El 10 de octubre el gobierno de Bush obtuvo de un juez federal de San Francisco la autorización para aplicar la antiobrera ley Taft-Hartley1 contra los trabajadores portuarios de la costa oeste norteamericana agrupados en el sindicato ILWU (International Longshore and Warehouse Union)2. Esta ley prohibe toda acción sindical –huelgas, trabajo a reglamento, acciones de solidaridad por parte de otros sindicatos- y obliga a los trabajadores a retornar a sus puestos de trabajo bajo las normas que impone la patronal por un período de 80 días. Con esta medida ultrarreaccionaria, alentada por la patronal norteamericana, Bush pretende ponerle fin a un conflicto que se extendió durante meses y que dañó seriamente los negocios de grandes firmas, llegando a tener repercusiones en la bolsa de Wall Street. A la vez muestra su decisión de enfrentar con todo el peso del estado a los trabajadores que resistan la ofensiva patronal y cuestionen la “unidad nacional” que pretende ganar para ir a la guerra contra Irak.
El 1 de julio caducó el contrato de los 10.500 trabajadores de los 29 puertos de la costa oeste norteamericana. La patronal, agrupada en la Pacific Maritime Association pretendía modificar las condiciones de trabajo, introducir nuevas tecnología que amenazaban 1.000 puestos de empleo, reducir los beneficios en salud y los pagos por retiro, y sobre todo dar un golpe certero al poderoso sindicato portuario.
La dirección del ILWU intentó desde un principio evitar una confrontación abierta con la PMA, no hizo ningún llamado a la huelga e incluso había acordado la pérdida de puestos de trabajo, exigiendo a cambio que los nuevos trabajadores tercerizados sean parte del sindicato. Con los primeros piquetes y movilizaciones de varios miles de portuarios, el gobierno de Bush ya a fines de agosto había advertido al sindicato que usaría su arsenal de leyes antiobreras en caso de que comenzara una huelga, e incluso el envío de militares a los puertos para actuar como rompehuelgas.
El conflicto fue escalando hasta que el 27 de septiembre la patronal lanza por primera vez un lock out por 36 hs y que se hace permanente desde el 29 de septiembre, acusando al sindicato de haber incitado al “trabajo a reglamento”. Con esta acción ofensiva la PMA buscaba la intervención del gobierno de Bush contra los trabajadores.
Desde hace meses la patronal portuaria, el gobierno de Bush y las grandes corporaciones norteamericanas que dependen del trabajo en los puertos para las importaciones de sus insumos y la venta de sus productos como Wal Mart, Toyota, GM, GAP y Panasonic entre otras, habían constituído una coalición autodenominada West Coast Waterfront Coalition para darle un golpe ejemplar al sindicato portuario.
Desde Wall Street hasta compañías de agrobusiness, que veían amontonarse las toneladas de productos en los containers de los puertos de San Diego a Seattle sin poder ser comercializados, la patronal norteamericana y el gobierno de Bush, alegando el “patriotismo en tiempos de guerra” y que los trabajadores ponían en peligro la “seguridad nacional”, lanzaron una ofensiva que prentende sentar un precedente contra el conjunto de la clase obrera norteamericana.
Los atentados del 11 de septiembre sirvieron de excusa para despedir a decenas de miles de trabajadores. Las quiebras por fraude corporativo dejaron sin trabajo a otros miles. En los dos últimos años se han perdido 2 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos. La burocracia sindical de la AFL-CIO, escudada en el patriotismo y la “unidad nacional” ha dejado pasar los despidos sin ofrecer ninguna resistencia.
El conflicto de los trabajadores portuarios es el primero de gran magnitud y por lo tanto constituye una primera prueba de resistencia para el conjunto de la clase obrera norteamericana, que tiene planteado ahora derrotar la ofensiva antiobrera y antisindical. Junto con las movilizaciones contra la amenaza de guerra en Irak de decenas de miles que se realizaron el 6 de octubre en distintas ciudades norteamericanas son las primeras manifestaciones de lo que puede transformarse en un enfrentamiento importante al gobierno de Bush.
1 La ley Taft-Hartley fue votada en 1947 para actuar contra huelgas y acciones obreras, originalmente incluía también la declaración de los miembros de los sindicatos de que no formaban parte del Partido Comunista. La última vez que se aplicó contra el ILWU fue durante la huelga portuaria bajo el gobierno de Nixon en 1971, los trabajadores volvieron a la huelga después del período de 80 días. El último que aplicó esta ley fue Carter en 1978 para quebrar la huelga de 160.000 mineros que duró 110 días. En esa oportunidad los trabajadores no acataron la orden judicial y continuaron la huelga.
2 El ILWU nació como un sindicato combativo en 1934 en el curso de la gran huelga general de San Francisco por el asesinato de dos portuarios huelguistas. Rompió con la AFL en 1937 y fue expulsado de la CIO en 1950 por tener miembros del Partido Comunista. Se opuso a la guerra de Vietnam. Se reincorporó a la AFL-CIO en 1988. Aunque la actual dirección no conserva estas tradiciones combativas, el ILWU sigue siendo un sindicato muy importante y ha paralizado los puertos en solidaridad con las movilizaciones de Seattle contra la OMC en 1999 y en otra oportunidad por la libertad del periodista negro Mumia Abu Jamal condenado a muerte.