La Iglesia católica se caracteriza como una institución de relevante influencia y peso en la vida política durante todo el quehacer de la historia nacional. Durante las últimas semanas, el cardenal Jorge Bergoglio y las máximas jerarquías eclesiásticas mantuvieron una serie de chisporroteos con el gobierno de Kirchner. Bergoglio y la curia acusaron a Kirchner de promover un proyecto “autoritario y hegemónico” que pone en riesgo “el funcionamiento de las instituciones democráticas” en vigor volviéndolas extremadamente vulnerables.
El interés de la Iglesia por la democracia es un cuento absurdo y poco convincente. La Iglesia estuvo plenamente implicada en las atrocidades más bárbaras de la dictadura militar y sólo hace poco más de dos semanas, Bergoglio y las autoridades del Episcopado enviaron un mensaje de adhesión a los convocantes del acto derechista en Plaza San Martín donde se hizo apología del terrorismo de Estado y se exigió una amnistía para todos los genocidas. A tono con estos hechos, la misiva de Bergoglio bregaba por una “reconciliación nacional” que superara de una vez por todas los “viejos revanchismos”1.
Diversos periodistas, como Horacio Verbitsky, adjudican la tensión de la Iglesia contra el gobierno a la proximidad del juicio a Christian Von Wernich, ex capellán de la policía bonaerense y amigo personal de Etchecolatz y Ramón Camps, y a la propia “biografía” de Bergoglio2. El cardenal porteño arrastra acusaciones por sus vínculos con el ex almirante Massera y por su responsabilidad en el secuestro de dos religiosos3. Sin duda, estos elementos inciden en las determinaciones resueltas por la Iglesia. Sin embargo, las autoridades de la curia tienen plena certeza que el gobierno no amenaza su existencia: Kirchner y Cristina se comprometieron a no apoyar la legalización del aborto y desde la Secretaría de Culto redoblaron los subsidios a los colegios católicos y a los programas de asistencia social de Caritas.
La “confrontación” de la Iglesia con Kirchner obedece a objetivos más estratégicos. Si bien la burguesía como clase de conjunto está satisfecha con el gobierno por la multiplicación sideral de sus ganancias, a la vez se muestra irritada por la “prepotencia” de algunos funcionarios como el Secretario de Comercio Guillermo Moreno que pusieron un límite relativo al aumento de los precios, más allá de que éste se apoye sobre el cepo al aumento de salarios. Del mismo modo, la burguesía se muestra preocupada porque el discurso demagógico de Kirchner genera ilusiones que pueden alentar la entrada del movimiento de masas al centro de la escena mediante movilizaciones en las calles. Kirchner se ve obligado a hacer “gestos” y demagogia porque las jornadas de diciembre de 2001 produjeron un punto de inflexión en la relación de fuerzas entre las clases y desataron una aguda crisis en los partidos políticos patronales. Esta “crisis de representación” constituye una dificultad objetiva para que las clases dominantes ejerzan su dominio encauzando las expectativas de las masas mediante las instituciones del régimen político. En este sentido, el juicio por genocidio a Etchecolatz y la desaparición de Julio López son elementos que encierran potencialmente la capacidad para generar un movimiento democrático de miles en las calles que desafíen hasta al propio gobierno en pos de imponer sus legítimas demandas de justicia. Por eso Bergoglio, con agudo instinto de clase, advierte la necesidad de “superar las divisiones” que ponen “en tela de juicio el bien común”4. La emergencia de la Iglesia, una de las instituciones más sólidas del régimen, se propone suplir la debilidad de los partidos “opositores” para fortalecerlos bajo su “aura” como vehículos de contención. Así la Iglesia, como institución leal a la burguesía, se lanza al salvataje del régimen intentando construir una oposición que canalice de forma institucional los corrimientos de masas que puedan radicalizarse. Las próximas elecciones a convencionales constituyentes en la provincia de Misiones constituyen una prueba cabal, donde Bergoglio y la Iglesia apuestan mediante la figura del obispo Joaquín Piña a consolidar un frente opositor compuesto por sectores menemistas como el ex gobernador Ramón Puerta hasta sectores de la centroizquierda, a partir de la “defensa de las instituciones democráticas” y el “bien común”. Los trabajadores no podemos depositar ninguna expectativa en las trampas políticas que nos deparan la Iglesia y sus aliados. Es necesario romper con estas instituciones y luchar por una política independiente del Estado y los partidos patronales.
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1 Ver LVO 208
2 Horacio Verbitsky. Vaticanadas. Página/12, 15/10/06.
3 Acusaciones formuladas por Emilio Mignone y ratificadas por Horacio Verbitsky en sus libros El Silencio, Doble juego y La Argentina católica y militar.
4 ¿Sacerdotes en política? Clarín, 4/10/06.