“Los ambientalistas ‘moderados’ de Gualeguaychú lograron imponerse a los ‘radicales’ luego de convencer al 75% de los asambleístas de que esa era la mejor estrategia para resolver el conflicto por las papeleras.” Así graficó el diario La República de Uruguay el debate de la asamblea de 5.000 personas que resolvió suspender el bloqueo al puente que une Argentina con Uruguay, a condición de que una negociación paralice la construcción de las papeleras Botnia y Ence. Lo que no dice La República, es que la discusión se dio en medio de denuncias de que habían “infiltrados” del gobierno que presionaron para levantar. Como dijo un activista: “Nosotros somos los que estuvimos en la ruta, la gente que votó se va” (Diario ABC1, 21/03/2006). Es que, como denunciamos en LVO, desde el gobierno nacional y provincial hicieron un fino trabajo de monitoreo sobre la asamblea y enviaron a sus “agentes” para dividirla y levantar todo. Por ello la desconfianza de los asambleístas de Colón, intentaron seguir con el corte.
La suspensión de las medidas es un acuerdo frágil, ya que un sector de los asambleístas no se come el verso del gobierno y la propia negociación es una farsa. Por un lado, Tabaré Vázquez reafirmó en estos días que si la construcción se detiene “será por voluntad de Botnia y Ence”, dejando nuevamente claro que el Estado uruguayo está arrodillado ante las multinacionales. La única carta que tienen por jugar Kirchner y Tabaré es hacer un nuevo estudio de “impacto ambiental” que rediscuta los puntos técnicos más importantes (el sistema de blanqueo, el olor, el impacto sobre el agua y los organismos de control y monitoreo). Pero, justamente la actual protesta recrudeció después de que una comisión bi-nacional de técnicos terminara en fracaso porque los especialistas argentinos certificaron que las papeleras son altamente contaminantes. Por ello no se puede depositar confianza en un nuevo informe “técnico” que será negociado políticamente entre las empresas y los gobiernos para instalar las plantas.

¿Es posible la lucha común de argentinos y uruguayos?

El jueves 16 de marzo, 6.000 uruguayos marcharon en Fray Bentos encabezadas por los obreros de la construcción que trabajan en las plantas, bajo la consigna “en defensa del trabajo, el Uruguay productivo y la soberanía nacional”. La movilización, inicialmente planificada por el Sunca (Sindicato de la Construcción) y con la venia de las empresas, terminó en una manifestación por la instalación de las papeleras a la que fueron el intendente, los empresarios, los comerciantes y pobladores. Entre los carteles de la marcha, sobresalía uno: “Gualeguaychú: ayuden a controlar pero dejen trabajar”. Para los trabajadores de Fray Bentos, las papeleras son un alivio inmediato al desempleo. Pero esto es manipulado para poner a los trabajadores detrás de los empresarios y contra los intereses de toda la población, incluidos claro está los propios trabajadores, que sufrirán la contaminación ambiental. Esto se da gracias a la dirección del sindicato y su política corporativa, que termina siendo abiertamente reaccionaria y enfrentada a los cortes y las asambleas argentinas. La dirección del Sunca llegó a decir que incluso podrían tomar las plantas. Los obreros tendrían que ocupar las plantas, sí, pero para impedir su construcción en manos de las multinacionales imperialistas y exigir un plan de obras públicas bajo control obrero que garantice el trabajo para todos. Es decir, dirigir su lucha contra el gobierno de Tabaré que entrega por migajas los recursos del país, como ya lo están enfrentando sectores de los trabajadores y el pueblo de Uruguay que se oponen a las papeleras.
Por su parte, los asambleístas argentinos, influenciados por profesionales liberales y con peso de pequeños productores y empresarios de la zona, han mostrado hasta ahora desinterés por los trabajadores uruguayos. Para lograr la unidad, las asambleas de Gualeguaychú y Colón deben diferenciarse de las multinacionales que han dicho que no se harán cargo “de las implicancias que reportarían detener las obras”, es decir de los despidos, y exigir que las empresas y el gobierno uruguayo que garanticen los 1600 puestos de trabajo y los salarios en un plan de obras públicas. Sobre esta base podrá sellarse un programa de lucha común y una asamblea binacional unificada de los trabajadores y pobladores de ambas orillas del río Uruguay, en la perspectiva de la nacionalización de las multinacionales papeleras y sus activos forestales para encarar un plan de industrialización racional y no contaminante.