como progresistas, que, como intenta hacer el PSOE, tratarán de utilizarlo como balón de oxígeno electoral, o conducirlo hacia salidas meramente simbólicas que no cuestionen los orígenes del régimen. Las organizaciones de familiares de asesinados y represaliados, de derechos humanos, obreras y los grupos de izquierdas debemos poner en marcha un fuerte movimiento contra los baluartes de la continuidad del Franquismo, empezando por la reaccionaria Ley de Amnistía de 1977, la Judicatura y las Fuerzas Represivas.

¡Por la disolución de todos los Cuerpos Represivos! ¡Por la disolución de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, nidos de la vieja y la nueva casta judicial reaccionaria! ¡Abajo la Ley de Amnistía que consagró la eterna impunidad total de la dictadura y de sus crímenes!

Contra el “olvido” de la Transición, luchamos por la creación de Comisiones Independientes de Investigación, con historiadores, familiares de desaparecidos y represaliados y organizaciones obreras, que juzguen a los asesinos y torturadores que permanecen vivos.

Este programa democrático elemental no va a ser realizado por ningún gobierno del PSOE ni del PP, partidos que defienden y son hijos de la reaccionaria Constitución de 1978. Liquidar la monarquía y el Régimen heredero del Franquismo es tarea de los que lo padecemos, los trabajadores y sectores populares, en una lucha revolucionaria por imponer un Gobierno de los trabajadores y el pueblo, que son los únicos que pueden dar respuesta a estas importantes cuestiones democráticas irresueltas, así como a otros graves problemas como el paro, la vivienda y la miseria creciente. En este sentido, debemos empezar a recuperar las lecciones revolucionarias de nuestra clase a nivel internacional y nacional, empezando por la combatividad de los ‘70 que abrió una crisis a la Dictadura, hasta el espíritu revolucionario de los años ‘30 que intentó “tomar el cielo por asalto”.


Baltasar Garzón: Juez y parte

El actual proceso contra Garzón, sumado a su participación en los procesos contra Pinochet y los responsables de la dictadura argentina, le han creado una imagen de defensor de los derechos humanos, que además es cultivada por buena parte del movimiento democrático y de derechos humanos, que olvida el currículo completo del magistrado.

Garzón es el juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, tribunal heredero directo del Tribunal de Orden Público de la Dictadura, cuya arbitrariedad ha sido denunciada por el propio Relator de la ONU Martin Scheinin. Nunca ha investigado las torturas denunciadas en su Juzgado, desde donde, sin embargo, ha dictado sentencias como la ilegalización de Batasuna (el principal partido de la izquierda nacionalista vasca), el cierre del periodico de izquierdas vasco Egin, prohibido reuniones y manifestaciones y detenido activistas políticos.

Como vemos, el procesamiento de Baltasar Garzón no se debe a su supuesta radicalidad sino que expresa la podredumbre del régimen heredero de la dictadura franquista, del que este juez, hay que decirlo, también es parte.


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